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El fiscal acusa a la alcaldesa de Alicante de trato de favor a Ortiz a cambio de regalos

Sonia Castedo niega todas las acusaciones y dice que el empresario, imputado en el 'caso Brugal', "no consiguió nada de lo que pidió" en el nuevo plan general urbano

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, del PP, de haber aceptado regalos -viajes y un turismo para una persona de su confianza, entre otros- del empresario Enrique Ortiz a cambio de supuestos favores en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de la ratificación definitiva. El ministerio público, en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que instruye el caso Brugal, centrado en una trama corrupta vinculada al negocio de la basura, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

Castedo se ha encargado personalmente de difundir el citado escrito en rueda de prensa para refutar a continuación esas acusaciones. La alcaldesa, textualmente, ha sentenciado: "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".

La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.

El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez. " El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.

Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.

El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita.

Retahíla de "despropósitos"

Castedo, tras facilitar este documento y arropada por la mayoría de su equipo de gobierno, ha desgranado su versión sobre las acusaciones y ha advertido a los periodistas de que tras la exposición, y por consejo de sus abogados, no iba a responder a preguntas. Sobre los regalos que supuestamente recibió, que Castedo ha tildado como "retahíla de despropósitos", la regidora únicamente ha admitido el viaje en yate a Ibiza. Respecto a las vacaciones invernales en Andorra, h mostrado sendas facturas a su nombre en dos agencias de viajes distintas, sobre esos gastos. Sobre el regalo del Mini, también ha mostrado la factura del pago del coche, los gastos de gestoría y el alta en tráfico. Castedo no ha facilitado estos documentos que, asegura, remitiría al juez instructor de esta causa.

La regidora, sin embargo, ha reconocido que ha mediado con Ortiz para que contratara a personas: "Absolutamente cierto". "A la alcaldía de Alicante llegan a diario decenas de casos dramáticos de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal. Cada parado es un drama familiar, y sí, me he valido de mis influencias para intentar que muchas de estas personas consigan trabajo, no solo en las empresas de Enrique Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este ayuntamiento. Y lo voy a seguir haciendo", ha enfatizado.

La alcaldesa ha intentado refutar una a una las distintas acusaciones del fiscal sobre los supuestos favores urbanísticos a Ortiz. Respecto al amaño de volumetría en las áreas urbanísticas APA-9, Lomas Garbinet y Rico Pérez, la alcaldesa señaló que estos programas fueron aprobados a principios de los noventa y que el nuevo PGOU no ha modificado ningún aspecto sustancial de los mismos. "No hay incremento de edificabilidad", asegura. Respecto al Rico Pérez, Castedo insiste en que ese suelo se mantiene como dotacional y deportivo en el actual planeamiento. "No existe atribución de aprovechamiento o edificabilidad al mismo", ha esgrimido. Y en relación con los supuestos amaños para favorecer el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, ha señalado que el proyecto al que alude el fiscal fue expuesto a la sociedad alicantina y a la oposición socialista y que, finalmente, se frustró.

Respecto a la acusación del fiscal sobre un pacto con Enrique Ortiz para favorecer sus intereses en el Rico Pérez mediante la recalificación del estadio la alcaldesa ha señalado que esa recalificación fue finalmente rechazada y ha justificado sus reuniones con Ortiz, en las que el fiscal basa su acusación de información privilegiada, en el marco de la vigente ley valenciana de urbanismo. Esta norma alude a la discreción de los ayuntamientos para mantener reuniones con colectivos ciudadanos y representantes afectados por un proceso urbanístico. "Quiero decir con esto que al señor Enrique Ortiz se le consideró entonces y se le considera ahora representante del Hércules Club de Fútbol, una entidad indudablemente representativa de esta ciudad".

Inicio de la campaña electoral

"No es un asunto judicial. Es el comienzo de la campaña electoral", ha defendido con vehemencia Castedo. La regidora ha calificado de "jurídicamente inconsistente" el escrito que, a su juicio, solo conseguirá "hacer ruido, despertar el morbo mediático y que podría afectar a mi imagen política y personal". La alcaldesa ha concluido asegurando que el PGOU es un documento público al que se puede acceder gratuitamente desde Internet. "El documento final (aprobado provisionalmente en mayo de 2010) demuestra que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad, por lo que no alcanzo a comprender por qué el fiscal no ha concluido su investigación", señala.

Por otro lado, la regidora ha omitido cualquier referencia a otra acusación del fiscal, la relacionada con la destitución de Pablo Suárez, concejal delegado de tráfico y seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, tras una amenaza del ex alcalde Luis Díaz Alperi al citado edil por negarse este a un determinado negocio que favoreciera a su hijo en un contrato.

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En esta causa, y de acuerdo al informe policial adelantado por este periódico, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.

En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta investigación son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).