Cataluña reordena el tablero

El primer Gobierno en solitario del PSC en Cataluña —y el primer presidente no independentista desde 2010— invita a esperar una nueva etapa en la que las instituciones de la comunidad funcionen para todos los ciudadanos, liberadas de tener que servir a una estrategia de permanente frentismo independentista. A esto se comprometió este sábado en su toma de posesión el nuevo president, Salvador Illa, cuando distanció su proyecto de “planteamientos divisivos”. La dependencia parlamentaria de ERC es un ángulo ciego en esa promesa. Los republicanos mantienen la incertidumbre sobre cuánto van a condicionar la acción de Illa en el día a día. Las tensiones independentistas seguirán. Pero cuatro días después de la astracanada con la que el expresident Carles Puigdemont intentó boicotear la investidura, el escenario es este: una Generalitat que se pone al teléfono del resto del Estado, también para el PP, con el principal agitador populista huido y desacreditado. El cambio no es menor. Illa merece la oportunidad de comenzar su trabajo con el beneficio de la duda y con mano tendida.

Por contraste, el PSOE se prepara para pagar el precio político de ese cambio, aún difícil de calcular, en el resto de comunidades, en su propia cohesión interna y en el Congreso. En el pacto con ERC, Illa asume promover una reforma del sistema de financiación que otorgue a Cataluña el control de todos los impuestos en la comunidad en una especie de concierto fiscal inspirado en el País Vasco, aunque con un elemento de solidaridad que está por definir. Ante esa falta de concreción, de primeras el PSOE tiene que defender como propio un planteamiento de máximos del independentismo catalán que hasta hace poco rechazaba.

Los recelos son legítimos y, por ahora, no han encontrado una respuesta. En el frente interno, varios barones socialistas han anunciado ya su rotunda oposición a una propuesta cuyos críticos aseguran que, en una versión extrema, rompería el actual sistema de solidaridad territorial sin una alternativa clara. Es cierto que la propuesta catalana sería solo el principio de una larga negociación. Pero si La Moncloa no comienza ya una intensa labor de clarificación del proyecto de financiación para Cataluña, de sus repercusiones en el modelo conjunto y de pedagogía sobre lo que pretende, el ruido territorial crecerá, y con él la confusión en torno a lo que representan los socialistas. Los líderes del resto de comunidades responden legítimamente a sus votantes, no a los votantes catalanes. El reto es sobre todo para María Jesús Montero, número dos del PSOE, vicepresidenta y ministra de Hacienda, que debe liderar la reforma del sistema de financiación autonómica.

En el ámbito parlamentario, la onda expansiva del cambio en Cataluña se mueve al menos en dos direcciones. La más obvia, la imprevisibilidad a partir de ahora de los siete diputados de Junts, el partido que vive la derrota de Puigdemont como una humillación. No hay señales que se puedan interpretar como una ruptura, pero tampoco de lo contrario, y esos votos pueden resultar imprescindibles para los Presupuestos. La otra es Sumar, el socio de coalición: la división interna sobre la financiación “singular” de Cataluña es evidente desde el primer día.

Por último, merecerá la pena fijarse en la forma en que un Govern no independentista afecte a la oposición del PP, que descansa de manera desproporcionada sobre la fantasía de que el PSOE pretende destruir España de la mano del separatismo. La fuerza que tiene el independentismo es la que le han dado las urnas, nada más, y es una minoría en este momento. Su discurso se tendrá que adaptar a la realidad de que Cataluña ha cambiado de trayectoria. Por primera vez en casi tres lustros, hay un Govern que promete canalizar esas demandas en las instituciones, no en la agitación callejera y la ilegalidad. Por tanto, el PP está obligado a defender su oposición con lealtad y en esas mismas instituciones. El procés se ha acabado para todos.