La deuda paraliza la lucha contra el cambio climático en el Sur Global

Ralentizada por mil motivos, la carrera contra el cambio climático ha topado con un nuevo escollo. Se llama deuda y azota con una virulencia desconocida en décadas a 54 países en vías de desarrollo. Tras años de alegría crediticia, la pandemia y la guerra de Ucrania han supuesto sendas bofetadas de realidad. Al desperezarse, muchos Estados han comprobado que las cuentas no salen. Hoy predomina, en amplias zonas del mundo, una sensación de resaca paralizante. Mientras, la Tierra da muestras crecientes de emergencia medioambiental, señales de que el tiempo se agota.

Ambas crisis —climática y de deuda— interactúan mediante dinámicas perversas, generando espesos bucles, círculos viciosos de difícil escape. Deudas asfixiantes que impiden a muchos Estados armarse con solvencia para la batalla contra el calentamiento global. En sentido inverso, los compromisos climáticos obligan a pedir más dinero prestado. Ser más vulnerables ante los estragos del clima implica, para varios países de renta media y baja, un aumento en las tasas de interés que exigen los acreedores. Es decir, una deuda más cara. Y cuando la naturaleza se ceba allí donde ya cunde la fragilidad, provocando desastres y catástrofes, con frecuencia solo queda una opción: endeudarse más.

Hace unas semanas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó un informe que insta a una reestructuración masiva de deuda. No es hora ya, se lee en sus páginas, de moratorias o aplazamientos. Patadas hacia delante y parches localizados que han ido cerrando, si acaso, las heridas más sangrantes sin contemplar una cura estructural. Para el PNUD, ha llegado el momento de poner sobre la mesa un alivio ambicioso.

En su cima de prioridades, el informe (con tono de llamamiento) pide dar aire a los 54 países que sufren “problemas severos de deuda”. Solo así podrán destinar los recursos necesarios para atajar la pobreza y frenar el deterioro provocado por el cambio climático. El vínculo entre ambos fenómenos, subraya, suele ser estrecho. En esos países vive el 50% de la población mundial en situación de extrema pobreza. Hasta 28 de ellos están en la lista de los 50 Estados con mayor vulnerabilidad climática.

Uno de los autores del informe, George Gray Molina, ilustra por videollamada, con cifras redondas, hasta qué punto podría ayudar —en la contrarreloj por la sostenibilidad del planeta— un borrón y cuenta nueva entre acreedores y deudores. “Estos países destinan 200.000 millones de euros anuales al pago de deuda. Justo el doble de lo que establece el Acuerdo de París para financiación climática”.

En la COP21 (cumbre del clima celebrada en 2015 en París), los países ricos se comprometieron a volcar —para acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático— 100.000 millones de euros al año hacia los países en vías de desarrollo. En un escenario hipotético (aunque poco plausible) de condonación total, los países con deudas agobiantes dispondrían automáticamente de esos 200.000 millones de euros liberados del pago de sus deudas. Casi un sueño de emancipación financiera.

Condicionalidad verde

Siempre en el terreno de lo potencial, queda por saber si sería posible garantizar que ese dinero (o buena parte de él) fuese efectivamente a neutralizar las consecuencias del cambio climático. Gray Molina se muestra optimista y traza una analogía con el HIPC, las siglas por las que se conoce al acuerdo global de reestructuración de deuda alcanzado a finales de los 90. “Entonces se vinculó la cancelación a la erradicación de la pobreza; de igual forma, un futuro acuerdo podría asociarse a la lucha contra el cambio climático. Veo factible una negociación colectiva bajo un paraguas de canje de deuda por logros medioambientales”, afirma.

Iolanda Fresnillo, coordinadora de políticas de incidencia en la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad por sus siglas en inglés), se reserva una mirada escéptica. En especial, ante la probabilidad en el corto plazo de un gran pacto de cancelación: “Durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) [celebradas en octubre], me quedó claro que, ahora mismo, no se contempla esta opción; quizá sí se plantee más adelante, cuando la situación sea aún mucho más grave y no haya otra salida”.

Si algún día se firma una condonación de amplio alcance, Fresnillo juzga poco deseable que los acreedores impusieran requisitos a priori. Para ella, sería otro síntoma de neocolonialismo, en este caso con hipocresía subyacente: “Estoy en contra de una condicionalidad teñida de verde. Los países ricos se creen en condiciones de decir al Sur Global lo que tiene que hacer, si la prioridad es luchar contra el hambre o invertir en placas solares. Mientras, ellos no hacen su trabajo a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Gray Molina admite que un exceso de celo medioambiental podría inhibir —por sus exigencias de transformación— el crecimiento en países con graves carencias de bienestar. En el binomio emisiones/progreso, donde abundan complejos dilemas, el economista del PNUD apuesta por una receta simple: “Flujos extraordinarios de financiación y tecnología hacia los países del Sur”.

