El PP de Cantabria se parte en dos por las denuncias de fraude en el congreso autonómico

Ocho de los trece diputados autonómicos del PP cántabro y los tres senadores del partido han pedido este viernes a María José Sáenz de Buruaga, la presidenta regional, que dé explicaciones sobre la supuesta utilización de una persona con discapacidad para pagar las cuotas de cientos de afiliados y que así estos pudieran votar en el último Congreso autonómico. La actual líder del PP de Cantabria se impuso por cuatro votos al expresidente autonómico, Ignacio de Diego, en el cónclave de marzo de 2017. Desde el principio, un sector del partido denunció un supuesto fraude. Aunque tanto el comité de derechos y garantías nacional como distintos tribunales han desestimado distintas denuncias porque no han encontrado ninguna irregularidad, la división interna se mantiene. A poco más de un año de las elecciones de 2019, la formación conservadora vive una crisis sin precedentes.

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"Hubo unas irregularidades que están en proceso judicial: supuestamente han utilizado a una persona discapacitada psíquica sin recursos para abrir una cuenta tal que hoy y cerrarla a la semana para el pago de 511 cuotas", resume Ruth Beitia, diputada autonómica del PP y medallista olímpica y mundial en salto de altura. "Las [direcciones] IPS del ordenador dicen que [los pagos de las cuotas] se han hecho desde el Parlamento de Cantabria, desde la sede del partido de Cantabria y desde las direcciones de cuatro personas relevantes en el partido", añade en conversación telefónica con EL PAÍS. "Pedimos explicaciones. Pedimos saber", reclama. Y remata: "Creo en el PP; creo en los valores del PP; y por eso creo que hay que dar explicaciones más convincentes que decir que ese hombre no es discapacitado. Toda persona que lo haya hecho mal debe asumirlo".

"Me llama la atención que pidan explicaciones estas personas cuando llevo un año en la presidencia del PP y no he hecho otra cosa que dar explicaciones", contesta Sáenz de Buruaga. "Sé que son personas muy visibles y notorias, pero son todos miembros de una candidatura [la de De Diego] que deben su cargo al anterior presidente. Ninguno ha aceptado el resultado del Congreso y pretenden preservar un estatus personal, político o económico", argumenta en conversación telefónica. "Todos estos hechos han sido denunciados por tierra, mar y aire: al juzgado de instrucción, que archivó; a la audiencia provincial, que archivó; con una querella ante el Tribunal Superior, que archivó", continúa. "Todos los órganos internos y judiciales, además de la agencia española de protección de datos, han archivado resolviendo que las acusaciones son infundadas", añade, defendiendo que el método de pago a través de una única cuenta que concentra los pagos de distintos afiliados es habitual y legal. "Nosotros hemos pagado 491 a través de esa cuenta y la otra candidatura 444 a través de otra. Es decir, a través de la cuenta de Miguel no se puede y a través de la de un cargo público sí se puede", ironiza.

Otro elemento de tensión entre las dos partes es la supuesta discapacidad del afiliado de Laredo que pagó las cuotas. Sáenz de Buruaga asegura que no le conoce. Y plantea que ese dato es irrelevante en el contexto de la polémica: "Por esta regla de tres, una persona como Stephen Hawkings no podría participar en el Congreso del PP de Cantabria".

Los críticos del PP cántabro llevan más de un año sin asistir a las reuniones de los órganos internos de la formación. De Diego, el presidente saliente, incluso ha pedido que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, vuelva a Cantabria para poner orden, intentando así debilitar la posición de Sáenz de Buruaga. Sin embargo, la dirección regional asegura que el partido se está reconciliando, que la presidenta tiene el apoyo de centenares de alcaldes, y que ha habido 400 afiliaciones desde mayo de 2017.

Pero la batalla interna en el PP de Cantabria no está pasando ni mucho menos desapercibida en la sede nacional de Génova. Sáenz de Buruaga cuenta con el apoyo de la dirección nacional. Eso no impide que al mismo tiempo los dirigentes populares estudien la posibilidad de contar con un candidato independiente para las elecciones autonómicas de 2019, con el objetivo de que actúe como elemento aglutinador.