EMPLEO

El Gobierno mexicano acuerda con los empresarios limitar el ‘outsourcing’

El pacto alcanzado tras una larga negociación da tres meses a las empresas para integrar al personal subcontratado a su nómina

Reunión del presidente López Obrador con autoridades y empresarios, este lunes en el Palacio Nacional.
Reunión del presidente López Obrador con autoridades y empresarios, este lunes en el Palacio Nacional.Presidency of Mexico HANDOUT / EFE

El Gobierno mexicano y el sector privado han llegado este lunes a un acuerdo sobre la prohibición del ‘outsourcing’. Este solo se permitirá para servicios especializados y, en el resto de casos, las empresas tendrán un trimestre para integrar al personal subcontratado a la nómina. El anuncio se da cuatro meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentase una iniciativa para reformar este esquema laboral, que considera abusivo. Los empresarios advirtieron entonces del impacto económico de la medida en plena crisis del coronavirus y forzaron la apertura de negociaciones. El resultado, sin embargo, deja intacto el grueso de la propuesta original. Ahora es el turno del Congreso valorar y votar la iniciativa.

El acuerdo contempla “la prohibición de la subcontratación de personal” y restringir esta práctica a los “servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa”, reza un breve comunicado del Gobierno, parco en detalles. Además, las agencias de colocación deberán inscribirse en un padrón público y hacerse responsables en caso de incumplimiento de la norma. En el mismo comunicado se ha anunciado un aumento del 135% en el monto que las empresas tienen que pagar a los trabajadores por sus ganancias.

La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, ha celebrado el pacto como “un paso más en favor del trabajo digno”. “Producto del diálogo, hoy concretamos en Palacio Nacional la propuesta al legislativo sobre subcontratación. Se trata de una deuda histórica con las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo esta figura que ha vulnerado sus derechos”, ha escrito en su cuenta de Twitter. El Gobierno no ha explicado todavía cuándo enviará la propuesta al Congreso para ser votada. El calendario legislativo está marcado por las elecciones del próximo junio, en las que Morena, el partido del presidente, se juega la mayoría en la Cámara de Diputados.

A la reunión en la que se ha sellado el pacto han asistido, además del presidente y Alcalde, representantes de los sindicatos y del sector empresarial, entre ellos el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín. “Mediante mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones”, ha expresado en un comunicado la principal patronal mexicana. El rechazo de la iniciativa privada a la reforma que el presidente presentó en noviembre obligó a retrasar su tramitación. La intención original del Gobierno era enviar la propuesta al Congreso a finales de 2020 para que esta fuera aprobada antes del cierre de sesiones, pero López Obrador accedió a llevar la negociación hasta este año y enriquecerla “a partir del diálogo”.

El resultado de la negociación muestra un saldo favorable al Ejecutivo. El meollo de la propuesta presentada en noviembre pasado —la prohibición general excepto para servicios especializados— se mantiene. Y no está claro por el momento qué peticiones de las que hicieron los empresarios han sido aceptadas. El sector privado había solicitado al Gobierno que se suavizaran las multas, consideradas demasiado onerosas, y que se especificaran los plazos de expedición de permisos a las agencias de colocación inscritas en el padrón. También reclamó que se aplazara la entrada en vigor de la reforma a enero de 2022. Este periódico no ha recibido respuestas de las principales organizaciones del sector.

México tiene a cuatro millones y medio de trabajadores subcontratados, muchos de ellos en condiciones precarias. Mientras el Gobierno considera la prohibición como una herramienta para construir un mercado laboral “más equitativo”, como dijo la secretaria Luisa Alcalde a EL PAÍS en noviembre pasado, analistas y empresarios han señalado que la medida puede ser contraproducente. El Consejo Coordinador Empresarial señaló en noviembre que la propuesta desalentaba la creación de empleo en plena debacle, con una caída del PIB del 8,5% en 2020, y amenazaba con hacer engordar las filas de la economía informal, que ya emplea a más de la mitad de los trabajadores.

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