El socialista Barreda reclama 940 millones

Al final de un diálogo que no condujo a ninguna parte, se produjo la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de la nación. Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo de Castilla-La Mancha al defender que el Gobierno le debe 940 millones de euros. Se trata de una clara discrepancia en el cálculo de lo que corresponde a esta comunidad en aplicación del modelo de financiación autonómica correspondiente a 2011.

“El Gobierno está traladando una parte de su déficit a las comunidades autónomas en la medida que nos da menos financiación de la que nos corresponde: El Gobierno central disminuye su déficit y aumenta el nuestro”. Esta es la consecuencia de esa disparidad en los cálculos, según señala a este periódico la vicepresidenta y consejera de Economía en funciones del Gobierno regional, la también socialista María Luisa Araújo.

La discrepancia es muy profunda porque atañe a dos de los principales conceptos del sistema de financiación. El recurso ante los tribunales contencioso administrativos, tramitado el pasado 28 de abril y conocido ahora, se basa en dos motivos. Por un lado, el Gobierno no ha ingresado los recursos adicionales, que se derivan de los fondos de cooperación o de competitividad -que unidos forman los fondos de convergencia- correspondientes a 2011, con el argumento de que lo regularizará en 2013. “Pero mientras tanto nosotros tenemos que seguir pagando la Sanidad, la Educación y todos los servicios durante este año; necesitamos el dinero ahora”, explica Araújo. Con este fondo se trata de compensar a las comunidades autónomas con menor renta per cápita. Los cálculos regonales les llevan a reclamar por este capítulo 440 millones. Los otros 500, y así suman el total de 940, nacen de la discrepancia en el cálculo de las entregas a cuenta por el IVA.

De estos dos criterios de denuncia participan otras comunidades como se aprecia en el recurso presentado por el Gobierno de Castilla y León, del PP. Eso sí, Araújo remacha que su Gobierno defiende sin la menor duda el sistema de financiación que puso en marcha el gobierno central en julio de 2009. La discrepancia está solo en la interpretación de los cálculos.