El PP ha puesto en marcha 1.561 aulas prefabricadas desde 1995

La 'provisionalidad' parece haberse instalado en la enseñanza pública. Desde la llegada del PP en 1995, el número de aulas prefabricadas habilitadas a lo largo del quinquenio -que 'aún permanecen en la actualidad'- asciende a la 'abusiva' cifra de 1.561 aulas. En estas clases se forma la población en edad escolar de más de un centenar de municipios del territorio valenciano, según las cifras ofrecidas por Educación a la pregunta parlamentaria del portavoz del área de Esquerra Unida, Ramón Cardona.

La adjudicación de 34 obras escolares en los últimos seis meses promovidas por Ciegsa -empresa pública creada específicamente para culminar el mapa escolar diseñado por el PP en 1996- ha forzado a la Consejería de Educación a habilitar aulas prefabricadas en 17 municipios o zonas escolares más, junto a las ya setentena de poblaciones donde la formación se imparte en módulos desde hace varios años. Con todo, 'esta eclosión reciente de construcciones escolares no es suficiente', a juicio del portavoz de EU, para explicar la 'precarización' en la que se encuentra buena parte de la red de enseñanza pública un sexenio después de la llegada de Eduardo Zaplana a la Generalitat.

Según los propios documentos oficiales presentados en las Cortes valencianas por el responsable de Educación, Manuel Tarancón, en respuesta a la pregunta del diputado Ramón Cardona, se confirma que bajo la gestión de los populares se ha habilitado la 'abusiva' cifra de 1.561 aulas prefabricadas a lo largo y ancho de todo el territorio valenciano, creándose además zonas 'endémicas' -muchas de ellas concentradas en los densos núcleos urbanos del llamado cinturón rojo que conurba la capital Valencia-, donde las aulas se han convertido ya en auténticos barracones con el paso de los años, lo que confirma el balance realizado por UGT en diciembre.

Costes y benfeficiarios

El coste anual de esta política, que tiene un origen 'clarísimo' en 'el retraso que acumulan las obras escolares programadas hace cinco años', supone un total de 3.310, 2 millones de pesetas sólo en concepto de alquiler de los módulos, además de los costes adicionales [cerca de 700 millones] que representan el montaje y desmontaje de los módulos, siempre basándose en los cálculos en base a los precios oficiales ofrecidos por Educación.

El beneficiario de esta política de arrendamientos -acuñada por el secretario de Educación del PSPV, Manuel de Barros, como la 'cultura del barracón'- ha sido 'en el 90% de los casos' según puntualiza Cardona, la empresa Aquimodul, SA, con sede en Madrid.

Esta empresa dedicada desde 1991 a la compraventa, arrendamiento, subarriendo y depósito de módulos y construcciones móviles ha vivido un proceso exponencial de expansión y crecimiento entre 1995 y 2000, que coincide precisamente con el quinquenio en que los barracones se han convertido en el emblema regional de las múltiples protestas y concentraciones emprendidas a partir del segundo año de 'incumplimiento' [1997] por las asociaciones de padres, el alumnado y los profesores, que llegaron a concentrar hace dos años a cerca de 20.000 personas en Valencia.