¿Un Gobierno ambientalista? El reto de Sheinbaum

La presidencia de Claudia Sheinbaum arranca con un escenario complejo en materia medioambiental. Se enfrenta a un recorte presupuestal del 60% en este sector, una crisis de calidad de agua en el sureste exacerbada por los megaproyectos, la pérdida de 10 millones de árboles y más de 20.500 muertes por enfermedades vinculadas a la mala calidad del aire. Estos datos son alarmantes y evidencian la urgencia de que el medio ambiente se convierta en una prioridad ineludible.

La administración anterior apostó por energías fósiles. Muestra de ello, limitó la generación de electricidad privada y apostó por fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque esto significara incrementar el uso de carbón y combustóleo —altamente contaminantes—. Además, se implementaron programas como Sembrando Vida, que no solo fracasó en algunos casos, sino que incluso contribuyeron a la deforestación, promoviendo una reforestación desorganizada con especies no endémicas. Según Oceana, este programa tuvo un aumento presupuestario del 85% entre 2019 y 2020, lo cual pone en duda la eficiencia de su implementación.

El análisis presupuestario para el sector ambiental reveló una tendencia preocupante a la baja entre 2018 y 2021, con el mayor recorte en 2019 (21% en términos reales). A pesar de que el presupuesto aumentó un 43% en 2022 y un 77% en 2023, para 2024 volvió a reducirse un 11%. La asignación presupuestaria también es desequilibrada: un 89% se destina a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dejando apenas un 1,40% para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y 1,28% para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Es claro que la Conanp, responsable de las 203 Áreas Naturales Protegidas, necesita al menos 1.300 millones de pesos para cumplir con sus tareas. Sin embargo, con los recursos actuales, la pregunta sigue siendo: ¿cómo se protegerán las áreas naturales, cómo se evitará la deforestación y cómo se controlará el impacto de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya?

El Tren Maya es uno de los mayores desafíos ambientales. La presidenta Sheinbaum anunció recientemente la expansión del proyecto hacia Puerto Progreso, Yucatán, pero persisten las dudas sobre la falta de estudios de impacto ambiental y la transparencia en su ejecución. El megaproyecto ha provocado la tala de millones de árboles y amenaza la biodiversidad, lo que subraya la necesidad de mayor escrutinio por parte de la sociedad y las autoridades.

Otro reto fundamental es la reactivación del programa Pago por Servicios Ambientales (PSA), suspendido en la administración anterior. Este programa incentivaba a los propietarios de terrenos forestales a conservar el medio ambiente. Entre 2006 y 2012 logró la protección de 3,2 millones de hectáreas. Reactivar este programa es una oportunidad para restaurar ecosistemas y detener la deforestación.

Además, Profepa debe fortalecerse y convertirse en un verdadero órgano vigilante, capaz de hacer cumplir las leyes ambientales, incluso si eso implica la clausura de megaproyectos. Hasta ahora, su debilidad ha permitido que se eludan normativas cruciales para el equilibrio ecológico.

Sembrando Vida, con una inversión proyectada de 38.928 millones de pesos en 2024, también presenta riesgos. Aunque el programa busca apoyar a 440.000 trabajadores rurales —durante este año—, en muchos casos ha contribuido a la pérdida de bosques, ya que las tierras han sido transformadas en parcelas agroforestales. Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), solo en 2019 se perdieron 72.830 hectáreas de bosque.

A pesar de este panorama adverso, existe potencial para que México se convierta en líder regional en protección ambiental. Claudia Sheinbaum ha demostrado un compromiso con la transición energética, la electromovilidad y la reforestación en su tiempo como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, una vez ungida como presidenta Constitucional, dichas promesas han quedado truncadas. En menos de 10 días al frente del Gobierno, el Congreso se presta a aprobar una reforma constitucional para habilitar la malograda Ley Combustóleo, que le permitiría a la CFE generar a toda su capacidad sus plantas contaminantes de carbón y combustóleo.

El papel de la sociedad civil será esencial para lograr estos objetivos. Empresas, ciudadanos y organizaciones ambientales deberán trabajar en conjunto para crear un contrapeso efectivo, vigilando las acciones del gobierno y colaborando en soluciones sostenibles. No podemos dejar todo en manos de las autoridades; todos tenemos una responsabilidad compartida en la protección de nuestro entorno.

El cuidado del medio ambiente no puede seguir siendo un tema secundario. La nueva administración tiene en sus manos la oportunidad de corregir el rumbo y convertir a México en un ejemplo de gestión ambiental, porque eso significa justicia social, priorizar a los más pobres. Pero esto solo será posible si tanto el gobierno como la sociedad civil asumen un compromiso con el futuro del país. La naturaleza no espera, y nuestra ventana de oportunidad se cierra rápidamente. Necesitamos un liderazgo firme y consciente, pero también una ciudadanía activa, participativa y exigente.