Los dependientes acusan al Consell de haber empeorado la ley
Hay un "gran retraso" en la aplicación de las ayudas respecto a otras autonomías
Todas las normas que el Consell ha elaborado para aplicar la ley de Dependencia "no la han mejorado, sino que la han empeorado, y mucho". Y el borrador del decreto que prepara Bienestar Social sigue el mismo camino: "no mejora el procedimiento, sino todo lo contrario".
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia aprovechó ayer el inminente tercer aniversario de la puesta en marcha de esta medida -que se cumplirá en enero- para mirar atrás. Y la conclusión que saca esta entidad difícilmente puede ser más negativa: los dependientes "están peor que hace tres años" y existe un "gran retraso" en la aplicación de esta medida que se traduce en la "discriminación" que sufren los beneficiarios de la Comunidad Valenciana.
El coordinador de la plataforma, Jaime García, explicó que esta valoración no sólo se basa en la percepción de las asociaciones, que están en contacto con los dependientes y sus familias, sino también en datos objetivos. Así, recordó que tanto la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales como el Ministerio de Sanidad y Política Social sitúan a la Comunidad Valenciana en la cola de la clasificación autonómica en cuanto a aplicación de la norma.
Pero, además, puso diversos ejemplos para ilustrar esta situación. "Al Consell se le han acabado los recursos económicos para aplicar la ley, por lo que a los dependientes a quienes se reconocieron las ayudas antes de verano se les remite a 2010 para cobrar", indicó García. Han muerto "cerca de 13.000 personas" esperando las ayudas o las "innumerables solicitudes presentadas en el año 2007 sin respuesta", apuntó Palmira Castellano, presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores.
Las dos plataformas aprovecharon el acto de ayer para anunciar para el próximo sábado una marcha naranja de protesta en Valencia, Castellón y Alicante para reclamar la aplicación de la Dependencia.
Estas manifestaciones coinciden con la ronda de contactos que mantiene Bienestar Social con entidades que representan a dependientes, como Cocemfe o Cermi, para perfilar la normativa destinada a agilizar la tramitación de ayudas. "Cualquier propuesta que sirva para mejorar el decreto será acogida con agrado", indicaron fuentes del departamento.
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