El edil que 'vació' los paraísos fiscales

En una charla con un vecino aficionado a la caza, el edil de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, replica: "¿Y cuánto te cuesta a ti una cacería? El vecino, que le había preguntado por qué no se dedicaba de lleno a la abogacía para ganar más dinero que en la política, le contesta: "Ya lo he entendido, es como una afición". Esta conversación define, según Ángel Galindo, qué es para él la política: "Un compromiso, no un medio de vida". Galindo en una carta dirigida a sus vecinos presenta las grandes líneas de su programa electoral: la lucha contra la corrupción, la habilitación del que denominan cuarto museo de Madrid en el Palacio del Infante don Luis, y la puesta en marcha de una iniciativa que posibilitará que Boadilla, una ciudad de 45.000 habitantes, se sitúe entre las denominadas slow, que son las localidades que apuestan por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Galindo no cobra como concejal, al margen de las dietas por asistencia a los plenos, de periodicidad mensual. Y por eso sigue ejerciendo su profesión de abogado, pero siempre teniendo como "prioritario" su cargo en el Consistorio.

En la carta, el edil da cuenta del trabajo realizado. Y uno de estos trabajos trasciende el territorio municipal, llegando a casi cualquier país del mundo: Galindo fue el abogado que asesoró al exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas para que denunciara el que posteriormente se denominó caso Gürtel, y que acabó con la dimisión de dos alcaldes de Boadilla. Dejando al margen el centenar de imputados, muchos de ellos altos cargos del PP, la investigación iniciada por Baltasar Garzón ha conseguido recuperar decenas de millones de euros en paraísos fiscales. "Nunca los cerca de 1.400 votos de un partido local han llegado tan lejos", sostiene Galindo. Y esos votos, tal y como explica este edil, no solo han llegado lejos desde un punto de vista geográfico, sino en las instituciones: "Al Congreso, al Senado, y a los tribunales superiores de justicia de Madrid, Valencia y Castilla y León. Y también al Tribunal Constitucional", alega.

Pero los apoyos a Galindo "son habas contadas", aseguran sus adversarios, ya que casi todos se concentran en el casco viejo del municipio, su principal radio de acción. Pero sin embargo, las zonas de las urbanizaciones, denominadas sectores, son un coto cerrado para el PP, con un PSOE francamente afectado por el desgaste nacional, según las encuestas que filtran los partidos, más o menos interesadas. Asimismo, los principales expertos creen que los electores no castigarán la corrupción.

El voto en las urbanizaciones suele reflejar tradicionalmente la dialéctica nacional: PP o PSOE, con la entrada de Unión Progreso y Democracia (UPyD). En las pasadas elecciones la preferencia de los vecinos fue clara: 16 concejales para el PP, 4 al PSOE y el de APB. Las últimas encuestas vaticinan que este partido podría subir. Pero el PP conservaría la mayoría.

El PP prevé mantener la mayoría absoluta pese a las irregularidades

Con este análisis en la cabeza Galindo se dirige al 64% de votantes del PP "que se hayan podido sentir defraudados". Pidiendo el voto para castigar al PP local, por cuya actuación corrupta pidió perdón la presidenta regional, Esperanza Aguirre, quien por su parte protagonizó en 2003 un acto electoral del PP del municipio que pagaron dos empresas privadas, según el sumario del caso Gürtel.

El currículum jurídico-político de este político "atípico" muestra que ha conseguido que el Tribunal Constitucional considere que el PP de Majadahonda vulneró los derechos constitucionales de su defendido José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel. También la Audiencia Provincial ha declarado ilegal nada menos que la construcción del edificio del nuevo Ayuntamiento de Boadilla, un caso que ya perseguía el padre de Galindo, exedil en el Consistorio. Pero una de sus mayores satisfacciones fue ver cómo el sumario incluía, entre las operaciones detectadas a la trama de Correa, el pelotazo en el municipio del empresario José Luis Ulibarri. Esta operación ya había sido denunciada en 2007 por el propio Galindo, pero el magistrado Emilio Fernández de Castro inadmitió, sin investigación alguna, la querella. En la misma se recogían irregularidades del Ayuntamiento de Boadilla para favorecer a Ulibarri, de las que ahora hay pruebas. Pedreira se opuso entonces a que se archivase la querella con un voto particular. El resultado de aquella denuncia fue que Galindo tuvo que abonar una multa de 400 euros: "Que pagué con mucho gusto", argumenta el edil, "sobre todo sabiendo que todo lo que denunciaba era verdad".