Un servicio gratuito orientará a los dependientes para pedir las ayudas

Las personas con derecho a recibir las ayudas de la ley de Dependencia cuentan desde ayer con un servicio gratuito de orientación jurídica puesto en marcha y sostenido económicamente por el Colegio de Abogados de Valencia. El objetivo, explicó Francisco Real, decano del colegio, es "dar respuesta a la legítima reivindicación de un numeroso colectivo en nuestra comunidad, uno de los que más protección precisa de las Administraciones públicas". El servicio proporcionará información y asesoría a las personas potencialmente beneficiarias de las ayudas y también a sus familiares y cuidadores.

El consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que asistió a la presentación porque el servicio está ubicado en un espacio cedido por la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, en la Ciudad de la Justicia, declaró: "En una materia tan sensible como la dependencia es importante colaborar todo lo posible con los familiares para agilizar al máximo la tramitación de los expedientes".

Es una iniciativa del Colegio de Abogados de Valencia

El coordinador de las Plataformas Valencianas en Defensa de la Ley de Dependencia, Jaime Esteban, se preguntó retóricamente al respecto si "no se les caerá la cara de vergüenza". El enfado de Esteban con el Consell se basaba en la confusión entre la labor de asesoría que facilitará sin cargo el nuevo servicio del colegio y la velocidad en la resolución de los expedientes, que depende de la Generalitat: "La nueva oficina no va a agilizar los trámites, sino a informar a los usuarios sobre lo que tienen que hacer. La agilización de los expedientes depende de la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia y por tanto de la voluntad política".

Y esa voluntad es, en opinión del coordinador, débil con los datos sobre la mesa. A 1 de enero, en números redondos, 65.000 valencianos habían superado los trámites fundamentales para empezar a percibir la ayuda. Pero 28.000 de ellos, un 43% del total, no recibían ni la prestación ni los servicios a los que tenían derecho porque en su expediente faltaba la firma del secretario autonómico Joaquín Martínez, afirmó Esteban.

El 43% de dependientes desatendidos sitúa a la valenciana como la segunda autonomía más incumplidora por detrás de Canarias, donde el retraso alcanza al 58,5% del total. La media en España ronda el 25%, según la última información disponible en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Las plataformas en defensa de la ley de Dependencia celebraron, con todo, el paso dado por el Colegio de Abogados, que contribuirá al ejercicio de los derechos.

El colegio destinará al servicio a 10 abogados, seleccionados por su formación y experiencia en la materia. La oficina atenderá al público los martes y los jueves de 9.00 a 14.00. "La abogacía no puede permanecer impasible ante la posible vulneración de derechos de estas personas", afirmó el decano Francisco Real, "siempre hemos mostrado nuestra inquietud por defender a los colectivos más desprotegidos", como en el caso de los turnos especializados de menores, extranjería y violencia doméstica y el servicio de orientación a inmigrantes. Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, también ofreció, desde sus competencias, su colaboración al nuevo servicio.