El Consell evita sancionar a las radios y televisiones afines al PP

La Generalitat ha acosado desde hace años, con multas que suman 750.000 euros y leyes confeccionadas con el propósito de aplicarlas, a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) para impedir que la señal de TV3 recorriera libremente la Comunidad Valenciana. Un tema que según ACPV solo compete vigilar y sancionar al Gobierno central. Este celo perseguidor contrasta con la dejadez que muestra el Consell con las numerosas televisiones y radios afines al PP que directamente operan ilegalmente o que incumplen el régimen de la concesión otorgada para emitir.

Las faltas más graves son interrumpir la señal más de 15 días al año sin que el Consell les retire la licencia y emitir en cadena, cuando la ley obliga a dar una programación individualizada en cada comarca. La norma también obliga a fomentar el valenciano con el 25% de la programación, a emitir un 20% de producciones del sector audiovisual valenciano y a contratar empleados valencianos.

Si antes de la llegada de las concesiones de televisión digital terrestre (TDT) operaban en la Comunidad Valenciana más de 120 cadenas locales -la segunda autonomía en número-, tras la regulación del Consell la oferta se ha empobrecido: el mando a distancia solo deja seleccionar las televisiones públicas, las privadas tradicionales y, allí donde debería haber televisiones comarcales, hay muchas programaciones repetidas de cadenas nacionales. El panorama se completa con teles pirata que rellenan su parrilla con tarot y porno fuera de los horarios permitidos. Y sin que el Consell intervenga.

"La Generalitat no ha cerrado ni censurado a nadie", dijo el viernes Paula Sánchez de León, la portavoz del Consell, desvinculando así el cierre de las emisiones con las multas, para añadir que TV3 no tenía licencia para emitir en territorio valenciano. En cuanto a tomar medidas contra las televisiones y radios que incumplen, dijo que está "centrando todos los esfuerzos" en que las empresas que emiten ilegalmente "dejen de hacerlo".Sánchez de León añadió: "Estoy segura de que una vez esté ordenado el espectro radioeléctrico y todas las televisiones que están emitiendo con la licencia perceptiva se acomoden definitivamente, poco a poco se irá implementando el uso de la lengua valenciana por parte de los canales privados".

Según la Ley del Sector Audiovisual, el Consell tiene competencias para vigilar las concesiones de TDT otorgadas en el concurso adjudicado en 2005. Un concurso que fue calificado por la oposición de "golpe de estado mediático". El socialista José Ignacio Pastor, vicepresidente del consejo de administración de RTVV, explica que las TDT se concedieron "con alevosía" un 30 de diciembre y que el reparto atendió a una estrategia diseñada para lograr televisiones dóciles con el PP.

Así, la Generalitat otorgó dos televisiones de cobertura autonómica, al grupo Vocento y a la Cope (propiedad de la Conferencia Episcopal), y otras 42 de cobertura comarcal. En este caso, de los 18 multiplex (grupos de cuatro canales) previstos para las 18 demarcaciones en que se dividió la Comunidad Valenciana, se otorgaron las licencias de 14 de ellos. En total, 42 privadas (tres por zona, ya que la cuarta cadena era de carácter municipal). El reparto favoreció en su mayoría a medios afines al PP o a empresarios amigos.

Vocento arrancó con una televisión propia, Las Provincias TV, luego ha emitido una señal común del grupo Vocento, La 10, que el propio diario Las Provincias anunciaba en septiembre como "una cadena nacional" con "vocación generalista", y cuando este grupo saltó a un multiplex nacional en octubre ha pasado a emitir en pruebas Metropolitan TV. En cuanto a la Cope, rebota Popular TV, común con otras televisones regionales y locales. Es decir, ninguna de las dos TDT autonómicas se puede calificar de valenciana.

Y lo mismo pasa con la inmensa mayoría de las 42 TDT comarcales concedidas. Las que no programan a nivel estatal, han acabado por claudicar. El caso más curioso fue el de Mediamed, una empresa que se hizo con cadenas en 13 de las 14 demarcaciones. En todos los casos, concursó con una participación minoritaria en la empresa adjudicataria, por lo que su nombre pasó desapercibido bajo otras sociedades de cabecera. Pero pocos días después del concurso Mediamed se hizo con la mayoría accionarial de todas.

Una persona cercana al proceso y que prefiere el anonimato explica que antes de la adjudicación, desde el Consell, y por gestión directa del entonces consejero portavoz, Esteban González Pons, se impulsó que empresarios valencianos afines al PP se hiciesen con el control de televisiones locales ya existentes. "La idea era tener un control político de las concesiones", explica, "aunque al final ha quedado en nada, no las ve nadie".

Esta persona explica el proceso: "Se convencía a las televisiones [analógicas] locales existentes de que vendiesen; por poco dinero, ya que si en una comarca había siete, sólo tres podrían obtener finalmente licencia y se quedarían fuera las que no estuviesen en una plataforma", explica. Uno de los principales accionistas era el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, implicado en el caso Gürtel que ha salpicado al PP valenciano. Las cadenas emitieron como Tele 7, y, tras saltar el escándalo de la trama corrupta, casi todas han dejado de programar.

La actitud del Consell es muy similar a la que mantiene con las radios ilegales. Según un directivo de una legal, a través del espacio radioeléctrico valenciano operan más de 200 emisoras ilegales. De hecho, la lista de espera para hacerse con una concesión es tan larga que el Consell no encuentra la manera de resolver el concurso con 31 licencias que sacó hace justo cuatro años, en febrero de 2007.

Uno de los casos más claros es el de las emisoras de Jiménez Losantos: al menos 10 emiten sin licencia bajo la denominación esRadio. Otro caso es el de la católica Radio María, con 13 puntos de emisión. No cuenta con licencias concedidas, pero en su web explica que emite a través de frecuencias concedidas o adquiridas que voluntariamente difunden total o parcialmente su programación.

Y mientras, las radios legales sufren la competencia de los piratas sobre un recurso limitado, las ondas. Es, por ejemplo, el caso de Ràdio Klara, que emite legalmente en 104,4 FM pero sufre desde hace dos años las interferencias de una ilegal ubicada en Borriol. El expediente del Consell concluyó con el cierre de la emisora y una multa, pero no se ha ejecutado.