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OPINIÓN
Columna
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Lo que el notario no quiere que sepas

Se supone que los notarios deberían dar fe pública a fin de otorgar certeza a individuos o empresas. Sin embargo, los notarios en ocasiones han sido utilizados como escudo para mentir y robar

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de México, y Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, en septiembre de 2021.Daniel Augusto (Cuartoscuro)
Viri Ríos

Tener una notaría es tener un muy buen negocio. La utilidad promedio por notaría es tres veces superior a la de un bufete jurídico promedio y dos veces mayor que la de cualquier empresa de apoyo en trámites legales, según el Censo Económico del Inegi. Un notario tiene retornos sobre capital del doble que cualquier otro negocio en México y su retorno sobre inversión es 3,4 veces superior.

El acceso a esta utilidad es un botín que está, con frecuencia, reservado para un grupo selecto de abogados que son amigos o familiares de políticos locales. En la lista de notarios está el primo del exgobernador de Jalisco, un amigo personal del de Tabasco, miembros del gabinete del de Morelos, el sobrino del de Michoacán y hasta el jefe de escoltas del de Coahuila, por mencionar algunos.

La colusión entre el poder político y el notarial es evidente en todo México, pero nadie parece querer decir nada. Esto se debe en parte a que hemos normalizado esta situación y en parte al temor.

Muchos poderosos en México son o han sido notarios. Olga Sánchez Cordero, actual presidenta del Senado fue notaria de la Ciudad de México. Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación y posible presidenciable, es notario e hijo de notario de Tabasco. Alfonso Navarrete Prida, el último secretario de Gobernación de Peña Nieto, también lo fue en el Estado de México.

Además, los notarios siempre tienen un ojo en la opinión pública. Tardé más en publicar un libro donde se cuestionaba la utilidad del notariado que en tener mensajes en mi teléfono personal, por parte de un destacado relacionista público, diciéndome que un famoso Colegio de Notarios me quería “invitar a desayunar”.

En el desayuno, el publirrelacionista, uno de los notarios más poderosos de la Ciudad de México y dos notarios más, me hicieron saber que existía un texto contrapuesto a mi libro donde se celebraba al notariado como una institución no monopólica que contribuía al crecimiento de la economía por dar certeza jurídica. Omitieron decir que el libro se escribió por idea del Colegio de Notarios y con datos facilitados por éste.

Omitieron también decir que muchos datos dicen lo contrario. El Banco Mundial recomienda eliminar la obligatoriedad del notario a fin de facilitar procesos y reducir costos, porque la tecnología ya puede hacer cosas que antes solo los notarios podían. De hecho, los países que obligan a tener un notario para constituir un negocio han bajado del 75% al 47% desde el 2006. Colombia, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago ya no requieren notarios para ese trámite. Además, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y otros estudios académicos han argumentado que el carácter poco competitivo del notariado afecta el bienestar del consumidor. La Cofece incluso le otorgó al notariado el premio al “obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender” pero tuvo que retirárselo cuando muchos notarios se ampararon bajo el argumento de que la Cofece no puede dar premios.

Urge preguntarnos si los notarios en México son necesarios para todo lo que hacen. Se supone que los notarios deberían dar fe pública a fin de otorgar certeza a individuos o empresas. Sin embargo, en realidad, los notarios en ocasiones han sido utilizados como escudo para mentir y robar. Por ejemplo, todas las empresas que llevaron a cabo la Estafa Maestra estaban notarizadas. Las promesas de campaña de varios gobernadores también. El mismo presidente Peña Nieto logró que un notario certificara sus promesas. Aún así, al final de su sexenio no solo había incumplido varias de ellas, sino que el 86% de la población lo consideraba corrupto.

Considero que es tiempo de que México comience a deshacerse de la figura del notario donde no se necesita. Urge limitar el número de funciones para las que se requiere un notario, sustituirlas por tecnología, y para aquellos procesos en los que no sea posible, cambiar la legislación para que los notarios enfrenten competencia y cobren poco.

Para facilitar estos cambios de manera expedita y eficiente, el Congreso debe actuar y centralizar cuanto antes todo aspecto relacionado con el notariado en una sola ley federal y un solo colegio de notarios. El Colegio de notarios federal deberá ser transparente en todas sus sesiones, tener prohibida la realización de cabildeo y realizar sus sesiones bajo la máxima transparencia.

Un aspecto crítico de esta ley federal será reformar los aranceles para que la ley los considere un precio máximo y no un precio fijo de cumplimiento obligatorio. Esto abriría la posibilidad a la competencia entre notarios. Una vez hecho eso se deberá aumentar considerablemente el número de notarios buscando que compitan entre sí. En caso de colusión para favorecer a un notario, la Cofece debería poder sancionarlos.

Hoy en día el monitoreo hacia el notariado es escueto. Como ha documentado Fernando García Sais, notario de Sinaloa, el arancel fijado puede ser violado porque realmente no hay supervisión. Esto nos afecta a todos. Si los costos notariales fueran más bajos, todos podríamos comprar una casa, hacer un testamento o crear una empresa, con menor costo.

A todo lo anterior se deberá añadir una política para purgar las notarías de corruptos. Un primer paso para avanzar en esa dirección sería solicitarles declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés públicas de manera anual.

Posiblemente esta propuesta sea rechazada por algunos estudiosos del Derecho. Se dirá que la ley es explícita en que los notarios no deben competir entre ellos, que no son prestadores de servicios “en el sentido liberal del término”, ni funcionarios públicos. Estos argumentos son válidos con la legislación actual y por ello la nueva ley federal debe redactarse para que dejen de ser válidos. Esto requiere, sobre todo, voluntad política para redactar la nueva ley con miras a reducir corrupción y costos para todos.

Ya se han presentado un par de iniciativas en el Congreso al respecto, pero ninguna ha prosperado y la mayoría solo propone cambios cosméticos. Se proponen concursos de acceso cuando, en realidad, el problema es la existencia misma del notariado en trámites donde éste no es necesario.

En lo personal pienso que acudimos al notario, no porque nos dé certeza, sino porque no hay alternativa para lograr dicha certeza. Urge diseñar otras formas de certeza, usando la tecnología que hoy tenemos, y con ello crear instituciones inclusivas, efectivas, eficientes y que no sean un botín privado, disfrazado de beneficio público.

Me sorprende que sigamos callados ante las grandes áreas de oportunidad que tiene el notariado y hago un llamado al Congreso de la República para que tome cartas en el asunto y cree una ley federal del notariado que evite abusos, erradique las notarías otorgadas a compadres y demande el uso de tecnología de certificación que eventualmente pueda, poco a poco, ir sustituyendo las labores notariales.

Merecemos mejores instituciones. Los notarios mismos las merecen para mantener en alto su prestigio.

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