La juez prepara una segunda fase contra la trama de corrupción en la Vega Baja

La investigación judicial desencadenada por un presunto soborno, recogido en una grabación, por la contrata de la basura de Orihuela tendrá una segunda fase para esclarecer una trama de corrupción política y empresarial en la comarca de La Vega Baja. La primera consecuencia de la operación ha sido el encarcelamiento del industrial afín al PP Ángel Fenoll, por supuesta extorsión. Fuentes del caso han asegurado que la juez, la magistrada Nuria Soler, está a la espera de conocer el contenido de las decenas de grabaciones requisadas al empresario para ordenar nuevas diligencias.

El industrial guardaba decenas de cintas con conversaciones con políticos y empresarios

"El caso [la investigación del soborno de la basura] sigue bajo secreto sumarial", señalaron ayer fuentes próximas a la investigación. "Pero habrá una segunda operación, en cuanto se conozca el contenido de las grabaciones incautadas al empresario", añadieron.

Las grabaciones de conversaciones comprometidas entre Fenoll y políticos y empresarios (en decenas de cintas) están en poder de la brigada de la policía judicial de delitos monetarios de Alicante. Esta unidad fue la encargada justo hace hoy una semana de ejecutar los arrestos de Fenoll y otras cinco personas, la mayoría familiares, vinculadas a su grupo empresarial. En paralelo a las detenciones, los agentes se incautaron de diverso material informático en las oficinas de la empresa matriz de Fenoll, la firma Colsur.

La investigación judicial, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, la dirige la magistrada Nuria Soler, titular del Juzgado número 3 de Orihuela. El representante de ese destacamento del ministerio público, Felipe Briones, apreció presuntos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en una conversación grabada entre el industrial Fenoll y el portavoz del Centro Liberal en el Ayuntamiento de Orihuela, Jesús Ferrández.

En la cinta el político revela al empresario un supuesto intento de soborno de una de las empresas aspirantes a la contrata de la basura de Orihuela, la mercantil Urbaser. Ferrández comenta en la cinta que los intermediarios de los supuestos pagos ilegales por la adjudicación son el Papeles, alías del empresario José Antonio Rodríguez Belmonte, dueño de la promotora San Antonio, y su abogado, el urbanista José Vicente Escudero. No obstante, la grabación también recoge alusiones al plan zonal de residuos sólidos para la comarca de La Vega Baja, proyecto dependiente de la Diputación de Alicante. El concejal refiere al industrial que lo que verdaderamente "interesa" a Urbaser es el plan zonal.

La Diputación de Alicante ha mantenido congelado el proyecto para la adjudicación del plan zonal de residuos de la zona XVII (Vega Baja) hasta enero de este año. En esa fecha, la corporación provincial reactivó el proceso de adjudicación después de la presentación, antes de que se abriera el plazo oficial, de una oferta a cargo de la mercantil Apple Advance, SA, empresa con sede en la localidad valenciana de Paterna. Sin embargo, esta firma retiró su oferta, según refleja el contenido de la primera y hasta ahora última reunión de la mesa de contratación del consorcio de residuos de la zona de La Vega Baja, celebrada el pasado 13 de marzo.

En la reunión de ese órgano sólo se analizaron cinco ofertas correspondientes a otros tantos grupos empresariales. Los grupos que han presentado ofertas son las uniones temporales de empresas (UTE) integradas por Sufi, SA, Cyes y Proambiente (esta última firma es propiedad del empresario ahora encarcelado Ángel Fenoll); Cespa, Gestión de Residuos, y Enrique Ortiz e Hijos, Contratistas de Obras; SAV, Secopsa y Abogarse; Acciona Servicios Urbanos, Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras, Ecisa Concesiones y Servicios; y finalmente Urbaser, Constructora Hormigones Martínez y Transferic Levante.

La mesa de contratación para la adjudicación del proyecto quedó constituida de la siguiente forma: presidente, José Joaquín Ripoll; suplente, Juan Molina Beneito, representante de la Diputación en el consorcio del plan zonal; vocal primero, Luis Vicente Mateo, representante del Ayuntamiento de Benferri, suplente; Carmelo Rives Fulleda, representante del Ayuntamiento de Cox. Todos pertenecen al PP, salvo el representante de Benferri, que representa al PSPV.

Aparte del supuesto soborno por la basura y una supuesta extorsión de Fenoll por hacerse con la contrata del plan zonal, la investigación judicial también investiga, a tenor de las preguntas formuladas a los seis arrestados en la primera parte de la operación, posibles ayudas del empresario para la campaña de los partidos políticos de Orihuela.

Además, de Fenoll, la juez encarceló a su número dos, Javier Bru, a su vez, concejal electo del PP en Albatera, y a su hijo, Antonio Ángel Fenoll. Los otros tres detenidos quedaron en libertad bajo fianza.