Cada vez más organizaciones demandan al Norte Global un giro de 180º en la forma de financiar estrategias contra el cambio climático. Reclaman menos préstamos (concesionales o no) y más subvenciones directas

Los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre financiación climática global —que aún no ha alcanzado, en ningún año, los 100.000 millones de euros comprometidos en el Acuerdo de París— arrojan un patrón preocupante. Alrededor de un 70% son préstamos y no subvenciones. Entre los préstamos (que obviamente han de ser devueltos y contabilizan como deuda), existen dos categorías. Los concesionales fijan condiciones, por así decirlo, sin ánimo de lucro (el acreedor presta dinero, pero no hace dinero con la operación). Por el contrario, los no concesionales “incluyen intereses, son como cualquier instrumento disponible en los mercados financieros”, aclara Norman Martín Casas, responsable de Resiliencia Climática en Oxfam Intermón.

Martín Casas ha estudiado en profundidad lo que ocurre en África Occidental. Sus conclusiones aparecen en un informe publicado el pasado septiembre. En esa región, el porcentaje de préstamos sobre el total de la financiación climática alcanza el 62%, inferior a la media mundial. De ellos, un 27% son no concesionales, con una tendencia al alza. A pesar de contravenir el espíritu del Acuerdo de París (basado en una supuesta solidaridad planetaria), este tipo de préstamos —hacia África Occidental u otras regiones— también suman en los balances anuales sobre financiación climática. “Se están trampeando las estadísticas, falseando datos para dar a entender que se están cumpliendo los objetivos”, denuncia Martín Casas.

Deuda histórica

Cada vez más organizaciones demandan al Norte Global un giro de 180º en la forma de financiar estrategias contra el cambio climático. Reclaman menos préstamos (concesionales o no) y más subvenciones directas, fondos que no engorden la bola de la deuda. Una de las más activas es Debt Justice, con sede en el Reino Unido, para la que la justicia climática y de deuda son primas hermanas. Sin sostenibilidad presupuestaria, advierte este movimiento de la sociedad civil, el horizonte de un planeta sostenible se aleja.

En un estudio aparecido a finales de octubre, Debt Justice insistía en su demanda básica: aligerar significativamente el peso de la deuda para que el Sur Global pueda acometer un desarrollo sólido. En los términos que él decida y sin la soga al cuello. Sus autores también pedían al G20, el FMI o el BM inyecciones de dinero a fondo perdido para que los países en vías de desarrollo vayan abandonando, poco a poco, los combustibles fósiles y puedan ahuyentar la tentación del extractivismo. Y ponía el foco en un concepto cada vez más extendido al hablar de catástrofes climáticas: pérdidas y daños.

¿Quién debe pagar los efectos de sequías pertinaces o feroces ciclones en los países en vías de desarrollo?

¿Quién debe pagar los efectos de sequías pertinaces o feroces ciclones en los países en vías de desarrollo? Según Fresnillo, la respuesta habitual supone la quintaesencia de la injusticia climática. “Tras un evento extremo, siempre aumenta la deuda. Muchos países no disponen de recursos suficientes para hacer frente a la emergencia y la reconstrucción, así que se ven abocados a pedir prestado”, afirma Fresnillo, quien ha investigado a fondo los entornos geográficos donde esto se revela más evidente: pequeñas islas tropicales. En ocasiones, como demuestra un análisis publicado en International Review of Economics & Finance, los Estados más expuestos a un clima cambiante pagan además intereses mayores debido a su propia vulnerabilidad.

Para Martín Casas, el propio término deuda —con su carga implícita de responsabilidad— admite matices que conviene tener en cuenta. “Hay que hablar también de deuda histórica, aún muy poco reconocida, por los impactos de una crisis climática causada fundamentalmente por el Norte Global”. Gray Molina, por su parte, alude a los mapas acumulativos de emisiones para sostener la posición del PNUD: en la acción para garantizar un planeta habitable, “debe pagar más el contaminador”.

La creación de un depósito generoso y ágil para pérdidas y daños será uno de los puntos calientes de la COP27, que se celebra en Egipto. Se augura que una dialéctica vigorosa, con ideas como justicia, responsabilidad o agravio, animen el debate. A un lado de la mesa de negociaciones, el V20, que aglutina a 58 países (en origen fueron 20) especialmente vulnerables (de ahí la “V”) a la furia del clima. Al otro, los países ricos, donde el foco de máxima preocupación ha virado durante el último año —cruel ironía del destino— hacia la escasez y carestía de combustibles fósiles. Mezclado entre el público, invisible y expectante, quizá el planeta confíe en que la coyuntura no haga perder la perspectiva.

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