El Gobierno mexicano negocia con los empresarios ante el descontento por la reforma del ‘outsourcing’

Tras el golpe en la mesa, la mano tendida. El Gobierno mexicano se ha abierto a negociar la iniciativa de prohibición del outsourcing que presentó hace dos semanas y que había provocado un roce importante, uno más, con la iniciativa privada. En una reunión celebrada en la noche del lunes, las autoridades aceptaron revisar artículo por artículo la propuesta y, de ser necesario, modificarla. Frente a la denuncia del Gobierno de las prácticas abusivas de la subcontratación, los empresarios reclaman que se suavice la prohibición y se rebajen las sanciones ante el impacto que consideran pueden tener sobre miles de empleos en plena crisis del coronavirus.

Los representantes empresariales salieron contentos de la reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se acordó que el diálogo continuaría a lo largo de la semana hasta presentar un acuerdo definitivo el lunes próximo. En el calendario original, la Cámara de Diputados tenía previsto debatir la reforma este lunes y martes “en parlamento abierto”, con la participación de organizaciones y expertos, y aprobarla el jueves para luego encaminarla hacia el Senado. El actual periodo legislativo termina el 15 de diciembre. Si no se aprueba para entonces, la iniciativa deberá esperar a febrero.

El presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, José Manuel López Campos, presente en la reunión, afirma que “genera optimismo de parte del sector productivo de que pueda haber algunos ajustes y flexibilidad”. Un portavoz de otra de las asociaciones considera que el Gobierno “va a tener que recular” y que la reforma “no va a ser prohibitoria”. Una de las preocupaciones del sector tiene que ver con la aplicación de fuertes sanciones, de hasta 4,8 millones de pesos, algo más de 200.000 dólares. “Lo que queremos es certidumbre”, dice López Campos, “que quede definido y reglamentado y que la claridad no permita que haya aplicaciones discrecionales”.

La Concamin, la asociación de industriales que aglutina a más de un millón de empresas, apoya rebajar las multas y rechaza la prohibición total de la subcontratación. Su propuesta, a la que ha tenido acceso este diario, plantea a la Secretaría del Trabajo diferir la entrada en vigor de la norma a enero de 2022, en lugar de enero de 2021, y mantener la subcontratación siempre y cuando se cumpla con las obligaciones ante la Seguridad Social y el pago de las prestaciones previstas -el Gobierno ha criticado duramente los despidos masivos a final de año para evitar pagar el aguinaldo-.

Hasta ahora, la propuesta gubernamental solo permite el outsourcing para aquellas actividades que no están relacionadas con el modelo de negocio de la compañía. Las empresas que se dedican a ofrecer estos servicios especializados necesitarían, según la nueva norma, una autorización de la Secretaría del Trabajo, a renovar cada tres años. Los representantes del sector privado defienden que la reforma especifique también los plazos de expedición de estos permisos.

Pese al aparente optimismo empresarial, no queda claro cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno. López Obrador ha confirmado este martes “el buen ambiente de diálogo”, pero no ha dado detalles sobre los puntos de la ley que están a debate. “No se sabe todavía en qué termine este diálogo constructivo para que se llegue a un arreglo. Nosotros lo que queremos es que se proteja a los trabajadores”, ha señalado durante la conferencia de prensa matutina. Preguntado sobre una posible postergación de la entrada en vigor de la norma, el mandatario ha parecido descartarlo: “Ya no se puede seguir deteniendo esto. No se pueden seguir tolerando irregularidades”.

México cuenta con algo más de cuatro millones de empleos por subcontratación, que pueden correr peligro si se adopta una prohibición estricta, según asociaciones y expertos. Tras el anuncio del Gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial, la principal institución patronal del país, advirtió que la propuesta desalentaba la creación de empleo en un momento delicado. Aunque hay signos de una recuperación moderada, la crisis del coronavirus ha golpeado duramente a la economía mexicana, que se hundió un 17% en el segundo trimestre, la etapa de confinamiento más estricto. La pobreza laboral pasó de afectar al 38% de la población en el tercer trimestre de 2019 al 44% en el actual.

Frente a la alarma causada en el sector privado, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, impulsora de la propuesta, ha rechazado que la nueva normativa vaya a destruir puestos de trabajo. “Lejos de traer desempleo, va a ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más justo, pero también más productivo”, dijo la semana pasada en entrevista con este diario. El mismo Gobierno ha recurrido frecuentemente a la subcontratación, otro vicio con el que López Obrador ha prometido acabar dos años después de llegar al poder.

La relación del Ejecutivo con el empresariado ha sido una secuencia de momentos dulces y duros encontronazos. Entre estos últimos, destacan la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la negativa del Gobierno a reforzar los apoyos a las empresas ante la crisis económica y el cambio de modelo energético, que el sector privado ha llevado a los tribunales. Del otro lado, el dulce, está el acuerdo logrado sobre el sistema de pensiones y dos planes de infraestructura con los que el Ejecutivo ha buscado congraciarse con los empresarios. En unos días, se verá de qué lado cae la norma del outsourcing.