El castigo

El Partido Popular concentra desde ayer el mayor poder autonómico y municipal del que ha dispuesto ninguna fuerza política desde la recuperación de la democracia en España. Podrá discutirse si es más el resultado de aciertos propios que de errores ajenos, pero lo que está fuera de duda es que el partido de Mariano Rajoy asume una trascendental responsabilidad no solo ante quienes le han votado, sino también ante los ciudadanos que se han inclinado por otras opciones. En democracia, la mayoría no puede confundirse con la totalidad.

La campaña que precedió a las elecciones de ayer ha sido ensimismada y poco clarificadora. Ensimismada, porque los principales partidos se han limitado a prolongar el cruce de descalificaciones en el que llevan enzarzados en las dos últimas legislaturas. Poco clarificadora, porque el planteamiento de la campaña del que partían populares y socialistas impedía cualquier confrontación entre programas. Mientras que el PP se propuso convertir una consulta municipal y autonómica en una primera vuelta de las generales, el Partido Socialista intentó infructuosamente mantenerse en aquel terreno. Eso no le ha evitado obtener sus peores resultados en unas elecciones municipales, además de perder algunos de los gobiernos autonómicos que continuaban en sus manos.

El PP obtiene la mayor cuota de poder territorial de la historia de la democracia a costa del PSOE

Antes de las elecciones, los socialistas aspiraban a minimizar la imagen de derrota y para ello pretendían concentrar sus esfuerzos para obtener la victoria en muncipios y autonomías a los que concedían una poderosa carga simbólica. Ni siquiera este consuelo les fue concedido por los votantes. El Partido Socialista perdió ayer Castilla-La Mancha y la mayoría absoluta en Extremadura, dos comunidades que no han conocido un gobierno de otro signo. También perdió los Ayuntamientos de Barcelona y de Sevilla, dos ciudades que, por distintas razones, han estado estrechamente vinculadas al socialismo en España durante las tres últimas décadas. Por primera vez CiU se convierte en la primera fuerza municipal en Cataluña. Al final de la noche, el PP sumó unos 400.000 votos, mientras el PSOE sufrió una sangría de casi millón y medio.

El primer beneficiado de este retroceso general de los socialistas ha sido el Partido Popular, que confirma con los resultados obtenidos sus expectativas de un triunfo fácil y, según confía, igualmente rotundo, en las próximas elecciones generales. Pero, junto a él, han conseguido incrementar su representación autonómica y, sobre todo, municipal, fuerzas de distinto signo, situadas tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso se encuentra UPyD en Madrid capital y, en Cataluña, una formación izquierdista como CUP y la xenófoba Plataforma por Cataluña. También la entrada de Bildu en los ayuntamientos del País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, es uno de los datos más significativos de la jornada.

A la vista de los resultados, queda claro que los populares han logrado imponer su agenda en estas elecciones, proyectando sobre las candidaturas socialistas el severo desgaste que padece el Gobierno central y su presidente. La renuncia de Zapatero a repetir como cabeza de cartel no ha tenido los efectos esperados, y el conjunto del PSOE ha debido cargar con la factura. A partir de este momento, los avatares de la sucesión son una moneda al aire, no solo por el hecho de desconocer quién será el candidato, sino también por los efectos que el proceso puede provocar en los desencantados votantes socialistas. La presión de los populares en favor de un adelanto electoral no facilitará las cosas.

Las elecciones celebradas ayer tenían como objetivo renovar los ayuntamientos y los parlamentos de 13 autonomías, no decidir sobre el final precipitado de la legislatura. La contundencia de los resultados, sin embargo, coloca una especial responsabilidad sobre el Gobierno y el Partido Socialista. Si Zapatero y su Ejecutivo no demuestran que están en condiciones de emprender iniciativas políticas que doten de sentido la espera hasta marzo, el Partido Popular se sentirá suficientemente reforzado para reclamar la disolución de las Cámaras.

Las trascendentales consecuencias sobre la política nacional de las elecciones celebradas ayer no pueden, con todo, ocultar las tareas pendientes en los ámbitos municipal y autonómico. La victoria del PP significa que él será el encargado de dar respuesta a los principales problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y de los que no se ha hecho apenas mención durante la campaña. El mayor de todos, la grave situación presupuestaria de municipios y comunidades, un asunto que, no solo no ha sido objeto de atención durante la campaña, sino que ni siquiera ha llegado a ser reconocido públicamente por los partidos. En la acumulación de este déficit no hay fuerza política que salga mejor parada que otra, por lo que carecería de sentido que los populares cedieran a la tentación de hacer recaer todas las culpas sobre los socialistas, con el agravante de no ahorrarle al país pasar por unas previsibles turbulencias financieras.

Comparece Zapatero

La dimensión de la derrota sufrida por el Partido Socialista hizo que, de manera inesperada, fuese el propio Rodríguez Zapatero quien compareciera al final de la jornada para asumir implícitamente las responsabilidades. Era una forma de manifestar que, aunque en retirada, sigue siendo el líder del partido, al mismo tiempo que un gesto para proteger a su eventual sucesor. El presidente apuntó hacia la crisis económica como causa principal del castigo infligido a los socialistas y quiso defender de nuevo la gestión del Gobierno, insistiendo en la necesidad de proseguir con las reformas para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo. Esa es seguramente su voluntad; falta que sea viable.

El factor más sorprendente de esta campaña han sido las concentraciones del Movimiento 15-M, que han coreado repetidamente el grito "no nos representan". Fuera cual fuese ayer la opción de cada ciudadano en las urnas, lo cierto es que, hoy, los consistorios y parlamentos autónomos elegidos sí nos representan, y es a ellos a los que habrá que pedir cuentas de su gestión en cuanto se constituyan.