La Auditoría de Chihuahua defiende su acusación contra exfuncionarios del Gobierno de Javier Corral

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) ha salido en defensa de los informes que sustentan las denuncias contra exfuncionarios estatales de la era del exgobernador Javier Corral. El órgano revisor del gasto ha reaccionado a una nota publicada la semana pasada por este periódico, en la que se señala el choque de altos vuelos que ha provocado el asunto entre la Federación y el Gobierno de Maru Campos, actual mandataria de Chihuahua y enemiga política de Corral, su antecesor y un aliado del oficialismo. Este diario consultó sobre el tema, antes de publicar, con tres voceros distintos de la Administración de Campos, pero la Auditoría estatal ha replicado ahora con su versión defendiendo su actuación. Tras la publicación de esa réplica, el exgobernador Corral emitió él mismo una nueva respuesta, que se incorpora a esta nota.

El caso se refiere a la denuncia por presunta corrupción promovida por la Fiscalía de Chihuahua contra el exgobernador, a raíz de dos revisiones de la ASE a un contrato de 2019 para refinanciar la deuda estatal. El centro de la acusación es que, supuestamente, el despacho adjudicado por el Gobierno de Corral, López Elías Finanzas Públicas, S.C., fue contratado de manera irregular y no llevó a cabo todas las labores que tenía encomendadas, por lo que la ASE presume un desvío de 98,6 millones de pesos. El exmandatario sostiene en su réplica que se trata de un expediente fabricado, técnicamente erróneo, y que responde a la revancha política de Campos. Por ese asunto, el Gobierno de Campos consiguió órdenes de aprehensión contra Corral; su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes, y el titular del proveedor del servicio, José López Elías, que también acusa una persecución política.

La ASE refiere en su escrito que, en una primera revisión a la Cuenta Pública 2019, se llevó a cabo una auditoría de cumplimiento financiero sobre el contrato, en la que no se hallaron anomalías, debido a que el proveedor acordó entregar resultados hasta 2020, un ciclo fuera del periodo de auditoría. La ASE agrega que, en 2022, se acordó aplicar ahora una auditoría forense sobre la contratación de deuda pública de 2021. Aquí, a pesar de que la revisión correspondía a uno solo año, la ASE extendió el periodo de auditoría a ciclos anteriores, con el fin de volver a incluir la revisión del trabajo del despacho López Elías.

La ASE refiere que las dos auditorías “tuvieron alcances, periodos y objetivos distintos”. En relación con la auditoría forense del año 2021, afirma que “resultaba de gran interés público conocer la situación de la deuda pública del Estado, en un momento en que dicho tema era materia de discusión pública, derivado de una discrepancia entre el entonces Gobierno entrante y la Administración saliente [de Corral y de Campos] respecto a los montos de la deuda, por lo que resultaba por demás oportuno hacer un análisis técnico de la situación de endeudamiento en el que se encontraba el Estado”.

Corral precisa que la auditoría forense de 2021 “incluyó de manera improcedente una nueva revisión de la Cuenta Pública 2019, ya dictaminada previamente”. El exgobernador señala que el informe rendido por la ASE “presenta omisiones sustantivas y errores graves que comprometen su validez y objetividad”, por ejemplo: “omite el Decreto de autorización del H. Congreso del Estado que dio sustento jurídico al refinanciamiento; la validación de dicho Decreto por parte de la SCJN; la constancia de que el pago de la deuda pública y de los contratos de prestación de servicios se realizó con recursos públicos federales; los acuses de recibido emitidos por el Fiduciario Banregio, como evidencia del trabajo realizado por el despacho López Elías Finanzas Públicas; desestima además el Convenio de colaboración previo al contrato formal que firmó el prestador de servicios con el Estado de Chihuahua. Asimismo, ignora deliberadamente la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dio fe del proceso, así como la intervención de 18 bancos y 3 agencias calificadoras que dieron seguimiento y validación técnica al mismo”.

Recientemente, la defensa legal de Corral inició una batalla para que el caso sea conducido por la Fiscalía General de la República (FGR), con el argumento de que los recursos utilizados para la contratación del despacho asesor son de procedencia federal. Las autoridades de Chihuahua han intentado mantener bajo su jurisdicción el expediente, no obstante que dos resoluciones judiciales han determinado la naturaleza federal de los fondos y han ordenado el traspaso del asunto a la FGR. La ASE asegura que el contrato a López Elías “no se pagó con recursos federales, sino con recursos provenientes de participaciones federales, conceptos completamente distintos y de naturaleza jurídica diferente”.

La ASE abunda: “Mientras que la fiscalización de los recursos federales son, en principio, competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las participaciones federales son fiscalizables de forma concurrente tanto por la ASF, como por las entidades locales de fiscalización, en este caso, la ASE Chihuahua”. Corral, por su parte, defiende el carácter federal de los recursos y la competencia de la FGR: “Este asunto no debió ser conocido por autoridades estatales, al tratarse de recursos de naturaleza federal. Así lo han confirmado diversas resoluciones judiciales, entre ellas la emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que, al igual que otros jueces federales, determinó que el caso corresponde al ámbito federal y, en su caso, a la competencia de la Fiscalía General de la República”.

La ASE agrega que siempre mostró disposición de recibir las aclaraciones pertinentes de parte del exsecretario Fuentes y de López Elías, pero que ninguno se ha presentado ni ha enviado “documento alguno” para comprobar el trabajo realizado. Corral asegura que la acusación de la ASE se basa precisamente en la afirmación de que el prestador de servicios “no había entregado los Informes requeridos por la Secretaría de Hacienda estatal. A partir de esa premisa, en lugar de requerir la documentación correspondiente o revisar los mecanismos institucionales de entrega y validación, el Auditor concluyó indebidamente —y en abierta violación al principio de presunción de inocencia— que  el prestador de servicios ‘no había realizado su trabajo’, y que el Estado de Chihuahua ‘pagó servicios que no se habían realizado’.  Esa inferencia carece de todo rigor técnico y desconoce la evidencia documental existente".

Corral indica en su réplica que los informes de la ASE fueron utilizados por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para fabricar una carpeta de investigación, a la que se añadieron declaraciones de testigos “aleccionados”. “Con ello se solicitó a un juez estatal que librara órdenes de aprehensión en contra de un servidor, del exsecretario de Hacienda y del representante legal del despacho prestador de servicios, bajo el absurdo argumento de que los tres nos pusimos de acuerdo para contratar sus servicios y simular las actividades ejecutadas, como si no hubiera cientos de tomos de documentación que demuestran el trabajo realizado y como si el refinanciamiento de la deuda no se hubiera llevado a cabo“, asienta el exmandatario.