Del narcoestado al conflicto armado

El pasado 7 de agosto el presidente López Obrador declaró que México había sido un narcoestado. Para él, tal situación se dio por la convivencia entre algunas autoridades policiales y servidores públicos con los cárteles de la droga. La reacción a sus palabras fue casi inmediata. Más allá de las cercanías o distancias con los expresidentes Calderón y Peña y con sus respectivos equipos de trabajo, prácticamente nadie aceptó tal calificación. Algunos articulistas hicieron notar, con razón, las evidentes diferencias existentes entre Estados como Afganistán, Guinea Bisáu o Kosovo con el nuestro. Otros compararon los índices de violencia existentes entre 2012 y la actualidad, para demostrar que lejos de haber mejorado el país se encuentra en igual o peor situación. Y unos más, con agudeza, se preguntaron si la semejanza entre las condiciones pasadas y presentes permitían extender tal calificación al actual Gobierno.

Pienso que estas críticas llevaron al presidente López Obrador a corregir pocas horas después sus declaraciones. Para hacerlo, apuntó que no preparaba las charlas mañaneras para expresar más libremente lo que sentía. Sin discutir aquí lo que implica el que el presidente quiera hacer gobierno desde las conferencias mañaneras y no prepare lo que en ellas va a decir, el señalamiento produjo distintas consecuencias. La retractación puso de manifiesto que ni el propio presidente ni alguno de sus colaboradores se percataron de las implicaciones. No es lo mismo que los articulistas o los académicos nacionales o extranjeros consideren que un país es un narcoestado, a que lo declare el correspondiente jefe de Estado, dadas las consecuencias que acarrea tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.

Al interior del país de inmediato surge la pregunta por las razones para determinar que aquello que fue no subsiste más. Supongamos que, efectivamente, Genaro García Luna y sus cercanos dominaron la operación policiaca y se vincularon con la delincuencia organizada. De ello no se sigue, claro está, que su sola separación del cargo haya terminado con las redes y acuerdos que los cuerpos de seguridad en el pasado o en la actualidad mantuvieron y mantienen con los delincuentes. ¿Qué pasaría si, otra suposición, se descubriera que en la actualidad otros elementos mantienen iguales o parecidas relaciones con los mismos o diferentes narcotraficantes? ¿Las autoridades actuales estarían dispuestas a aceptar que su Gobierno tiene la misma condición que aquella que señalaron para sus antecesores?

La pregunta anterior abre otro problema. ¿Bajo qué criterios es posible afirmar que el indicado narcoestado ha desaparecido? La respuesta no puede ser la acostumbrada prédica performativa del presidente. Es decir, el mero sostenimiento por su parte de que lo que había ya no lo hay desde y porque él llegó al poder. Si efectivamente hubo narcoestado, ello se debió a la existencia de varios indicadores: relaciones de poder, coberturas, acuerdos e impunidades. Por ello, la certificación del cambio tiene que pasar por la comprobación de la modificación sustantiva de aquellos. Como es fácilmente apreciable, al no haber grandes cambios en los datos delictivos ni, menos aún, en las causas que los generan, queda la duda fundada acerca de si alguna vez hubo narcoestado o no y de, si lo hubo, por el contrario, sigue existiendo.

Además de las repercusiones internas, hay una más que no podemos perder de vista. Desde hace algunos años existe la discusión acerca de si México vive un “conflicto armado no internacional”. No se trata de determinar si en México hay violencia, pues desde luego la hay. Se trata de saber si esta se da en condiciones tales que se le deba asignar un sentido jurídico específico y sus correspondientes efectos. El “conflicto armado no internacional” se define como el enfrentamiento armado prolongado entre las fuerzas gubernamentales y las de uno o más grupos delictivos, o de estos entre sí al interior del territorio de un Estado, dados ciertos niveles de intensidad y organización de las partes.

En el informe presentado en 2019 por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –con el apoyo de la Universidad de Leiden y el Grotius Centre for International Legal Studies—, se concluyó que las características del conflicto entre las fuerzas armadas y los cárteles del narcotráfico entre 2006 y 2017 constituyeron un “conflicto armado no internacional”. A su juicio, los cárteles satisficieron las condiciones de intensidad y organización. El de Juárez de 2006 a 2011; el de Sinaloa de 2006 a 2017; el Jalisco Nueva Generación de 2010 a 2017; la Familia Michoacana de 2006 a 2010; los Caballeros Templarios de 2011 a 2015; los Zetas de 2010 a 2017 y el de los Beltrán Leyva de 2008 a 2012. En síntesis, en el informe se estableció que de 2008 a 2011 tuvo lugar una prolongada violencia armada entre las fuerzas armadas del Estado y esas organizaciones. También, a modo de ejemplo, señala que de 2007 hasta 2017 se registraron casi 200.000 asesinatos, y el número de personas que abandonaron sus hogares como consecuencia de la violencia relacionada con las drogas se incrementó, igualmente aumentó el despliegue militar en todo el país. La consecuencia de determinar que un país vive un “conflicto armado no internacional” es muy relevante. Es prioridad lograr la aplicación del derecho internacional humanitario con el propósito de limitar los métodos y medios de guerra, y proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades.

La asignación del carácter de narcoestado hecha por el presidente abrió diversos temas y no solo los que él, supongo, tenía en mente al hacerlo. Me parece de gran importancia, en efecto, determinar la condición de los Gobiernos que precedieron al actual a fin de identificar responsables y asignar responsabilidades ahí donde corresponda conforme a derecho. También para hacerse cargo de la totalidad de los efectos que los actos conlleven. En el informe del ITESO y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos el corte es hasta el 2017. De entonces para acá las condiciones de guerra interna entre las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en contra de los cárteles de la droga, me parece, han aumentado. Si ello es así, ¿no es necesario discutir abiertamente las condiciones de los enfrentamientos y de las maneras en las que la población debe ser protegida? De este pasado-presente también es necesario hablar.