La vida pendiente de los crujidos del edificio

En Cádiz, el destino caprichoso puede hacer que tu esperanza de vida fluctúe hasta ocho años, dependiendo si naces en los barrios populares del centro o en Bahía Blanca, la zona más cara. Si la cigüeña te dejó en La Viña, San Juan o Santa María, probablemente se desarrollará en ti un sexto sentido que te llevará a comprender los lamentos de las viejas fincas. Sabrás si ese crujido que escuchaste a media noche entra dentro de lo normal o debes salir corriendo de casa con lo puesto porque un derrumbe está en ciernes. Es la lacra que, tradicionalmente, soportan los gaditanos que aún siguen viviendo en infraviviendas: casas centenarias donde los puntales, las humedades y hasta los retretes comunes siguen siendo una realidad en pleno siglo XXI. Después de años de paralización del plan de rehabilitación del casco histórico, en la ciudad aún viven unas 1.000 personas a la espera de poder dejar atrás para siempre esta suerte de chabolismo vertical.

Ana Vargas ya ha perdido la cuenta del tiempo que lleva anhelando salir del bajo interior en el que vive en la calle República Dominicana, 11, en pleno barrio de La Viña y en la vía paralela en la que vive el alcalde, José María González ‘Kichi’. Para llegar a la puerta de su casa, hay que atravesar dos patios llenos de cables colgando, tuberías remendadas y desconchones en las paredes en los que cabe un puño. Tiene 74 años y habita una serie de cuatro habitaciones correlativas semiventiladas con sus tres hijos (dos discapacitados), una nieta y una bisnieta. “Yo no lloro por chico, sino porque está todo hecho un polvorón”, reconoce. Se refiere a la arena constante que se desprende de las paredes, comidas por la humedad y recorridas “por cucarachas, ratones y babosas”.

Paga 225 euros por el alquiler de esas estancias y de dos cuartos más en la planta superior de la finca, aunque hacen vida en el bajo. Allí, a pocos pasos del salón, su hijo discapacitado duerme en una oscura habitación sin ventilación. Ella es uno de los 1.000 vecinos que el Ayuntamiento estima que viven en 50 fincas, donde el hacinamiento está a la orden del día. Ese es el resultado que ha obtenido del Mapa Urbano de la Infravivienda que el Consistorio ha realizado para conocer cuántos vecinos se quedaron durmiendo el sueño de los justos. De un total de 2.915 edificios residenciales del casco histórico, el estudio ha revelado también que existen 146 edificios abandonados y 25 solares en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro de España. “En los años en los que estamos es incomprensible que sigamos así”, denuncia Conchi Domínguez, presidenta de la asociación Mujeres de Acero, que lucha por mejorar las condiciones sociales de los desfavorecidos.

Años de retraso

La misma Domínguez vive también en una casa con “las zonas comunes en ruina técnica”, llena de puntales. El propietario de su finca no tiene dinero para rehabilitar la estructura. Conchi comprende su situación y, por eso, pide al Ayuntamiento que “haga más presión para acabar con esta lacra”. Es la Junta de Andalucía la que trabaja para atajar esta situación, desde el Decreto 78/1999 por el que se quedó las competencias para rehabilitar las fincas del recinto histórico de Cádiz.

Desde ese entonces, la Consejería de Vivienda ha invertido 154.439.051 para acabar con la infravivienda en 264 edificios. Los compraba, realojaba a los vecinos (con alquileres de renta antigua), los rehabilitaba y devolvía a los inquilinos a sus viviendas. En otros casos, llegaba a acuerdos con los propietarios de estas fincas centenarias para ayudarles en los arreglos. El plan gozó de tanto éxito que se creó una Oficina de Rehabilitación y el modelo se exportó a otras ciudades. Pero, entre la crisis y el éxito, el dinero se acabó. “En los últimos años, la inversión ha sido prácticamente inexistente, lo que ha frenado en seco la posibilidad de seguir actuando en infravivienda”, denuncia la concejala de Vivienda, Eva Tubío (de Ganar Cádiz, el partido que gobierna en coalición con Podemos).

El concejal popular Juan José Ortiz es mucho más duro: “El compromiso de rehabilitación integral del centro debía de estar finalizado en 2003. Los gaditanos llevamos 5 años de retraso de políticas de vivienda en los peores momentos de crisis inmobiliaria y de necesidad habitacional”. Por su parte, desde la Junta reconocen que en estos años “se ralentizaron, se redujeron o se suspendieron algunas intervenciones”. Sin embargo, recalca que ahora “se viene observando una recuperación de la actividad”.

De hecho, la administración ha anunciado que, “en breve”, va a comenzar la rehabilitación de 37 fincas con 372 viviendas y que “se van a poner en marcha nuevos programas en el seno del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a aplicar de 2016 a 2020”. Tubío confía en que, de esta vez, sea la definitiva ya que cree que, hasta ahora, “la falta de diálogo entre administraciones en esta ciudad ha sido constante”. En total, se estima que faltan 30 millones de euros para acabar con la infravivienda, una cantidad que suena casi irrisoria se se atiende a que el nuevo puente sobre la Bahía costó 511 millones.

La nueva promesa

Domínguez quiere creerse la nueva promesa de la Junta: “Si es cierto, es una alegría”. La rehabilitación deberá fijar ahora sus ojos en su barrio, La Viña, y en el cercano de San Juan, ya que buena parte de la inversión anterior se la llevó Santa María. “Es necesario que se acabe con esto, la gente vive mal en esta casas y eso afecta a su salud”, reconoce la presidenta. De hecho, su asociación está colaborando en un plan municipal de salud por barrios que parte de la premisa de que la provincia tiene la esperanza de vida más baja de España (según un informe de 2014 del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). A su vez, en la capital un varón vive, de media, entre los 77,48 años (de Bahía Blanca) y los 69,52 (en La Viña, Santa María o San Juan).

Además de la calidad de vida o la alimentación, Domínguez cree que la situación de infravivienda es clave en esta diferencia de ocho años: “En La Viña fallece más gente, las condiciones de vida en estas casas son muy malas”. Lola Núñez lo sabe bien. Tiene 81 años y es vecina de Ana y, aunque no le gusta quejarse, tiene bronquitis asmática y se asfixia. Pinta su bajo todos los años y, aun así, la humedad gana al blanco en su salón. Dice que ya están “hartos de esperar” a que los saquen de una casa en la que ya solo quedan tres vecinos, de las decenas que hubo. Era una de esas corralas populares, en las que las familias vivían en habitaciones, conocidas en Cádiz como ‘partiditos’.

“La mayoría se marchó o se murió”, como añade Vargas. A ella no le queda más que esperar, mientras que su casa hace tiempo que empezó a deshacerse como un terrón de azúcar. Hace más de un año que también se inscribió al registro de viviendas sociales de Procasa (empresa municipal de vivienda). Por su situación económica y familiar, le dieron 11 puntos. Sigue confiando en una solución, mientras mira agobiada a su hijo hecho un ovillo en la cama y sentencia: “No sé cuánto nos quedará aquí, espero que no me den los Santos Óleos esperando”.