Fabra cuestiona su propio plan de saneamiento en Castellón

El Ayuntamiento de Castellón, que preside Alberto Fabra, del PP, aprobó ayer un plan de saneamiento con unas medidas que, al menos en parte, no aplicará el equipo de gobierno, tal como admitió el propio concejal de Hacienda, Juan José Pérez Macián. Entre las propuestas plasmadas para nivelar los gastos con los ingresos figura una subida de impuestos en un porcentaje no menor al 6%. "No vamos a subir los impuestos", dijo Pérez Macián. La afirmación tuvo respuesta inmediata. El edil del Bloc, Enric Nomdedéu, respondió: "Si no van a cumplir las recomendaciones de los técnicos, no voy a votar a favor del plan". Por su parte, el portavoz del PSPV, Juan María Calles, preguntó: "¿Miente entonces al Ministerio de Hacienda?", que es el órgano que vigilará el cumplimiento del plan.

El debate sobre la situación económica del Ayuntamiento tuvo como eje la aprobación de una modificación de crédito para tapar un agujero de 18 millones de euros de facturas por servicios realizados sin un procedimiento reglado de contratación. El pago será posible gracias al decreto del Gobierno que facilita a los municipios el pago de las deudas a los proveedores."Las cuentas del Ayuntamiento de Castellón están saneadas". Por mucho que el concejal responsable de Hacienda, Juan José Pérez Macián, repitió ayer esta frase, los datos recogidos en el plan de saneamiento, firmado por el propio alcalde de la ciudad, Alberto Fabra, desvelan una situación distante de esa calificación.

Este plan es el segundo que el Ayuntamiento de Castellón se ve obligado a redactar y aprobar en poco más de un año. En mayo de 2008, el PP presentó otro plan económico-financiero que ya advertía de la necesidad de subir impuestos. El equipo de gobierno maquilló la subida alegando una actualización al aplicar el IPC del mes de julio de la ciudad de Castellón, el porcentaje más elevado que encontraron para poder argumentar que no se trataba de una subida.

El documento de este año realiza una radiografía del estado de las cuentas municipales y refleja, por ejemplo, que en el caso de reconocimientos extrajudiciales de crédito, es decir, pagos no presupuestados y no contratados de forma reglada, el Ayuntamiento ha gastado más de 80 millones de euros en los últimos cinco años, todos ellos bajo el gobierno del PP. De hecho, la "deuda extrapresupuestaria" ocupa un apartado del plan en el que se califica de "importantes" las deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios que, además, en la mayoría de los casos, se refieren a la prestación de servicios públicos municipales como limpieza, tratamiento de basuras o transporte público. Tanto el PSPV como el Bloc reiteraron ayer su exigencia al PP de que revise estos contratos, pero el consistorio mantiene los contratos vigentes y acepta facturas al margen de los servicios contractuales.

Por paradójico que parezca el plan, firmado por el alcalde, reivindica la necesidad de crear un fondo autonómico de cooperación local. Fondo al que se opuso en su día en las Cortes Valencianas Alberto Fabra cuando fue propuesto por el PSPV. El plan, según consta, refleja "con suficiente claridad un aumento de los gastos ordinarios sobre los ingresos corrientes".