Matar periodistas en México es muy fácil

Es una parte esencial del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, repetido de manera disciplinada por sus coros de acólitos, colaboradores y simpatizantes. El Gobierno, dice, ya no asesina y persigue a periodistas “como antes”.

El presidente y su Gobierno se han creído tanto este mito que se han olvidado de esa otra parte sin la cual no se entiende la libertad de prensa: la obligación de las autoridades de evitar que otros persigan y asesinen periodistas.

En pocas palabras, no basta que un Gobierno no mate si permite que otros lo hagan con impunidad.

Y es en esta palabra donde está el problema de la libertad de prensa en México, del ejercicio de un periodismo crítico e independiente del poder político, económico o criminal. La impunidad es la gasolina que alimenta el motor de las agresiones contra periodistas. Si un alcalde, legislador, jefe policiaco, funcionario público o criminal quieren hacerle daño a un periodista porque no les gusta lo que publican sobre ellos, pueden hacerlo con la razonable certeza de que no les pasará nada. Lo saben porque al que lo hizo la vez anterior no le pasó nada.

Eso es lo que vincula a dos hechos recientes en Estados tan distantes en el territorio mexicano como Nayarit y Guerrero.

El 8 de julio fue hallado el cuerpo de Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en Tepic, Nayarit. Otros dos periodistas han sido secuestrados en la ciudad en esos inicios de julio, pero luego aparecieron con vida. Uno de ellos, Jonathan Lora, dijo que su secuestro había sido “una confusión”, aunque después Sánchez fue hallado muerto a golpes, con un mensaje clavado en el pecho.

El Gobierno de Nayarit no tardó en decir que el crimen era “un hecho aislado” pese a que el estado es notorio por la colusión de autoridades con el crimen organizado, cuyo caso emblemático es un exfiscal, Édgar Veytia, que se declaró culpable en Estados Unidos de colaborar en el tráfico de drogas.

Para los nayaritas podrá ser un hecho aislado, no así para un país donde el asesinato de periodistas es recurrente. Sánchez fue el caso número 40 del actual Gobierno. El 41 vendría una semana después, el 15 de julio, cuando Nelson Matus, que dirigía el portal de noticias Lo Real de Guerrero, fue acribillado junto a su automóvil atrás de una tienda en Acapulco.

Matus se especializaba en la nota policiaca y eso dio pie a autoridades tanto federales como de Guerrero sugerir que el periodista habría estado relacionado con criminales, aunque las mismas autoridades han estado calladas frente al video que muestra a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, desayunando con el cabecilla del grupo criminal Los Ardillos, uno de los que se pelean el control de Guerrero, que tiene al Estado como el segundo con más homicidios en México este año.

Difícilmente, el Gobierno de Guerrero podrá decir que el asesinato de Matus es “un hecho aislado”, cuando la entidad registra 21 asesinatos de periodistas en los últimos 26 años, la segunda mayor cifra en el país, solo después de Veracruz.

Pero lo que vincula los asesinatos de Sánchez y Matus es la impunidad de los casos anteriores, de los más de 160 asesinatos de periodistas que han ocurrido en este siglo. Aunque México fue uno de los primeros países en contar con una fiscalía federal encargada de atraer la investigación de crímenes contra periodistas, de 2010 a 2021 la llamada Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) obtuvo solamente seis sentencias en los 96 homicidios de periodistas que hubo en ese periodo. Facultada para quitarle a los Estados el control de la investigación de estos crímenes en los que autoridades locales pudieran estar coludidas, la Feadle ejerce una gran discreción. El año pasado atrajo la investigación de solo uno de los 13 homicidios ocurridos en 2022.

Es fácil para matar a un periodista, porque el principal factor que disuade un crimen no existe en México. Saber que uno será perseguido y encarcelado por cometer un crimen es la fuerza más poderosa para evitarlo. En México la probabilidad de salirse con la suya es alta y por eso los homicidios de periodistas continúan subiendo.

En los 56 meses del gobierno de López Obrador ya se acumulan 41 casos, aproximadamente uno cada 5 semanas. En los 72 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 47 asesinatos, y en el de Felipe Calderón, 48. Al paso que va este sexenio, el de un presidente que dice que respeta la libertad de expresión como nadie antes, podría terminar con unos 50 periodistas asesinados, una nueva marca histórica.

Los informes de la organización Artículo19, detestada por López Obrador desde que es presidente, pero elogiada por sus simpatizantes antes de eso, indican que más de la mitad de las agresiones, amenazas e intimidaciones contra periodistas provienen de funcionarios públicos de distintos niveles y la frecuencia de los ataques se ha duplicado.

No es suficiente decir que el Gobierno ya no mata o ataca a periodistas. Otros lo hacen con total impunidad.

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