"Hay dinero para la fórmula 1, pero no para la Ley de Dependencia"

Sufren enfermedades degenerativas desde pequeños, la Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno socialista, les ampara y contempla beneficios para ellos. Sin embargo, desde hace meses esperan que la Generalitat, del PP, evalúe sus casos para poder empezar a recibir ayuda económica y asistencia. La mayoría de ellos son jóvenes y están cansados de esperar. Por eso ayer acudieron al Síndic de Greuges para presentar una queja ante la "pasividad" del Consell en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Ulises Sempere, de 19 años, va en silla de ruedas y necesita ayuda permanente. "Para todo necesito a alguien", explica. Jaume Martorell tiene 25 años. Estudiaba Informática en la Universidad de Alicante, pero se lo ha tenido que dejar por su distrofia muscular: "Necesito 600 euros mensuales para pagar a alguien que me ayude". En total, una decena de personas, con un elevado grado de dependencia, hartas de promesas incumplidas, salieron de sus casas con sus sillas de ruedas y rumbo a la sede del Síndic de Greuges en Alicante, para trasladar sus quejas a la titular en funciones, Emilia Caballero. "La ley nos permite contratar a alguien y tener la ayuda necesaria, admite Laura Soler, edil socialista en Alicante. Estos dependientes podían empezar a recibir desde el pasado 1 de enero ayudas económicas y acogerse a los beneficios de la ley, pero en muchos casos "ni tan siquiera han contestado a las peticiones de evaluación", aseguraron. Mercedes Pastor, una de las madres afectadas, acusó a la Generalitat de promover informaciones "falsas" anunciando que "a finales de enero cobrarían". Hace seis meses que estos grandes dependientes presentaron la solicitud de evaluación y concesión de ayudas y no han obtenido respuesta. "Se burlan de nosotros", dijo esta madre, que criticó los fastos del Consell "como la Copa del América o la Fórmula 1, y no hay dinero para nosotros".

Una portavoz de Bienestar Social rechazó estas críticas. "De pasividad nada", dijo y acusó al Gobierno de "no querer firmar un convenio" para aplicar la ley.