Israel desoye las demandas de la Audiencia Nacional sobre la muerte del cabo Soria

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Las autoridades israelíes desoyen sistemáticamente las comisiones rogatorias que desde enero pasado les remite mensualmente el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, quien instruye diligencias previas por la muerte del cabo Francisco Javier Soria, el 28 de enero de 2015 en Líbano. El casco azul español murió por el impacto de un proyectil de artillería israelí contra un puesto de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en la línea azul (frontera) entre Líbano e Israel.

En una provicencia dictada el 20 de octubre, el citado magistrado explica que, desde enero pasado, “mensualmente, la última vez el 18 de octubre de 2016”, viene reiterando a las autoridades judiciales israelíes comisión rogatoria internacional para que faciliten la información de que dispongan sobre estos hechos y, especialmente, si se sigue algún procedimiento en aquel país en torno a los mismos y, en su caso, ante qué organismo, de qué clase y con qué número. Saber si exite o no un procedimiento abierto en Israel en el que se investigue la muerte del casco azulespañol es un paso previo para decidir si se admite a trámite la querella criminal presentada por los padres del cabo Francisco Javier Soria, a los que el juez Andreu ya ha autorizado a personarse en la causa como acusación particular.

Fuentes jurídicas estiman que, si se mantiene la falta de colaboración por parte de las autoridades judiciales israelíes, el magistrado podría concluir que no existe ninguna causa abierta en dicho país o que, de existir, no ofrece las suficientes garantías, y admitir a trámite la querella.

La causa por la muerte del cabo Soria acabó en la Audiencia Nacional, donde lleva más de un año paralizada a la espera de que se decidida su admisión a trámite, después de que la justicia castrense se inhibiera de investigarla, ya que esta solo es competente para juzgar los delitos en los que se vean involucradas unidades militares españolas desplegadas en el extranjero cuando el acusado sea español.

El casco azul murió por el impacto de un obús de artillería de 155 milímetros lanzado por la artillería israelí contra la torre de vigilancia de una posición de la ONU en el sur de Líbano en respuesta a un ataque previo de la milicia chií Hezbolá. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque y subrayó que las coordenas de la posición de la Finul bombardeada eran “bien conocidas” por el Ejército de Israel.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró en abril del año pasado en el Congreso que la muerte se debió a una “cadena de errores y negligencias” del Ejército israelí, que no tuvo “intencionalidad” de matar. “He oído acusar a Israel de que o bien ha tirado directamente contra el cabo Soria o bien que, como ya todo le daba igual, tiraba contra todo. Esto último es más cercano” a la realidad, añadió.

En lo que constituye un reconocimiento implícito e infrecuente de responsabilidad, Israel acordó con el Ministerio de Defensa español indemnizar con 200.000 euros a la viuda y el huérfano del cabo. Sin embargo, sus padres, Margarita Toledo y Francisco Soria, rechazan que la muerte de su hijo se pueda zanjar con un acuerdo puramente económico y reclaman una investigación judicial independiente que aclare los hechos y depure todas las responsabilidades. Tras la muerte del cabo Soria, la Finul ha blindado las torres de vigilancia de sus puestos en la línea azul entre Líbano e Israel.

El caso Soria será una nueva piedra de toque de las limitaciones de los tribunales españoles tras la última reforma de la Justicia universal aprobada por el PP.

El Tribunal Supremo acordó el pasado jueves el sobreseimiento de la causa abierta por la muerte del cámara de Tele 5 José Couso, por un disparo de un carro de combate estadounidense durante la toma de Bagdad (Irak) en abril de 2003, y rechazó presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra el recorte de la jurisdicción universal. Y eso pese a considerar que la muerte fie fruto de “un ataque no justificado de fuerza armada a la población civil” y de lamentar la “escasa cooperación judicial” prestada por EE UU.