El derecho al aborto ajeno es la paz

En México, cada una las 32 entidades federativas que componen la República tiene su propio código penal y, además, existe un Código Penal Federal. En 2007, los legisladores del entonces llamado Distrito Federal, hoy Ciudad de México, legalizaron el aborto y a partir de 2018, han sido 11 las entidades donde ya se acepta la interrupción legal del embarazo (ILE). Sin embargo, la permanencia del delito de aborto en el Código Penal Federal se ha usado como excusa para no cumplir con la ley, y para no despenalizar en las 20 entidades restantes. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) erradicó ese obstáculo con la resolución a un amparo promovido por GIRE, una ONG feminista.

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Desde los años treinta del siglo pasado, voces feministas exigieron que se considerara al aborto voluntario como elemento de la política de salud pública en lugar de tipificarlo como un delito. Desde que se legalizó hace 16 años en la Ciudad de México, colectivas feministas construyeron redes de apoyo, con mecanismos puntuales para enfrentar la criminalización existente: se ocuparon del acompañamiento y traslado de mujeres de todas las entidades para que accedieran al servicio gratuito de ILE en los hospitales del gobierno de la Ciudad de México y difundieron información sobre cómo administrarse el medicamento que provoca un desprendimiento embrionario.

Más que los arduos procesos legislativos en cada entidad, han sido resoluciones de la SCJN, derivadas de varios litigios estratégicos como el que hoy en día celebramos, lo que junto con el debate jurídico internacional, han abierto la posibilidad de abortar legalmente. En especial, la SCJN coincide con la decisiva resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo, que concluyó que el Estado no puede conferirle a un embrión el mismo estatuto de persona que tiene una mujer, por lo cual los derechos de las mujeres prevalecen por encima de la protección a los embriones.

Compartiendo esa perspectiva jurídica, en septiembre de 2021, nuestra SCJN abordó tres acciones de inconstitucionalidad: en la primera resolvió que no se debe criminalizar a las mujeres que abortan y que se deben prestar los servicios de ILE; con la segunda estableció que un Congreso local no tiene facultades para definir el momento en que inicia la vida; y la tercera refrendó el respeto a la objeción de conciencia individual aclarando que una institución pública no puede objetar.

Los fallos jurídicos han logrado lo que los legisladores no han hecho, debido en buena parte al potentísimo activismo de sacerdotes católicos, pastores evangélicos y neoconservadores de derecha populista. El Vaticano, aliado con el poder político y empresarial, se resiste a rectificar su dogma y con la consigna de “defender la vida desde el momento de la concepción”, prohíbe el uso de anticonceptivos y el acceso al aborto. Además, esta narrativa “provida” ha colonizado las conciencias de muchos políticos y legisladores quienes, pese a que los contextos de pobreza, marginación y desigualdad en México vuelven la penalización del aborto un problema de justicia social, se muestran renuentes a asumir la ILE como una decisión de política democrática.

La disputa en torno al aborto, que reedita la añeja división entre liberales y conservadores, se nutre del caldo de cultivo del pensamiento fundamentalista: ignorancia y prejuicios. Ante la extendida y riesgosa práctica de los abortos inseguros por ilegales que se llevan a cabo todos los días, y conscientes de que es un tema que los políticos evaden, pues consideran que les puede significar un costo electoral, algunas organizaciones feministas recurrimos al litigio estratégico, mientras otras compañeras acompañan a las mujeres, consiguen el medicamento abortivo, organizan protestas y toman la calle.

La Marea Verde es el sustento activista que exhibe la fuerza de la demanda feminista, y que habla del cambio cultural en curso, verbalizado en consignas tipo “Que no haya aborto legal, es violencia patriarcal” y “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”. La reciente resolución de la SCJN también es una afirmación de valores democráticos y laicos, que una parte importante de la ciudadanía suscribe. La ILE, por la que las feministas de la segunda ola luchamos desde hace más de medio siglo, debe verse como un derecho democrático. Y las jóvenes de la Marea Verde cantan en las calles, parafraseando a nuestro prócer Benito Juárez, ¡ El respeto al aborto ajeno es la paz!

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