El juez levanta la suspensión cautelar de derribo de 6 casas en El Cabanyal

El juez levantó ayer la suspensión cautelar de los últimos derribos ordenados por el Ayuntamiento de Valencia y dejó a los vecinos de la zona afectada por el Plan Especial de El Cabanyal-Canyamelar con la moral por los suelos. El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valencia, a petición de los socialistas, congeló de forma cautelar las licencias de derribo de seis inmuebles de este barrio aprobadas por el gobierno de Rita Barberá el 15 de diciembre.

El magistrado, que el lunes dio luz verde a la suspensión cautelar de las demoliciones, la levantó ayer al considerar que los inmuebles citados no están en zona protegida. El juez no entró en el fondo de la cuestión en litigio: la declaración de expolio dictada por el Ministerio de Cultura hace sólo unos días, atendiendo a una sentencia del Tribunal Supremo. El ministerio que dirige Ángeles González-Sinde entendió que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de decenas de edificaciones de El Cabanyal es un expolio del patrimonio cultural valenciano. El Consell replicó con un decreto ley que anula la protección especial del barrio y da vía libre al Plan Especial puesto en marcha por la alcaldesa en 1999.

Los vecinos y Salvem saldrán a la calle el día 31 en defensa del barrio

Desde el equipo de gobierno, el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, insistió: "Nos asiste la razón, el derecho y lo que desean los vecinos". El edil socialista Vicente González Móstoles agregó que estudiarán nuevas medidas para defender El Cabanyal y los vecinos consideran la decisión judicial "inaudita".

La sala admitió los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno local. Así, el juez acepta que las cuatro licencias de derribo afectan a seis inmuebles -situados entre las calles de San Pedro y Luis Despuig- que carecen de protección, es decir no están en el ámbito de la zona catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) ni "pueden considerarse Bien de Relevancia Local (BRL) como argumentaron los socialistas en el recurso registrado el pasado lunes.

Los socialistas, promotores del recurso, mostraron su respeto por el auto judicial y anunciaron que estudiarán nuevas medidas en defensa del barrio. El concejal Vicente González Móstoles recordó que la orden del Ministerio de Cultura que protege todo el barrio sigue en vigor. "La demolición de estos seis inmuebles supondría un expolio para el patrimonio", destacó el concejal, quien pidió una solución dialogada con los vecinos que deje atrás casi una década de enfrentamiento.

"Lamento que la actitud del Grupo Socialista le lleve a este empecinamiento continuo", sentenció el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, quien como ya hiciera la alcaldesa estos días, manifestó que el consistorio seguirá adelante con el Plan Especial del Cabanyal. Rafael Blasco, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, felicitó a Barberá y destacó la labor del Gobierno valenciano "que ha sabido defender el proyecto de autogobierno".

Al otro lado, la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar calificó la resolución judicial de "mala noticia" y recordó que algunas de las casas sobre las que el consistorio quiere demoler no son todavía suyas. De momento, el consistorio ya ha citado a los propietarios de estos inmuebles a que entreguen las llaves de sus casas como paso previo a la expropiación. Los vecinos lamentan que el magistrado ignore la orden ministerial que protege todo el barrio e insisten en que estas viviendas y bajos están dentro del Conjunto Histórico Protegido del Cabanyal, que comprende, según los planos municipales, las calles entre Serrería y Doctor Lluch. "Que nos borre de esa lista de vecinos a los que dice defender", sugirieron los vecinos a la alcaldesa Barberá.

"Mientras se decide si el Ayuntamiento tiene derecho o no a derribar estas casas, estos vecinos se verán privados de sus casas y todo ello a un precio de saldo, la tercera parte de su valor de mercado", denunciaron. Por ello urgieron al Gobierno español a que presente su recurso al Tribunal Constitucional por conflicto de competencias.

El litigio saldrá a la calle el próximo día 31, fecha en la que la plataforma Salvem El Cabanyal y las asociaciones de vecinos del Cabanyal-Canyamelar y Pavimar, han convocado una manifestación en defensa del barrio. Compromís se adherirá.

En Madrid, la comisión de seguimiento de normas legales de las comunidades autónomas, que depende del vicepresidente Manuel Chaves, analizó ayer el decreto ley aprobado por el Gobierno valenciano que anuló la protección patrimonial del barrio para eludir la orden del Ministerio de Cultura.