Casas con idioma obligatorio

Los demandantes de viviendas sociales en la región belga de Flandes sólo podrán acceder a ellas si hablan el neerlandés o se comprometen a estudiarlo, según una ley que acaba de aprobar el Parlamento flamenco. Los críticos de la medida, esencialmente francófonos, la consideran anticonstitucional, mientras la Comisión Europea estudia si es compatible con el derecho comunitario, por detectar en ella discriminación indirecta y obstáculos a la libre circulación de personas en la UE. Ayuntamientos de otras localidades de Flandes van más allá, y han prohibido la venta de terrenos públicos a quienes no hablen la lengua local.

La ley sobre los alquileres sociales en Flandes acaba de concluir su curso parlamentario con una aprobación por abrumadora mayoría en la Cámara regional flamenca, donde votaron en contra los verdes y se abstuvieron los nacionalistas extremistas del Vlaams Belang (Interés Flamenco), por considerar que no va lo suficientemente lejos.

Los francófonos dicen que la ley pretende echar de Flandes a las personas necesitadas

El documento establece que quienes a partir de ahora demanden una vivienda social deberán hablar neerlandés o mostrar la voluntad de aprenderlo, para lo que se ofrecerán cursos gratuitos de 120 horas. La inscripción dará derecho a firmar un contrato temporal por dos años, al cabo de los cuales las autoridades flamencas comprobarán el aprovechamiento del curso por el inquilino. No avanzar en el conocimiento básico de la lengua supondrá o la cancelación del alquiler o una multa que puede llegar a los 5.000 euros. Estarán eximidas las personas gravemente enfermas o los incapacitados físicos o mentales.

Marino Keulen, promotor del decreto, ministro liberal en el Gobierno de Flandes con responsabilidades de Interior, Integración y Vivienda, mantiene que su idea es una vía efectiva, sin violar derechos, para favorecer la integración de los extranjeros en la sociedad neerlandófona. "No hay discriminación", dice. "Lo que queremos es facilitar la convivencia en las viviendas sociales mediante una mejor integración".

Los parlamentarios francófonos en Bruselas, Valonia y en la Cámara de Representantes se han alzado contra la medida, por considerar que atenta contra una Constitución belga que garantiza el derecho incondicional a la vivienda. En el continuo choque lingüístico que vive el país, consideran también que es un medio para limpiar Flandes de personas necesitadas, que recalarán en Valonia y Bruselas.

La Comisión Europea está analizando si la ley se acomoda al derecho comunitario. "Se trata de saber si estas disposiciones constituyen o no una discriminación indirecta por motivos de nacionalidad y un ataque a la libre circulación de trabajadores en el interior de la Comunidad", explica un portavoz de Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión, encargado de Justicia, Libertad y Seguridad.

Expertos comunitarios han hecho saber a los servicios de Frattini que, al igual que las discriminaciones obvias, basadas en la nacionalidad, son ilegales en la UE, también lo son las discriminaciones disimuladas, y que condicionar un beneficio social al conocimiento de una determinada lengua discrimina a los nacionales de terceros países. "La desigualdad de trato constituye una traba a la libre circulación de trabajadores", señalan los técnicos, en referencia a uno de los principios básicos de la Unión.

Tampoco admiten el argumento de que la medida tiene el objetivo legítimo de favorecer la integración y que por ello "es de imperioso interés general", como alega Flandes. Aun sin que la respuesta sea todavía oficial, el guardián del derecho comunitario mantiene que "el aprendizaje del neerlandés como medio de integración de los no neerlandófonos (...) no puede constituir un objetivo legítimo digno de protección que puede ser justificado por razones de interés general". Y tras enumerar la amplia jurisprudencia sobre razones de interés general, hacen notar que "en ninguna parte aparece que el aprendizaje de una lengua sea una condición sine qua non para la concesión de un beneficio social".

Los francófonos consideran este episodio legislativo como el último en un largo proceso de "política de purificación lingüística de Flandes", como escribe Francis Van de Woestyne en el diario La Libre Belgique. Otras instancias flamencas son más ambiciosas. Los Ayuntamientos de Vilvoorde, Zemst y Zaventem, los tres en la Corona de Bruselas, no sólo ya habían adoptado reglamentos que preludiaban la ley ahora aprobada, sino que han prohibido la venta de terrenos municipales a quienes no hablen neerlandés.