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Tras la cárcel, la calle es muy dura

Los expertos piden más apoyo a quienes salen de prisión para favorecer su integración social

El 55% de los reos españoles son reincidentes

Miguel Montes junto a sus hijas tras salir de la cárcel.
Miguel Montes junto a sus hijas tras salir de la cárcel.

“Está de cachondeo todo el día, viendo a la gente, riendo, disfrutando”, le excusa su hermana. “Ahora es muy difícil dar con él”, añade. Se refiere a Miguel Montes, de 62 años, que ha vuelto a pisar la calle, con todas las de la ley, después de más de 30 años en prisión sin haber cometido ningún delito de sangre. En realidad, él no es el preso que más tiempo ha pasado entre rejas en España porque se ha fugado en diversas ocasiones. Pero sí ha permanecido lo suficiente como para que al salir se encuentre en un entorno que ha evolucionado y en el que le cuesta desenvolverse con normalidad.

“¿Cómo van los móviles estos?”, le preguntó a su abogado, Félix Ángel Martín, cuando le dieron uno. “Se montó en el AVE y alucinaba”, añade el letrado. Sus hermanas son su mayor apoyo. Ellas lideraron una campaña para conseguir el indulto que finalmente le ha permitido salir en libertad. Al fin, Montes está de nuevo en circulación, pero enfermo y con pocas posibilidades de conseguir un trabajo. ¿El conocido como preso más antiguo de España está listo para reinsertarse en la sociedad? ¿Qué le ofrece la Administración ahora que ya es libre?

Nada. Al menos desde Instituciones Penitenciarias, que legalmente ha acabado con su parte. “Cuando una persona ha cumplido condena, la Administración, por ley, no puede hacer un seguimiento del preso”, explica la presidenta de la Fundación IReS, Montserrat Tohà, que lleva 43 años dedicada a la reinserción. “Es una asignatura pendiente, pero muchas veces porque el propio preso, cuando sale, no quiere saber nada”, avanza el doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de diversos estudios sobre reinserción Ramón d’Alós. Cuando el preso ha cumplido, es libre, para lo bueno, pero también para lo malo.

Una persona se puede considerar reinsertada en la sociedad “cuando es capaz de sobrevivir ganándose la vida para pagar su casa y su alimento, teniendo relaciones sociales emocionalmente satisfactorias y desarrollando su proyecto vital”, define Julián Ríos, experto en Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cuántos presos se adaptan a esa definición cuando salen?

La pregunta es difícil de responder, puesto que no se da un seguimiento al condenado una vez ha satisfecho su deuda con la sociedad. Aunque hay un dato revelador: un 55% de los presos españoles son reincidentes, según datos de Instituciones Penitenciarias. La cifra —27.289 reos de una población de 48.951 penados a diciembre de 2011— incluye únicamente a los que han cometido el mismo tipo de delito, sobre población ya condenada, y no recoge las cárceles catalanas, que tienen la competencia transferida. En la actualidad, 70.472 personas están en prisión (incluyendo preventivos).

“Hay una falta de coordinación entre los sistemas que intervienen: el judicial, el penitenciario y los servicios sociales”, se queja D’Alós, y una dificultad añadida por los diferentes ámbitos que están implicados (estatal, autonómica o municipal). Una persona puede recurrir siempre a los servicios sociales una vez está en la calle, pero los expertos echan en falta un seguimiento coordinado, una ayuda específica para el exreo. “Significaría crear un sistema que no tenemos, y que no hemos tenido nunca. Solo hay algunas iniciativas pequeñas, que dependen de la buena voluntad”, lamenta el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt.

“Instituciones Penitenciarias no puede abordar todos los problemas sociales que hay detrás del comportamiento de alguien”, defiende Mercedes Gallizo, que fue su directora general entre 2004 y 2011. “Nos encontramos con problemas que trascienden lo que puede hacer el sistema. Llegan personas con vidas difíciles, desestructuradas, con una falta de formación evidente, con marginalidad, enganchadas a las drogas, con enfermedades mentales... que requieren una acción conjunta de las demás Administraciones”, asegura.

A pesar de eso, insiste en que la reinserción “es lo que da sentido a la existencia de las cárceles”. “Estos años hemos hecho un esfuerzo extraordinario por ampliar el catálogo de actuaciones que se pueden desarrollar, tanto en formación como en programas de intervención y tratamiento. Se han puesto en marcha programas para personas que han cometido delitos de violencia de género, agresión sexual, drogodependientes... Un esfuerzo enorme”, explica, aunque admite que “no acaba de llegar a las necesidades que se tienen”.

“Cuando la pena se alarga más de siete años, las dificultades de todo tipo empiezan a ser intensas”, contrapone Ríos. A su entender, la reinserción debe pivotar en tres pilares: el social, la propia persona y el de los medios que le faciliten. Al salir, el preso se encuentra muchas veces el mismo mundo que dejó y que le indujo, en parte, al crimen. En ese momento, los expertos consideran básico el apoyo familiar, la vivienda y el trabajo.

