Una detención política y un golpe de efecto mediático: el plan de Chihuahua para arrestar a Corral en la capital de México

La Fiscalía de Chihuahua ha intentado capturar la noche del miércoles al exgobernador Javier Corral mientras cenaba en un restaurante de Ciudad de México. Un grupo de agentes armados de la Fiscalía Anticorrupción entró al lugar, situado en la concurrida colonia Roma, y le presentó una orden de captura librada por un juez chihuahuense. Corral, el principal asesor en materia anticorrupción de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, estaba escoltado desde hace semanas por agentes provistos por el Ejército. Cenaba con Muna Dora Buchahin, una alta exfuncionaria de la Auditoría Superior de la Federación. La Fiscalía de Chihuahua acusa a Corral de un presunto desvío de recursos, en lo que el propio exmandatario considera una venganza política de la actual gobernadora, María Eugenia Campos. La operación de los agentes de Chihuahua fracasó porque, para ejecutar la orden de captura librada por un juez local, debieron solicitar un acuerdo de colaboración a las autoridades federales o de Ciudad de México. Esto no sucedió. Corral hizo llamadas y en poco tiempo llegaron al restaurante agentes de la Fiscalía de la capital encabezados por el titular, Ulises Lara, que impidieron la detención del político y lo trasladaron en un vehículo para ponerlo a resguardo. El intento de captura de Corral por parte del Gobierno de Campos se ha tramado a lo largo de meses y se intensificó cuando el exgobernador se convirtió en senador electo por Morena. EL PAÍS reconstruye los entresijos de la maniobra, que augura un abierto enfrentamiento entre Chihuahua y la Administración entrante de Sheinbaum.

El 2 de junio, día de la elección presidencial, Corral acudió a votar en Ciudad de México a una casilla especial, donde sufragan las personas que no pueden presentarse al colegio electoral de su domicilio. El exgobernador, exdiputado y exsenador llevaba tiempo viviendo en la capital, desde que se integró a la campaña de Sheinbaum como cabeza del plan de combate a la corrupción del próximo sexenio. Aunque Corral militó en el PAN por casi cuatro décadas, Sheinbaum lo acogió en su grupo cercano debido a sus credenciales. Durante su periodo de gobernador de Chihuahua (2016-2021), Corral encabezó una cruzada contra las redes de corrupción tejidas por el priista César Duarte, su antecesor en el cargo. La Fiscalía de Corral documentó un desfalco a las arcas públicas de 6.000 millones de pesos. En uno de los casos, bautizado como La nómina secreta, los fiscales obtuvieron recibos de los sobornos que Duarte pagó a políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas. Algunos de esos recibos tenían la firma —el acuse de recibo— de Maru Campos, que en la época del duartismo era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso estatal. El exgobernador Duarte fue detenido y encarcelado en Chihuahua por corrupción, pero salió de prisión en el mandato de Campos.

El sábado 8 de junio, una semana después de la jornada electoral, Corral se enteró de que en Chihuahua lo había estado esperando una emboscada: a la expectativa de que fuese a votar a su Estado, agentes de la Fiscalía de Campos lo estuvieron esperando en el colegio electoral donde debía presentarse. Algunos periodistas fueron avisados del espectáculo que verían. Él permaneció en Ciudad de México y, sin saberlo, libró la trampa. El resultado de la elección dio el triunfo con una aplastante mayoría a Sheinbaum y a los candidatos de Morena al Congreso. Corral se había convertido en senador electo. La Fiscalía de Campos debía apresurar sus planes de captura y consumarlos antes del 1 de septiembre, fecha en que los legisladores toman posesión del cargo y automáticamente adquieren fuero, una protección constitucional que otorga cierta inmunidad a los congresistas ante persecuciones de los gobiernos.

Ese fin de semana, Corral se comunicó con Sheinabum para decirle que, según supo por sus contactos en Chihuahua, un juez local había ordenado capturarlo a petición de la Fiscalía de Campos. La presidenta electa le recomendó buscar un amparo, no salir de la capital y no hacerse el valiente. El político también puso sobre aviso a la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a través de su asistente personal. El lunes 10, el mandatario federal abordó el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio, según han confirmado este diario fuentes con conocimiento del encuentro. López Obrador dijo que era consciente de que se trataba de una venganza contra Corral y recomendó a los titulares de las dependencias de seguridad federales sopesar si accedían a la solicitud de colaboración de las autoridades de Chihuahua, si acaso llegaba. Pero tal petición nunca llegó, ni al Gobierno federal ni al de Ciudad de México. Al terminar la reunión del Gabinete, en su conferencia Mañanera, López Obrador ventiló que, dos días después de la elección, el 4 de junio, una jueza de Chihuahua había ordenado que Duarte saliera de prisión y llevara en libertad las acusaciones por corrupción. Era un guiño del presidente, la manera sutil de comunicar que estaba al tanto de lo que estaba pasando en el Estado gobernado por Campos.

