Cómo entender (y atender) la problemática del derecho a la vivienda en México

Una casa sin habitar no es un hogar, es una estructura. Y una casa no es una vivienda adecuada si no cuenta, por ejemplo, con servicios básicos como agua, luz, gas, drenaje y un techo para refugiarse. De acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 43.8 millones de viviendas particulares existentes, 6.1 millones son estructuras y otros 2.5 millones son viviendas habitadas, pero de uso temporal.

Esta misma encuesta asegura que de los más de 126 millones de mexicanos, 5.778 son personas sin vivienda. Estas son cifras oficiales, pero el mismo Inegi asegura que es un dato difícil de medir, lo cual sólo refleja la dimensión y complejidad del panorama.

En 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizó 11.8 millones de personas que carecían de calidad y espacios de vivienda; 22.7 millones carecían de acceso a servicios básicos en sus viviendas. Ese mismo año había en México 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema.

Actualmente, comprar una casa parece una tarea lenta, burocrática e imposible, especialmente en un contexto global, en donde las dinámicas sociales suelen ir engarzadas al incierto ritmo del mercado.

En su libro El derecho a la vivienda en México (Tirant lo Blanch, 2021), la abogada de derechos humanos y vivienda Carla Escoffié, analiza tres perspectivas sobre el derecho a la vivienda: la liberal, que se puede ejemplificar como la idea del derecho a la propiedad; la laboralista, que otorga créditos públicos a los empleados de la economía formal, así como la de igualdad estructural, que propone que todas las personas son titulares del derecho a la vivienda.

Recientemente, Escoffié, quien participará en el Foro Vivienda Justa Prosperidad Compartida, evento organizado por el Espacio Cultural Infonavit, Urban Front y EL PAÍS este 4 de julio en el Centro Cultural Los Pinos, publicó un nuevo libro titulado País sin techo (Grijalbo, 2023), en donde reflexiona sobre los distintos conceptos del derecho a la vivienda, en particular, y los distintos conflictos que tienen las ciudades del país, en general.

A la luz de una probable reconfiguración en la regulación del derecho a la vivienda en el país, enmarcada por la propuesta de reforma al artículo 123 numeral 12 de la Constitución impulsada por el saliente presidente López Obrador, Carla Escoffié habla con EL PAÍS sobre algunas de las problemáticas y posibilidades que giran en torno al derecho a la vivienda en México. La experta explica que hay distintas formas de atender y entender este tema.

¿Pueden convivir distintos conceptos del derecho a la vivienda?

De alguna manera todos los derechos son como proyectos. Cuando se reconoce algo como un derecho, podría haber dos formas de entenderlo: como una conquista que se quiere conservar (como algo que ya se tiene y se desea que no se pierda) o bien como ha sido más entendido (sobre todo en países de América Latina), como objetivos que son no renunciables.

¿Qué otras opciones que tiene el gobierno, además del Infonavit o del Fovissste para solucionar el problema de vivienda en México?

Son muchas las opciones que podría tener un gobierno para atender el derecho a la vivienda. No es que un país o un lugar determinado tenga que adoptar una en específico, pero sí tiene que impulsar todos los esfuerzos para poder abarcar tantas como sean posibles y como el mismo contexto lo requiera. Por ejemplo, puede ser la adecuación legislativa. Me parece que en el contexto mexicano hay mucha deuda al respecto, porque no hay leyes inquilinarias en los estados.

Todos los arrendamientos están regulados por el Código Civil, que es muy general, es insuficiente y no abarcan todas las complejidades de este tipo de relaciones, entonces esa adecuación legislativa es parte del derecho a la vivienda, es algo que podrían y deberían hacer hoy los congresos locales de cada Estado. También tenemos el tema del suelo; no puede haber vivienda sin suelo. Si no tenemos una política de suelo todo va a seguir siendo caro y seguirá habiendo una barrera. En México, por ejemplo, no hay bancos de suelo. Hay algunos programas piloto, algunos estados, incluso municipios, que han hecho esfuerzos por generarlos, pero no hay una política nacional de bancos de suelo como la de Ecuador, por ejemplo.

¿Qué similitudes hay respecto al problema de vivienda en las cinco ciudades que abordas en tu libro País sin techo?

Digamos que la problemática es común a nivel nacional en términos generales, pero las formas en las que se manifiesta sí cambian de ciudad en ciudad. No es casualidad que en la Ciudad de México el tema de Airbnb sea una discusión muy fuerte en materia de vivienda y urbanismo, pero en un lugar como Monterrey quizá no lo es. Pero hay otras discusiones que atraviesan como el tema del agua o transporte. Esto va cambiando en distintos lugares. Es el mismo sistema que está operando y manifestándose, demostrando las distintas formas que puede tener en distintos lugares.

¿Qué puede hacer la generación sin techo que ve difícil tener una casa a futuro?

Creo que una de las cosas más relevantes ahorita es organizarse. Organizarse para exigir políticamente que el tema siga creciendo en la agenda pública y que pueda abordarse, sobre todo porque también está ligado al tema ambiental. Es decir, no podemos hablar hoy de cambio climático sin política de vivienda, porque impacta demasiado en todo este proceso. También organizarse para ver opciones, como por ejemplo las cooperativas de vivienda [...] Creo que no hay motivo para no organizarse y seguir presionando, tanto por uno mismo, como por la solidaridad hacia los demás.

Carla Escoffié estará presente en el Foro Vivienda Justa y Prosperidad Compartida, un evento del Espacio Cultural Infonavit y Urban Front, en colaboración con EL PAÍS, este 4 de julio en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México.