Camps entierra su ocurrencia de Ciudadanía

La amenaza de una huelga general en todo el sistema educativo público valenciano, mañana, ha acabado con la ocurrencia de Francisco Camps de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, con profesor-traductor incluido si fuera necesario. El boicot de la Generalitat a esta asignatura introducida por la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que en España están cursando más de 600.000 alumnos con normalidad- no ha resistido tres meses. El presidente valenciano, de viaje en Estados Unidos, autorizó ayer, a través de su consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, a que esta materia de Derechos Humanos, que el PP objeta en toda España, se estudie el resto del curso como cualquier otra asignatura "en una de las dos lenguas cooficiales" de la Comunidad Valenciana.

El TSJ debe resolver los recursos presentados antes de que acabe el curso

Una circular de Educación de tres páginas entierra de hecho la singular fórmula ideada por Camps de que el inglés sea obligatorio en las clases de Ciudadanía mediante traducción simultánea por parte de un segundo profesor. Y devuelve la normalidad a las aulas valencianas, al menos hasta el 15 de febrero, fecha límite impuesta a la Administración por las asociaciones de padres y alumnos y los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, para "cerrar" una agenda de negociación más amplia que contiene 13 puntos, que abarcan desde la creación de 47.000 plazas públicas de Infantil en el curso 2011-2012 a la contratación de 300 profesores más de lengua extranjera el curso que viene o el diseño de un plan autonómico eficaz para combatir el alto índice de absentismo y fracaso escolar entre los jóvenes de 16 a 24 años sin título de ESO.

El giro de la Administración de Camps en el tema del inglés obligatorio en Ciudadanía fue la tabla de salvación para superar lo que podría haber sido la primera huelga general en todas las etapas educativas no universitarias, que queda aplazada.

Con esta rectificación, la consejería asume su propia debilidad legal para sostener la orden valenciana del 10 de junio que regulaba la obligación de dar las clases de Ciudadanía en inglés. Una orden sobre la que pesa un auto de suspensión cautelar parcial, que limitaba seriamente la extensión del inglés a través de esta materia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), antes de que acabe el curso, debe resolver los recursos presentados por los tres sindicatos mayoritarios del sector público y por el Gobierno.

Desde la Plataforma per l'Ensenyament Públic, su portavoz, Gemma Piqué, aplaudió ayer esta "asunción de la imposibilidad de dar las clases en inglés" a través de una materia de contenidos filosóficos y valoró el acuerdo alcanzado anoche con el consejero Font de Mora como "un paso muy importante" hacia la normalización de las truncadas relaciones.La Plataforma es hoy por una amalgama de todos los actores con "capacidad legal para negociar con la Consejería de Educación" -desde padres y alumnos a sindicatos, directores, inspectores y la entidad Escola Valenciana- que se ha agrupado alrededor de la oposición a la norma.

Este movimiento unitario se ha reproducido por ciudades y zonas educativas y ha ido sumando adscripciones a lo largo de todo el primer trimestre lectivo, provocando múltiples movilizaciones, encierros y pronunciamientos de la práctica totalidad de los claustros de los 1.600 colegios e institutos valencianos. La protesta se materializó durante la manifestación que reunió en Valencia a más de 44.000 ciudadanos "contra la política educativa de Camps" el pasado 29 de noviembre.

La singular fórmula lanzada por Camps hace sólo un año -en la cumbre mundial de la educación de la OCDE- sólo sobrevivirá unos meses más en el puñado de institutos donde el profesor titular de la materia tenga la doble capacitación para enseñarla en inglés, siempre que así lo decida el centro, en función del nivel de comprensión del inglés que tengan sus estudiantes de 2º curso de Secundaria.

El nivel de presión social, política y educativa sobre este "disparate administrativo y pedagógico" -como lo han tildado los 400 inspectores de la asociación profesional Adide en su congreso nacional- ha hecho que la Administración de Camps haya pasado de sostener que "el inglés es el punto de inflexión innegociable" a aceptar que no se dan las condiciones.

Anoche, en un acto de contricción política, el consejero Font de Mora reconoció, en la mesa sectorial con los padres, "el momento tenso y duro" que se ha vivido recientemente. Y garantizó a los representantes de la Confederación Gonzalo Anaya "un cambio de actitud" y "un compromiso de trabajar conjuntamente en un modelo educativo plurilingüe". El primer compromiso adquirido fue inyectar al Presupuesto de la Generalitat de 2009 "un total de 7 millones de euros" para la aplicación de un plan de enseñanza multilingüe -castellano, valenciano e inglés- que se estrenaría el próximo curso 2009-2010 y contaría con 300 plazas más para profesores especialistas de inglés.

"Las bases sentadas suponen un cambio completo y complejo del sistema educativo para que el que se requerirán muchas negociaciones y reuniones con los agentes educativos", puntualizó Encarna Salvador, de la confederación de padres Gonzalo Anaya, que destacó la voluntad mostrada por el consejero para enriquecer el documento "abierto a las alegaciones y aportaciones" que se trabajarán en las próximas mesas de trabajo y en el seno del Consell Escolar Valencià.

La Federació Escola Valenciana, que la semana pasada presentó a la consejería unas directrices sobre cómo aplicar un modelo de enseñanza multilingüe a partir del valenciano y el castellano, se sentará por primera vez formalmente en aquellas mesas de negociación que aborden específicamente los temas del plurilingüismo.

El consejero mantuvo, en su ronda exprés de negociaciones, una reunión con la federación valenciana de alumnos Faavaem, a cuyos representantes pasó de ignorar como interlocutores válidos a sentarse a hablar con ellos "en un tono cordial".

Finalmente, la maratoniana jornada negociadora de Font de Mora concluyó con la mesa con los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública, STEPV, CC OO y UGT, que formalmente son los que habían convocado mañana a la huelga a los 54.000 profesores y al personal de apoyo dependiente de la Consejería de Educación.

Los sindicatos fueron los que finalmente apretaron un poco más a Font de Mora para acotar los plazos del calendario de negociación y comprimir todas las mesas entre el 15 enero y el 15 de febrero de 2009. Mientras que la primera propuesta de la consejería había sido alargar la negociación hasta abril.

Con este acuerdo se selló el aplazamiento de la huelga de mañana. Y se concede a la consejería "sólo un mes" para verificar su voluntad real de imprimir un giro a política educativa llevada hasta ahora. De lo contrario, la Plataforma advirtió que la huelga simplemente se trasladará a febrero.