Guerra de cifras y ataques a las calificadoras: las grietas de Pemex ante su crisis de deuda

En la superficie, las cifras contradictorias que han manejado durante los últimos días la Secretaría de Hacienda y directivos de Pemex, la empresa petrolera del Estado, reflejan un malentendido o un conflicto menor. Pero en el fondo, la tensión tiene que ver con una realidad que, según expertos, trasciende a la actual Administración: las finanzas públicas de México seguirán comprometidas para ayudar a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo.

Primero, dos empresas de riesgo crediticio, Moody’s y Fitch, anunciaron, en reportes por separado, que observan un deterioro en la capacidad de la petrolera mexicana por hacer frente a su deuda, la cual se estima acumula 107.400 millones de dólares (1,79 billones de pesos). Ambas agencias califican la deuda de la petrolera como “basura”, una nota que las dificulta su acceso a crédito en el mercado. Una de las interrogantes que ambos reportes abrieron es ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar el Gobierno mexicano para ayudar a Pemex a pagar su deuda?

Después, el 27 de julio, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, respondió a reporteros que lo cuestionaban en esta línea. El apoyo del Gobierno a Pemex seguirá, dijo Yorio, a través de una “caja de herramientas” que pudiera incluir una reducción a sus impuestos o el manejo de los pasivos. “No se ha realizado ninguna aportación ni transferencia a Pemex en lo que va de este ejercicio fiscal de 2023″, aseguró.

Al día siguiente, el gerente asociado de finanzas de Pemex, Alberto Jiménez, lo contradijo directamente. En una llamada con inversionistas, dijo que Hacienda había inyectado ya 64.970 millones de pesos a la petrolera. “Recibimos esta aportación en efectivo, la cual servirá para fortalecer nuestra condición financiera, hacer frente a compromisos de corto plazo, como vencimientos de deuda”, dijo el directivo.

Ese mismo día, el director general de Pemex, Octavio Romero, aseguró que las empresas calificadoras “seguían mintiendo”, al referirse al la rebaja en la calificación y el deterioro de la perspectiva. Hasta la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien no suele hacer declaraciones a los medios, sugirió que las empresas calificadoras no son “serias” y no “están a la altura”, según dijo al portal Bloomberg Línea.

“Traen un desastre de comunicación que hace muy difícil a los inversionistas tener cierta certeza de qué va a suceder ahí”, dice Oscar Ocampo, especialista del sector energético para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación sin fines de lucro. De hecho, apunta Ocampo, en los estados financieros, entre abril y junio, no aparecen dichas transferencias.

Con base en los resultados financieros presentados por Pemex la semana pasada, IMCO encontró que en el primer semestre de 2023, Pemex y sus socios extrajeron la menor cantidad de petróleo crudo para un periodo entre enero y junio en los últimos 13 años. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, la petrolera extrajo un promedio de 1.599 millones de barriles diarios de crudo, 5,6% menos que el crudo extraído en el mismo periodo de 2022.

La estrategia del Gobierno de López Obrador ha sido invertir en la empresa, incluyendo en negocios que no han sido los más redituables durante muchos años, como es el de la refinación. “Esta estrategia, y a cuatro años y medio ya podemos hacer un corte de caja, no ha dado un solo resultado. Sino todo lo contrario”.

Parte de su estrategia fue, también, apoyar a Pemex a través de aportaciones de capital que la empresa necesita para pagar su deuda, dice el economista, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y exfuncionario, Víctor Gómez. “En algunos aspectos, esto pudo ser un acierto, por la manera en que operan los bonos en el mercado financiero. Pero persisten dudas sobre si era la mejor alternativa”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió “rescatar” a Pemex y durante su sexenio, la petrolera fue promovida como la solución a múltiples males que aquejan a México. Cuando el precio del gas natural se disparó, ordenó a Pemex a crear una subsidiaria que ofrecía el combustible a menores precios, sin lograr el impacto deseado. También ordenó al Ejército apoyar a la petrolera con el robo minorista de gasolina, conocido como huachicol. Aseguró que el desarrollo de campos petrolíferos sería sin asociaciones con privados, a manera de defensa de la “soberanía”.

“En donde yo creo que estuvo el error no fue tanto en seleccionar como opción el apoyo irrestricto del Gobierno federal, sino que ese apoyo se hizo a cambio de muy poco, a cambio de cierta lealtad política, de alineamientos con ciertos objetivos de carácter político del presidente”, opina Gómez, “no hubo un intercambio de apoyo del gobierno a cambio de métricas de rentabilidad más sólidas”.

Tanto Gómez como Ocampo coinciden en que el próximo presidente, quien tomará el poder a finales del próximo año, se verá obligado a continuar el financiamiento de la emproblemada petrolera. “Si el próximo presidente o la próxima presidenta decidiera cambiar el tono, sería muy costoso para el propio gobierno porque las tasas de interés incrementarían de manera importante”, asegura Gómez, “esto quiere decir que si la Presidencia siguiente dice que ya no van a apoyar a Pemex, el riesgo financiero de la empresa se va a incrementar de manera exponencial y eso va a ocasionar un problema de refinanciamiento muy fuerte. Nadie quiere eso. Mucho menos al inicio del sexenio. Entonces, las opciones para la persona que llega a la presidencia en octubre del 2024 no son demasiadas. Va a tener que mantener el apoyo, al menos de manera verbal”.

“Quien sea que quede va a tener que seguir apoyando a Pemex y si lo quisiera hacer inteligentemente, lo haría de una forma mucho más estructurada, abierta, periódica”, dice Ocampo. “Al final del día, esa es la gran bronca ahora y estas discrepancias entre ellos es reflejo del caos que traen”, agregó.

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