El Tribunal Constitucional para los derribos del barrio de El Cabanyal
La ley de la Generalitat, que amparaba el plan municipal, queda suspendida
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra la ley de la Generalitat en la que se amparó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para ordenar la semana pasada el derribo de seis casas en el barrio de El Cabanyal. La ley sorteaba la orden del Ministerio de Cultura de diciembre que suspendió el plan municipal de prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios y una parte de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
La decisión del Alto Tribunal implica la paralización de la ley del Consell y, por tanto, de nuevos derribos. Esta es la segunda vez que el Constitucional acepta revisar una decisión del Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, en relación con esta polémica. Tras la orden ministerial, la Generalitat aprobó un decreto ley para amparar el proyecto de Barberá. El Gobierno lo recurrió al considerar que invade sus competencias sobre el patrimonio histórico. Con los votos del PP, las Cortes Valencianas convirtieron el decreto en ley el pasado 31 de marzo. Barberá se acogió a esta nueva norma para demoler las viviendas la semana pasada, el mismo día en que se levantó el secreto de sumario del caso Gürtel. Los vecinos se movilizaron contra los derribos y la policía cargó con dureza contra ellos.
Es la segunda vez que el alto tribunal admite un recurso contra el plan
El martes, que fue el primer día de demoliciones, las máquinas del Ayuntamiento tiraron cinco casas. Los vecinos trataron de oponerse pero las policías nacional y local se lo impidieron. Hubo disturbios, incluso un par de jóvenes se atrincheraron en el tejado de uno de los inmuebles para evitar que la máquina trabajase, pero al final cayeron los cinco. El jueves los vecinos, que desconfiaban de una finca a la que los operarios del Ayuntamiento habían arrancado el cableado, se concentraron a primera hora en la calle de Francesc Eiximenis. La Policía Local, efectivamente, montó una zona de seguridad para que la excavadora ejecutase el derribo. Los vecinos acudieron e intentaron parar el avance de la máquina, primero con una barricada de contenedores y luego con una sentada. La Policía Nacional escoltó la excavadora hasta el perímetro en medio de una lluvia de basura, piedras y porrazos. Al llegar a la sentada, donde varias decenas de vecinos resistían con los brazos en alto, los policías nacionales cargaron duramente. Por detrás, agentes municipales intentaron apartarlos de las vallas que guardaban la zona de demolición. El choque acabó con dos manifestantes en el hospital por contusiones y algún hueso roto, ocho policías heridos leves y dos vecinos en el calabozo. Desde entonces, al menos 10 personas han denunciado a Policía Nacional por los golpes que sufrieron.
Historia del conflicto
- 1888. El proyecto de Paseo de Valencia al Mar del ingeniero Casimiro Meseguer plantea llevar la avenida de Blasco Ibáñez hasta los poblados marítimos, entonces un municipio independiente, sin atravesarlos, a modo de ciudad jardín.
- A partir de 1931. La idea se traduce en diferentes proyectos que se incluyen en los sucesivos planes generales. En varios casos, la propuesta evita atravesar El Cabanyal, mientras que otras prevén partirlo en dos, como la del plan urbano de 1966, que también incluye una autopista por encima del puerto. El plan de 1988 deja la cuestión abierta a debate por el importante impacto urbanístico y social.
- 1978. El Ministerio de Cultura declara Conjunto Histórico Artístico seis zonas de Valencia. Una de ellas es la formada por el Grau, El Cabanyal-Canyamelar y la Malva-Rosa.
- 1993. La Generalitat, en manos del PSPV-PSOE, declara una parte de El Cabanyal Bien de Interés Cultural (BIC).
- 2001. Tras una larga polémica, el PP aprueba definitivamente en abril el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal, con una prolongación de 48 metros de ancho (más nuevos edificios) a través del barrio.
- a partir de 2001. Salvem el Cabanyal se moviliza contra el plan. El TSJ lo suspende cautelarmente en la zona bic hasta 2004, cuando da vía libre al proyecto. No obstante, los recursos ante el supremo lo mantienen congelado.
- 2008. El Ayuntamiento consigue que el Tribunal Supremo valide su plan. - 2009. El Tribunal Supremo reabre el caso y exige al Ministerio de Cultura que decida si el plan municipal implica un expolio del patrimonio del barrio. - Enero de 2010. Cultura suspende el plan por considerarlo un expolio y la Generalitat aprueba de urgencia un decreto contra la orden ministerial. El Gobierno lo recurre ante el Tribunal Constitucional, que lo admite a trámite. - Marzo de 2010. El PP, en las Cortes, convierte el decreto en ley y el Ayuntamiento derriba seis casas. El Gobierno recurre la ley, que de nuevo es paralizada provisionalmente por el Constitucional.
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