En otros casos, la persona lleva tanto tiempo encerrada que considera que está mejor dentro que fuera de la cárcel. Es lo que se conoce como un preso institucionalizado. “Las personas que llevan 15 o 20 años en prisión, cuando salen reproducen el mundo relacional caracterizado por la desconfianza y la hostilidad de la prisión. Eso dificulta la reinserción”, asegura Tohà. E insiste en que a veces el esfuerzo debe centrarse en reeducar, en inculcar rutinas a personas que quizá “no las han tenido nunca”.

Instituciones Penitenciarias esgrime, sin embargo, que un preso, si quiere, puede entrar analfabeto en prisión y salir con una licenciatura. Depende de él, y nadie le puede obligar. “Cada mañana unas 400 personas pueden acceder a cursos de formación básica”, ejemplifica José Antonio García, director del centro penitenciario Madrid VI, en Aranjuez (1.515 internos). La prisión cuenta con 14 profesores, dependientes de la Comunidad de Madrid. Las clases tienen una lista de espera que, según García, no supera los dos meses. Además, destaca los talleres, los cursos de formación ocupacional y las distintas iniciativas privadas: unas 150 fundaciones y ONG que colaboran con el centro.

Pero D’Alós es crítico con la formación que se imparte en prisión: “Sirve muy poco para encontrar trabajo después porque se da en condiciones de masificación, porque el preso no puede tener continuidad si le trasladan, porque algunas veces los materiales son poco adecuados o los cursos muy cortos y, en muchos casos, poco profesionalizadores”. Solo un 43,6% de los exinternos que recibieron el alta en las prisiones catalanas entre 2004 y 2007 encontraron trabajo, según un estudio dirigido por él. Y la mayoría consiguió empleos poco cualificados y discontinuos. Además, apunta D’Alós, existe el peligro de que los presos que conocen bien el sistema utilicen los cursos para conseguir puntos que se traduzcan en permisos de salida. “Los profesionales son los que evalúan si lo desarrollas solo movido por el interés, cosa bastante inusual porque todo requiere un esfuerzo bastante grande”, rebate Gallizo.

“Prevenir es infinitamente más barato y efectivo” que encerrar, señala Paco Cristóbal, coordinador del equipo de inclusión de Cáritas. “Muchas de las personas que están en prisión tienen un perfil muy claro de pobreza y exclusión”, lamenta, y pide que se luche para romper ese círculo vicioso. “La prisión te va haciendo menos persona; un muro alto, una puerta que se cierra con ruido... Son unas condiciones muy duras”, sostiene. “La sociedad tiene que tener la conciencia de que los presos deben volver a ella y de que esta los necesita. Y para ello deben potenciarse los medios legales (permisos, regímenes abiertos) que faciliten esa incorporación y reduzcan la estancia en prisión”, sostiene Ríos.

Pero las últimas revisiones del Código Penal no van en ese sentido. “Las reformas penalizadoras no son la forma más adecuada de erradicar el delito de nuestras vidas. No es lo más eficaz, aunque aparentemente es lo más tranquilizador”, sostiene Gallizo. “Hay presión social para que se opte por el castigo, no por la reeducación y la reinserción”, añade D’Alós. “Lo único que queremos es que delante de nuestra casa no haya suciedad ni delincuentes”, coincide Tohà.

“El debate de la reinserción se pierde en el nivel político: allí únicamente se ve la necesidad de obtener réditos electorales con el incremento de penas”, lamenta Ríos. Y apunta a los problemas añadidos que supone la crisis, donde los recursos dedicados a la rehabilitación y reinserción se ven menguados. “La conciencia es fundamental. Se piensa que son recursos que se malgastan”, lamenta Gallizo. A lo que se suma también la perspectiva de los propios presos. “En una situación como la actual no es fácil hacerles pensar que van a encontrar un puesto de trabajo cuando salgan”, admite García.

¿Cuál es su remedio? ¿Que hagamos infinitas cárceles? ¿Que pongamos cadenas perpetuas para los reincidentes? Los países más penalizadores no son los que tienen más seguridad”, concluye Gallizo. “Por suerte, Miguel ha sabido mantener la cabeza fuera”, dice su abogado. “Hay delitos económicos mucho más graves, pero como suelen ir aparejado a personas pudientes, solo cumplen penas iniciales”, se queja. “A Miguel Montes nunca le propusieron nada”, asegura su abogado. “¿Y ahora qué hace? No tiene paro, no tiene cotización, no tiene nada, y sus hijas son menores. Parece que a alguien se le ha olvidado que no encerramos a la gente por encerrarla, la encerramos para reeducarla”, lamenta.

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