Horas más tarde, Corral pudo hablar directamente por teléfono con López Obrador. El exmandatario chihuahuense quiso explicarle a detalle los pormenores de su situación, pero el presidente lo tranquilizó y le dijo que ya sabía que era un asunto político. La secretaria Alcalde ofreció gestionar protección personal para Corral, pero la ayuda tardó en llegar. Hacia el final de esa semana, el exgobernador supo —nuevamente, gracias a sus contactos en Chihuahua— de un nuevo plan para capturarlo: un grupo de agentes de la Fiscalía de Campos había llegado por carretera a Ciudad de México en una camioneta particular, sin distintivos oficiales. El Gobierno de Campos había decidido no solicitar la colaboración de las autoridades federales ni capitalinas. La intención de los agentes era pasar inadvertidos, someter a Corral y llevarlo por la fuerza a Chihuahua. Ya en el Estado, la versión oficial sería que el exgobernador había ido de visita y que había sido legalmente detenido por la Fiscalía. La posibilidad de un secuestro movilizó los engranes del Gobierno federal. El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dispuso un grupo de escoltas militares para que protegieran a Corral día y noche y en todos los lugares. Con la custodia permanente, la posibilidad de llevarse al exmandatario por la fuerza se esfumó.

El esfuerzo del Gobierno de Campos para atenazar a Corral era una cuestión de tiempo. Desde que ella asumió la gubernatura, la Fiscalía estatal comenzó a tender un cerco en torno a los colaboradores del exmandatario. El caso más emblemático es el de Francisco González Arredondo, que fue titular de la Fiscalía Anticorrupción en la era de Corral y el encargado de armar una veintena de carpetas de investigación contra César Duarte y los políticos a los que este sobornó (Campos incluida). El Gobierno de Campos lo encarceló en 2022 acusándolo de haber torturado psicológicamente a los compinches de Duarte para que se autoinculparan y denunciaran al político priista. La jueza que ordenó la captura de González es la misma que hace un par de meses liberó a Duarte. En su momento, López Obrador descubrió las motivaciones de revancha política detrás de la campaña contra el exfiscal y pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso. Eso dio un ligero respiro al entorno de Corral.

Ahora, él es acusado en Chihuahua de un supuesto desvío de recursos. El caso está relacionado con la Caravana por la Dignidad que encabezó el entonces gobernador en 2017 desde su Estado a Ciudad de México. Se trató de un acto político con el que Corral denunciaba los chantajes a que lo estaba sometiendo la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) para transferir a Chihuahua recursos federales. La Fiscalía de Corral había descubierto la Operación Safiro, un enorme mecanismo de corrupción en el que participaron Hacienda, la dirigencia del PRI y los gobernadores priistas —entre ellos Duarte— con la finalidad de desviar recursos públicos para financiar campañas electorales. El Gobierno de Peña Nieto condicionó abiertamente a Corral liberar la transferencia de recursos a cambio de que le entregase la investigación de la Fiscalía estatal, según lo ha contado el propio exmandatario. Corral no aceptó la propuesta y se lanzó a la cabeza de la Caravana, a la que se unieron políticos, académicos notables y activistas. Hoy, la Fiscalía de Campos sostiene que se desviaron recursos de la Dirección de Comunicación Social de Chihuahua para financiar los gastos de esa marcha.

Con escaso margen de maniobra, el Gobierno de Campos ha optado por un golpe de efecto mediático: sin oficio de colaboración, y sin posibilidades de que una eventual captura fuese remotamente legal, los fiscales de Chihuahua llegaron al restaurante de Ciudad de México donde estaba Corral, tomaron una foto del momento en que le entregaban la orden judicial y enviaron la imagen a uno de los noticieros más vistos de la noche.

López Obrador ha hablado del tema este jueves en su Mañanera y ha salido en defensa del ahora colaborador de Sheinbaum. “Resulta que la actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados en contra de Corral, porque él fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos, allá fue detenido, extraditado, se trajo a Chihuahua y ya se le liberó. Entonces, es una especie de venganza”, ha afirmado. El mandatario también observó que la maniobra busca frenar el arribo de Corral al Congreso. “Como faltan unos días para que lo designen senador, pues se apresuraron, porque, una vez que esté en la cárcel, ya no puede ser senador”, ha indicado. López Obrador ha comparado la situación de Corral con la suya propia en 2005, cuando, siendo jefe de Gobierno de Ciudad de México, el régimen de Vicente Fox intentó quitarle el fuero y encarcelarlo para descarrilar sus aspiraciones presidenciales.

Corral ha informado esta mañana de que presentará una denuncia contra la gobernadora Campos y el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Luis Valenzuela Holguín, por los delitos de abuso de autoridad y tentativa de privación ilegal de la libertad, al no haber contado con la autorización de colaboración cuando intentaron detenerlo la noche del miércoles. Corral ha dicho que acudiría a Chihuahua a defenderse de las acusaciones si “las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora”, quien, a su vez, ha agregado, está “sometida bajo control y chantaje” de Duarte y Manlio Fabio Beltrones, exdirigente del PRI presuntamente involucrado en la Operación Safiro. “Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra”, ha afirmado Corral. “Se me acusa de corrupción por haberla combatido”. El fiscal de Ciudad de México, Ulises Lara, ha afirmado este jueves que la Fiscalía de Campos solicitó la colaboración de su homóloga capitalina apenas unos minutos antes de que los agentes chihuahuenses intentaran la maniobra para capturar a Corral. “La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento, constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso”, ha indicado.

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