El Consell retiene desde enero las ayudas a dependientes

La aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana ha sido desde el principio deficiente. Solicitudes pendientes de resolver desde 2007 mientras hay otras resueltas de 2009, mucha lentitud en los trámites, resoluciones aceptadas sin aplicar, 15.000 fallecidos mientras esperaban la ayuda de la Generalitat, retrasos en el pago (algunos de hasta tres meses) y, ahora, menos personal de atención residencial. Estas fueron algunas de las carencias denunciadas ayer por la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. "La ley de la Dependencia está paralizada desde enero de 2011", denunció Juan Bueno, de la plataforma. Los dependientes denuncian que la Generalitat tiene retenidas desde enero un total de 8.885 resoluciones de ayuda ya firmadas.

Los dependientes creen que las resoluciones firmadas llegarán a los beneficiarios antes de las elecciones. Lo habitual es que estas lleguen cada dos meses. La plataforma recordó ayer que a 1 de mayo había en la Comunidad Valenciana 105.432 solicitudes de ayuda presentadas por dependientes. De este total, 74.171 tenían derecho a percibir una prestación y de ellas, 45.675 dependientes la deberían estar cobrando. En la Comunidad hay casi 20.000 dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir prestación pero no aún no tienen firmada la resolución. Y un 15% de los dependientes que solicitaron ayuda ya han fallecido (unas 15.000 personas).

Falta de criterio

En la rueda de prensa participó la adjunta al Síndic de Greuges, Emilia Caballero, quien aseguró que "desde el principio la ley ha estado enfocada de una manera que hace muy difícil su cumplimiento". Caballero insistió en que la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias son las tres autonomías donde el nivel de quejas es más grave.

Por su parte, la letrada del Colegio de Abogados de Alicante Paloma Cascales apuntó también que hay hasta ahora 25 sentencias del TSJ, todas favorables a los dependientes y solo una ejecutada por el Consell.

La Consejería de Bienestar Social negó que la aplicación de la ley esté paralizada y argumentó que desde el año pasado se han multiplicado por dos las personas atendidas. La consejería también destacó que en cifras absolutas la Comunidad Valenciana es la quinta de España con más dependientes atendidos.