Colombia acorrala a la guerrilla

Nadie ha reclamado aún el cadáver de Iván Ríos, uno de los jefes de la guerrilla colombiana. Pablo Montoya, alias Rojas, el lugarteniente que le pegó el tiro en la frente y le cortó la mano derecha para entregársela al Ejército, asegura que no va a ser el último dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abatido por sus subalternos. "Ha cambiado la historia. Van a caer", dice. El despotismo de Ríos, el cerco militar al Frente 47 y la perspectiva de una recompensa determinaron el brusco desenlace. Pero otros muchos combatientes están abandonando las filas de la guerrilla de forma menos expeditiva.

Cada mes, unos 200 hombres se acogen silenciosamente a los programas de reinserción creados por el Gobierno. Muchos fueron reclutados siendo casi niños, y están cansados de las privaciones, los malos tratos y la falta de horizontes. En total, 2.500 guerrilleros (cada vez más mandos medios entre ellos) se han incorporado hasta ahora a la vida civil.

Desde 2002, los atentados anuales han pasado de 1.645 a 328

"Ojo con el triunfalismo", advierte un alto cargo de la OEA

Acorralada militarmente y dispersa, las FARC, dicen los expertos, empieza a desintegrarse.

El pasado 1 de marzo, el Ejército colombiano "daba de baja" en suelo ecuatoriano a Raúl Reyes, el número dos de la guerrilla. Con la muerte de Iván Rojas, las FARC han perdido en una semana a dos de los siete miembros del secretariado, el máximo órgano. Varios integrantes de su Estado Mayor -como Popeye, Jota Jota, el Negro Acacio o Martín Caballero- han caído en los últimos meses. La infiltración y la intercepción de las comunicaciones por parte de la inteligencia colombiana están quebrando la logística del grupo armado.

"Las FARC son hoy bandas itinerantes y dispersas. Tienen serios problemas de comando y control. El jefe mítico es Tirofijo, pero no hay mando unificado, que es lo que intentaba reconstruir Raúl Reyes. Hay muchas rivalidades entre ellos", señala un alto funcionario del Gobierno.

Cuando el presidente, Álvaro Uribe, llegó al poder, en 2002, la vieja guerrilla marxista, convertida con los años en un cartel de droga, estaba en su apogeo. Se habían hecho fuertes en el Caguán, una región del tamaño de Suiza que el ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) mantuvo desmilitarizada tres años para lograr un acuerdo de paz que nunca llegó. En el Caguán, las FARC recibían armas y mantenían a sus secuestrados. Los colombianos recuerdan con pavor los años noventa. El país estaba a su merced. Más de 300 alcaldías estaban cerradas. Los secuestros masivos en las carreteras (las "pescas milagrosas") eran retransmitidos por televisión. Bogotá, cercada por varios frentes, sufría el embate de brutales atentados con bomba. La guerrilla contaba entonces con 19.000 guerrilleros repartidos en 70 frentes.

Hoy, la situación ha dado un vuelco. Los efectivos de las FARC se han reducido a la mitad. Los frentes no pasan de 45, algunos con un puñado de hombres. En seis años, los secuestros anuales han bajado de 2.883 a poco más de 500. Los atentados, de 1.645 a 328. Las carreteras principales son de nuevo transitables. El Estado ha retomado el control del territorio, que era el principal objetivo de la Política de Seguridad Democrática diseñada por Uribe. Y lo ha hecho a base de más presencia de las fuerzas de seguridad y de más acción social.

"Uribe ha puesto a las FARC a la defensiva", asegura un alto funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia. "Nunca han estado tan mal desde el punto de vista militar en sus 44 años. Pero ojo con el triunfalismo. La selva y la montaña son refugios impresionantes, y ellos tienen una gran capacidad de adaptación".

Por su componente mafioso y el poder del narcotráfico, las FARC no son una guerrilla convencional. Consciente de ello, el objetivo del Gobierno no es tanto liquidar a las FARC, tarea harto improbable, como forzarla a negociar sin condiciones. Pero el apoyo logístico y político prestado a la guerrilla por Ecuador y Venezuela (que ha enviado armas y dinero) puede dificultar el empeño de Colombia de poner fin a casi cuatro décadas de horror.