La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos

La desconfianza ha terminado por instalarse en el seno del PP tras los últimos escándalos relacionados con el Gobierno valenciano que preside Francisco Camps. La publicación en EL PAÍS de que el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó obras a la constructora de José Miguel Taroncher, un amigo íntimo suyo con quien comparte la afición por el parany (un arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2005) en una finca comprada a medias por las esposas de ambos, ha terminado por dinamitar las complicidades en el seno del Gobierno valenciano. El escándalo del parany y las contrataciones realizadas por Castellano se suma a la incertidumbre del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre la trama corrupta relacionada con personas del PP.

En el partido existe la convicción de que la información ha salido de dentro

Rambla comparece para hablar de la contratación a Orange Market

Al ambiente de tensa espera por conocer finalmente a qué personas aforadas en la Comunidad Valenciana se referirá el auto del juez Garzón se suma la perplejidad de distintos cargos populares ante la pasividad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El jefe del Consell ha optado por resguardarse y dejar que den la cara el vicepresidente primero, Vicente Rambla; la consejera de Turismo, Ángelica Such; y el secretario regional del PP, Ricardo Costa, en el complicado asunto de las contrataciones de la Generalitat con Orange Market, la principal organizadora de eventos del PP regional y que figura en la trama de empresas corruptas que investiga el juez Garzón.

Camps sólo se pronunció al respecto en la sesión de control de las Cortes Valencianas el pasado jueves a preguntas de la oposición. Situación que volverá a reproducirse hoy, aunque con un nuevo escándalo encima de la mesa, el del consejero de Gobernación, y con el hecho de que el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional ponga en evidencia la posición del presidente de la Generalitat.

Distintos cargos del PP coincidieron ayer en mostrar su convicción de que los escándalos han surgido del interior del propio partido. Situación que hace más impredecible la evolución de los acontecimientos y la capacidad de recuperar la iniciativa.La comparencia de Camps en la sesión de control de las Cortes Valencianas se produce hoy en un contexto diferente al de hace una semana. A la imputación de un muy alto cargo del Gobierno valenciano por parte del juez Baltasar Garzón se une el escándalo relacionado con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que tiene matices propios.

Por un lado, está la supuesta ilegalidad cometida por el consejero, que, en un terreno del que es copropietario, tiene un parany. Un instrumento de caza declarado ilegal, tanto por el Tribunal Superior de Justicia como por el Tribunal Supremo. Esta situación coloca a Castellano, obligado como consejero a defender la legalidad vigente, ante una situación difícilmente sostenible. Aunque fue el propio Camps el que la semana pasada abrió un espacio nuevo para la insumisión ante los tribunales al afirmar que, en contra de lo que señalan las sentencias judiciales, nunca aceptará homologar los títulos de valenciano y catalán. En este sentido, el Gobierno valenciano trabajaba ayer en la búsqueda de excepciones al tema del parany que permitan colocar una línea de defensa.

Por otro lado, Castellano vuelve a colocar el foco en la poca transparencia de la Generalitat a la hora de adjudicar contratos y cómo esta opacidad acaba por beneficiar a las amistades. "Lo ético es cumplir la legalidad", afirmó el pasado martes el consejero de Gobernación en referencia a la concesión de contratos a Construcciones Taroncher, empresa que dirige un amigo íntimo de Castellano. Una sentencia que resulta imposible de aplicar a la práctica del parany, pero tras la que el consejero se parapeta para justificar su decisión de beneficiar a uno de sus allegados.

De hecho, las contrataciones a amigos y familiares relacionados con miembros del Consell es una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza está dando al presidente de la Generalitat, que la semana pasada confesó que "nunca" pregunta por "expediente alguno".

Ayer mismo, el vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, tuvo que ver cómo los socialistas le interrogaban sobre las adjudicaciones a empresas participadas por su familia. La oposición también preguntó a la consejera de Cultura, Trinidad Miró, por la contratación de una cuñada de Camps.

Y hoy, el vicepresidente primero, Vicente Rambla, acudirá a petición propia a la comisión de Industria de las Cortes para dar cuenta de un contrato adjudicado a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, que montó la campaña electoral del jefe del Consell en 2007 cuando el propio Rambla era el responsable del PP regional.

Rambla explicará, previsiblemente, la contratación de Orange Market, a través de la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Promocional y Estratégica de la Comunidad Valenciana, de la cabalgata de la salida de la vuelta al mundo de veleros Volvo Ocean Race, desde Alicante, y por importe de 445.000 euros.

Aproximadamente a la misma hora está previsto que, en Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar interrogue a Cándido Herrero, consejero delegado de Orange Market.

La decisión de Garzón de concluir los interrogatorios a los 37 imputados en la Operación Gürtel puede prolongar la instrucción del sumario hasta el próximo 4 de marzo.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer al juez que se inhiba de la instrucción en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en "determinados hechos" en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que entre los imputados puede haber personas aforadas de los gobiernos o los Parlamentos autonómicos.

La prolongación de la instrucción del sumario es una dificultad añadida para Camps que no logra recuperar la iniciativa política.