Chaves, en el juzgado: “Nunca se impulsó o aprobó una decisión ilegal”

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán han comparecido de manera breve ante el juez que investiga la rama política del caso de los ERE, Álvaro Martín, para ratificar sus declaraciones ante el Tribunal Supremo y negarse a responder a las preguntas de la fiscalía y las acusaciones. A la salida, ambos se han remitido a escuetos comunicados exculpatorios que resaltan que ya declararon hace un año en el alto tribunal.

El abogado de Griñán, José María Mohedano, ha acusado al Gobierno de intentar "compensar" los últimos casos de corrupción con las citaciones de los expresidentes socialistas, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción. "El Gobierno ha presionado para que se produzcan estas declaraciones y hagan el paseíllo y compensen los nuevos casos de corrupción. El fiscal anticorrupción [Antonio Salinas] vino hace pocas semanas a Sevilla a lo que vino, se trata de prolongar el caso. Esta causa es muy antigua y debería cerrarse ya". Mohedano ha censurado que la fiscalía hay pedido prolongar 18 meses la causa, cuando el letrado estima que una instrucción de cinco años ha sido suficiente.

Media hora antes, el expresidente andaluz Manuel Chaves ha ratificado su declaración prestada ante el Tribunal Supremo hace un año. "Reitero, una vez más, que en los Consejos de Gobierno que presidí, durante mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía, nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal", reza su comunicado entregado a la salida de su declaración.

Chaves ha aclarado al juez que considera que no tiene nada nuevo que aportar. "No se ha producido novedad alguna en relación con los hechos por los que presté declaración ante el Tribunal Supremo. Nada ha cambiado y mi posición no ha variado (...) En el Supremo presté declaración durante varias horas y contesté a todas y cada una de las preguntas que me formularon el magistrado instructor y el ministerio fiscal", reza el comunicado.

El expresidente ha evitado acogerse a su derecho a declarar ante el magistrado, pero ha matizado que no iba a responder a las preguntas del fiscal, que ha encadenado más de una veintena de preguntas sobre ayudas concretas del fondo de los ERE como Primayor, Anovo Comlink y la participación del principal imputado, el exdirector de Trabajo Javier Guerrero. Además, el PP le ha preguntado por una ayuda a la empresa Promi que no estaba incluida en el escrito de imputación del Supremo.

Chaves ha llegado a los juzgados a las 9.45 en coche rodeado de un gran despliegue policial mientras varias decenas de personas le han increpado con gritos de "no hay pan para tanto chorizo" y "PSOE y PP, la misma mierda es". El expresidente ha accedido al edificio y a las 10.00 ha entrado en una sala habilitada para acoger a unos 20 abogados.

Media hora después ha comparecido Griñán con un guion similar. Ha explicado al magistrado que consideraba suficiente y extensa su declaración ante el Supremo. "Se extendió por un tiempo superior a las cuatro horas y cuya transcripción ocupa 63 folios, intervinieron, además del juez instructor, dos fiscales a los que contesté con claridad y minuciosamente a 119 preguntas que me fueron formuladas", ha alegado en su comunicado. Después de Griñán ha comparecido el exconsejero José Antonio Viera (2000-2004) que tampoco se ha extendido en su declaración y ha remitido al juez a su testimonio ante el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro. Esta mañana Viera ha preguntado al juez Álvaro Martín si quería interrogarle, pero este ha declinado la invitación.

Tanto Chaves como Griñán declararon ya ante el Tribunal Supremo el pasado abril, cuando este instruía la investigación dada la condición de aforado. Chaves y Griñán entregaron entonces sus actas de diputado y senador, y el caso regresó desde Madrid a Sevilla.

Hace unas semanas Griñán presentó un escrito para evitar su declaración, aunque fue en vano. "A lo único que conduciría su nueva citación es a un nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el del famoso paseíllo en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme a mi representado", esgrimió la defensa del expresidente para intentar evitar la declaración pedida por la Fiscalía Anticorrupción, un escrito que el juez finalmente ignoró.

El magistrado, que instruye las primeras seis piezas tras la división del caso, debe aún decidir si la imputación de los expresidentes y los otros 48 investigados en esta rama avanza por prevaricación y malversación o solo por el primero de estos delitos. Esta mañana esta cuestión clave no ha quedado resuelta y Chaves, Griñán y Viera han declarado por "hechos".

Esta investigación de los ERE analiza si la cúpula de la Junta andaluza diseñó un plan para desviar fondos públicos mediante un sistema ilegal a través de las transferencias de financiación. La juez Mercedes Alaya acusó a los máximos dirigentes del Ejecutivo autonómico de malversación y prevaricación. Sin embargo, el Supremo rebajó la acusación y solo consideró que podrían haber cometido una prevaricación por su gestión del fondo de los ERE, que contó con 855 millones entre 2001 y 2010. Curiosamente, Alaya dará una conferencia en Sevilla, su segunda intervención pública desde que abandonó el juzgado de los ERE.