El consejero de Economía, implicado en el 'caso Brugal'

El consejero de Economía, Gerardo Camps, está implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja), según recoge uno de los informes policiales del sumario. Además, las diligencias también incluyen supuestas irregularidades en seis supuestos relacionados con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Carlos San Martín, instructor del caso Brugal, entregó ayer a las partes copia en formato DVD de las diligencias judiciales del sumario. El soporte digital incluye unas 18.000 páginas.

La implicación del consejero de Economía, Gerardo Camps, en el caso Brugal, según el informe policial al que ha tenido acceso este periódico, está relacionada con la adjudicación del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicación del mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones al Hércules CF. En estos hechos, junto al consejero de Economía, el informe incluye al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y a Miguel Ángel Fuster, piloto de rallyes y amigo de Gerardo Camps.

El imputado más destacado del 'caso Brugal' es el líder del PP de Alicante

En el PGOU de Alicante apunta siete posibles ilegalidades

El informe policial sobre las supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante señala siete actuaciones: Saladares de Agua Amarga, Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, Condomina, PAU 3, APA 9, Pino 9, y Fontcalent. En la mayoría de los casos, las supuestas irregularidades están relacionadas con operaciones del contratista Ortiz. No obstante, esas actuaciones no se han ejecutado como apunta el informe, o fueron aprobadas con anterioridad a la tramitación del nuevo planeamiento. En el primer supuesto se encuadra la operación para ampliar el estadio Rico Pérez, que no ha incluido recalificación y se levantará sobre el actual campo.

La de las posibles ilegalidades en la tramitación del PGOU de Alicante es la tercera pieza de relevancia que incluye el caso Brugal. Esta causa fue remitida por el juez instructor a Alicante. El juez en el que recayó, el titular del número 5, sí ha asumido la investigación. No obstante, este magistrado mantiene el secreto del sumario y no ha practicado ninguna diligencia, en espera de que el juez de Orihuela le remita todas las diligencias, y no solo los informes policiales. La tramitación del PGOU de Alicante comenzó con Luis Díaz Alperi, del PP, al frente de la alcaldía de Alicante. El documento ha sido culminado por la sucesora de Alperi en la alcaldía, la popular Sonia Castedo. Una hipotética imputación del ex regidor Alperi en estas diligencias implicará el traslado del sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dado que Alperi es aforado por su calidad de diputado autonómico.

Los dos pilares del caso Brugal son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Por este segundo contrato, la investigación sostiene que el líder del PP de Alicante y, a su vez, presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, recibió dos pisos o su equivalente en metálico (cerca de un millón de euros) por supuestos favores de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ortiz, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario final de la contrata de basura de la planta del plan zonal de La Vega Baja. Unos meses después de la adjudicación se cambió el emplazamiento inicial de la planta a una finca propiedad del industrial Ángel Fenoll.