El exgerente de Emarsa implica al alcalde de Manises: "Lo sabía todo"

El exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Benimàmet con el PP, Esteban Cuesta, declaró ayer ante el juez que investiga el supuesto saqueo de la empresa pública, dedicada a la depuración del agua del área metropolitana de Valencia. En el caso Emarsa están imputados, además de Cuesta, otros dos directivos de la sociedad así como seis empresarios que presuntamente cobraron decenas de millones de euros por servicios que en realidad nunca prestaron y por suministros que no llegaron a entregar. Cuesta, según fuentes conocedoras de su declaración, afirmó ante el juez que Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, del PP, "tenía conocimiento de todos los contratos" ahora investigados.

Según las facturas, un obrero habría trabajado todo un mes 21 horas al día

Cuesta aseguró que se reunía una media de seis veces al mes con Crespo y que en esos encuentros le mantenía al tanto de los contratos. En ocasiones, afirmó el exgerente, era el propio alcalde de Manises quien le instaba a pagar a las empresas ahora bajo sospecha cuando se producían retrasos. Los empresarios, precisó Cuesta, se quejaban a Crespo y a continuación este le daba al exgerente la orden de que les pagara.

No solo eso. Según Cuesta, fue el mismo alcalde de Manises el que le dio indicaciones para contratar con una de las empresas investigadas, Viajes Benimàmet. Crespo acusó a Cuesta de faltar a la verdad y dijo que su declaración no le sorprendía.

Viajes Benimàmet facturó a Emarsa 300.000 euros entre 2006 y 2010. Algunas facturas revelan lo que parece un poco elaborado sistema de estafa. En 2009 la firma cobró a Emarsa exactamente por los mismos supuestos viajes que ya le había cobrado en 2005: el 7º Congreso de Calidad, la 1ª Cumbre de Excelencia... El exgerente no pudo, según las fuentes consultadas, dar una explicación coherente. Ni tampoco de cómo fue posible que en solo seis meses Emarsa comprara 174 teclados de ordenador cuando solo tenía 30 puestos de trabajo informatizados.Las empresas de informática Microprocesadores Valencia y Sofitec suministraron igualmente a Emarsa, entre enero y julio de 2010, 149 ratones de ordenador, 141 licencias antivirus, 140 placas base, 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros internos y 49 discos duros externos. El administrador de ambas empresas, que facturaron 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas) a la empresa pública en los seis años en que estuvo gestionada por Cuesta y presidida por Crespo, es Sebastián García Martínez, imputado en el caso.

En una muestra del aparente descontrol en el que se hundió Emarsa, Sebastián García Martínez actuaba al mismo tiempo como jefe del departamento de informática de la sociedad pública. Era el encargado, entre otras cosas, de verificar que el material pagado efectivamente llegaba a las instalaciones de Emarsa, según declaró ayer Cuesta ante el juez.

El exgerente reconoció que la situación era "extraña" porque Sebastián García Martínez figuraba en la web de Emarsa como jefe de informática, y actuaba como tal, pero no llegó a estar en nómina de la sociedad.

Cuesta reconoció también que durante dos años, de 2004 a 2006, estuvo cobrando al mismo tiempo como alcalde pedáneo de Benimàmet, cargo en el que le nombró la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a pesar de que su contrato como gerente de Emarsa le exigía exclusividad. Cuesta afirmó que fue él quien solicitó cesar como alcalde pedáneo en una carta remitida a Barberá.

Una hermana de Sebastián García Martínez, María Paz, también imputada, administraba otras dos empresas de mantenimiento y reformas que facturaron 4,2 millones de euros a Emarsa. El juez interrogó al exgerente sobre la sorprendente circunstancia de que buena parte de los trabajos que ambas firmas cobraron figuran como realizados en edificios y maquinaria que nunca han existido. Y por el hecho de que una de las empresas cobró en enero de 2010 910 horas de mano de obra. El problema es que según la investigación el trabajo fue realizado por solo dos empleados. De modo que, descontados los días festivos, los dos obreros tendrían que haber trabajado ese mes unas 21 horas al día para que las cuentas cuadrasen.

El juez continuará el lunes interrogando al exgerente de la sociedad pública.