La Fiscalía de Chihuahua aprieta la pinza en torno al exgobernador Javier Corral y sus colaboradores

El Gobierno del Estado Chihuahua ha apretado el cerco alrededor del exmandatario panista Javier Corral y sus colaboradores más cercanos, particularmente los que investigaron y documentaron los desvíos de recursos del exgobernador César Duarte (2010-2016), uno de los símbolos más flagrantes de la corrupción de las Administraciones priistas. La semana pasada un juez local giró una orden de captura en contra de quien fuera secretario de Hacienda de Corral, Arturo Fuentes Vélez. Y apenas este domingo la Fiscalía estatal detuvo a Eduardo Fernández Herrera, que fue subsecretario de Egresos de Hacienda, director administrativo de la Fiscalía y luego secretario de Salud. Estos dos casos se suman al proceso judicial emprendido desde finales del año pasado contra el fiscal Anticorrupción durante la gestión de Corral, Francisco González Arredondo, acusado por el Gobierno estatal de ejercer “tortura psicológica” sobre los colaboradores de los actos de corrupción de Duarte.

Los tres exfuncionarios han sido puestos en la mira por el Gobierno de María Eugenia Maru Campos, enemiga de Corral —aunque ambos militan en el mismo partido, el PAN— y quien también fue salpicada en una de las carpetas de investigación abiertas contra Duarte, conocida comúnmente como Nómina secreta, nombre que alude a un esquema de sobornos pagados con recursos públicos por el Gobierno de Duarte a políticos de todos los partidos y que sumaron un desvío de 1.000 millones de pesos. La Fiscalía, en tiempos de Corral (2016-2021), obtuvo copias de recibos de pago firmados por los propios beneficiarios. Varios de ellos, por un monto de 10 millones de pesos, tienen la firma autógrafa de Campos en fechas en las que esta se desempeñaba como vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, de 2014 a 2016, aun en el periodo duartista. Para Corral, la persecución a sus excolaboradores es una “venganza política” de la actual gobernadora, precisamente, por esa investigación en la que fue señalada, y además es una estrategia para desmontar los expedientes que llevaron a la captura de Duarte, que hoy está vinculado a proceso y en espera de sentencia.

Según la acusación de la Fiscalía de Maru Campos, el exsecretario de Hacienda y el exsubsecretario de Egresos durante el Gobierno de Corral incurrieron en irregularidades en la reestructuración de la deuda pública del Estado. Particularmente a Vélez se le señala de mal uso de sus atribuciones por la contratación de un despacho privado para llevar a cabo el servicio de refinanciamiento. Corral tiene la certeza de que en realidad se trata de una estrategia en la que él es el destinatario final. “Lo estoy esperando; estoy listo para enfrentarlos”, ha dicho en entrevista.

“[Fuentes Vélez y Fernández Herrera] fueron de los funcionarios más importantes dentro de la Secretaría de Hacienda que documentaron y entregaron toda la información sobre los desvíos de Cesar Duarte tanto a la Secretaría de la Función Pública como al Ministerio Público, e incluso ante los jueces, porque comparecieron ambos ante procedimientos penales sobre la corrupción de Duarte”, afirma el panista. “Y particularmente, el tema que más le molesta a Maru Campos el de la Nómina secreta, porque quienes se encargaron de documentarlo y entregar recibos —porque todo eso se operó desde Hacienda—, pues, ni más ni menos, fueron Arturo Fuentes Vélez y particularmente Eduardo Fernández Herrera, que fue quien entregó incluso carpetas de recibos de pago”.

En marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que la Nómina secreta de Duarte sí existió y que gran parte de los desvíos de recursos de Chihuahua fueron destinados a financiar ilegalmente campañas del PRI. Ese es solo uno de los varios expedientes por corrupción abiertos por autoridades locales y federales en contra de Duarte. La Fiscalía de Maru Campos ha señalado que los colaboradores del priista fueron presionados y torturados psicológicamente para autoinculparse e incriminar a su jefe, el exmandatario. La investigación del INE, sin embargo, desvirtúa la hipótesis de la tortura con base en recibos de pago y testimonios de quienes participaron de los desvíos. El exfiscal González Arredondo pasó tres meses en prisión preventiva por las acusaciones de tortura psicológica. Logró que la medida cautelar fuese modificada para poder seguir su proceso en libertad condicional.

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