Los 9.520 piquetes de huachicol del primer año de Sheinbaum
Pemex sufre robos por 1.500 millones de dólares en los primeros meses de la mandataria, un aumento respecto al periodo anterior, pese a que el Gobierno contiene el número de tomas clandestinas en los ductos
Durante el primer año de mandato de Claudia Sheinbaum en México, del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, la empresa paraestatal Pemex registró 9.520 piquetes en sus ductos, que mueven diferentes combustibles por todo el territorio nacional. Bandas de ladrones, principalmente del centro del país, de Hidalgo, Jalisco y Guanajuato, ordeñaron las tuberías sin descanso, mientras el Gobierno se centraba en desmantelar redes fronterizas de contrabando de combustible, protagonistas de los grandes escándalos de la temporada. La venta de gasolinas robadas se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las mafias, la segunda más relevante, solo por detrás del tráfico de drogas, según el Gobierno de Estados Unidos.
Desde hace más de 10 años, el huachicol, nombre por el que se conoce a esta práctica, supone uno de los principales problemas para el Estado mexicano, sobre todo por la virulencia de los ladrones, siempre en conflicto entre ellos y contra las fuerzas de seguridad –en el caso de que no lleguen a acuerdos con ellas. Aunque en algunas regiones, caso de Tamaulipas, Puebla o el Estado de México, las autoridades han logrado contener la ordeña, en otras, caso de Hidalgo, el robo prolifera. Desde 2018, el Estado, en manos de Morena, ha liderado la penosa lista de regiones que más piquetes registran. En 2022, por ejemplo, Pemex llegó a contar 5.779 piquetes en los ductos que pasan por el Estado, el 40% de los registrados en todo el país.
Aunque se mantienen en niveles altos, las cifras han bajado desde entonces, en Hidalgo y en el país en general. De hecho, las 9.520 tomas clandestinas registradas en el primer año de Sheinbaum –1.300 menos que en todo 2024– suponen la cantidad más baja desde 2016, cuando se registraron 6.873. Hidalgo lidera la lista con 2.463, seguido de Jalisco, donde los piquetes a los ductos se dispararon en 2023, situación que persiste. En el primer año de la mandataria, el Estado contó 1.757 tomas clandestinas. Guanajuato ocupa el tercer lugar con poco más de 1.500. Las tomas clandestinas detectadas entre los tres estados suponen más de la mitad del total en el país, en un listado en que siguen apareciendo Tamaulipas, Querétaro, Nuevo León o el Estado de México.
Las pérdidas que provoca el huachicol tradicional, diferente del fiscal, que alude al contrabando fronterizo, son cuantiosas. En el primer año de Sheinbaum, el valor del combustible robado en los piquetes ascendió a 25.702 millones de pesos, alrededor de 1.500 millones de dólares, según datos de los informes trimestrales de Pemex. Se trata de una cantidad superior a la registrada al año inmediatamente anterior, del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, cuando Pemex perdió 21.421 millones de pesos. A estos números hay que añadir los costos de tapar los piquetes, cantidad que asciende a cientos de millones de pesos cada año. Solo de enero a abril de 2025, Pemex gastó 227 millones de pesos en inhabilitar las tomas clandestinas de los ductos, detectadas en el país.
Hidalgo es la piedra de toque de este fenómeno, dada la insistencia de sus bandas de ladrones. En un documento compartido con la Secretaría de la Defensa en 2020, divulgado por el colectivo de hackers Guacamaya, Pemex señalaba que el problema en el estado era múltiple y complejo. Su mismo territorio explica parte de la persistencia mafiosa. Hidalgo es sede de una refinería, un complejo petroquímico y una central termoeléctrica. De esas instalaciones salen ductos al occidente, hacia Jalisco, al sur, hacia Ciudad de México, y al oriente, hacia Veracruz. Los tramos de ducto más ordeñados yacen en el subsuelo del triángulo que forman la refinería de Tula, en Hidalgo, en el oeste, el norte de la capital, en el sur, y los límites de Hidalgo con Puebla, en el valle de Tulancingo, del lado este.
Tres de los ductos más pinchados pasan por Hidalgo, el Tuxpan-Tula, el Tula-Salamanca y el Tuxpan-Azcapotzalco. El documento mencionado señala como problema principal la falta de “encofrado” en las tuberías, protección de concreto que disuade a las mafias, ya que complica su acceso. En algunos tramos, además, los ductos ni siquiera están enterrados, lo que facilita el trabajo mafioso. La “probable contaminación” de empleados de Pemex, la “colusión de la delincuencia con autoridades y personalidades locales”, el “incremento de las capacidades técnicas de la delincuencia”, las carencias de las autoridades en medios de control aéreos, la lentitud de los procesos judiciales contra las bandas desarticuladas, y la “alta rentabilidad” del huachicol, completan la explicación.
En Hidalgo aparecen claramente varios circuitos de huachicol, conjuntos de poblaciones en que la incidencia de piquetes es muy alta. El más relevante en estos últimos meses es el que forman Cuautepec, Tulantepec, Singuilucan y Tepeapulco, en la zona suroriente del Estado, en la puerta trasera de la Sierra Norte de Puebla. Entre esos cuatro municipios suman 772 piquetes, de los 1.924 que registró Hidalgo hasta septiembre. Si se añaden los 196 que registró el municipio vecino de Huauchinango, en la misma vertiente de los ductos, pero ya en Puebla, la suma asciende a 968, el gran triángulo rojo del robo de combustible del México de Sheinbaum.
El segundo circuito más importante de Hidalgo yace alrededor de la refinería de Tula, que suma además los piquetes de Nopala, Tlaxcoapan, Ajacuba y Tlahuelilpan, fatídicamente recordado, este último, por la explosión de un piquete, en 2019, que dejó 137 muertos. Junto a los registrados en el municipio vecino de Huehuetoca, en el Estado de México, este segundo circuito suma 595 piquetes hasta septiembre. Tanto este como el de Cuautepec rivalizan con el que funciona junto al ducto que va de Salamanca, en Guanajuato, a Guadalajara, en Jalisco. El municipio de Degollado, de hecho, lidera en el número de tomas clandestinas detectadas este año, con 548. Sumadas a las de Atotonilco, Zapotlanejo y Tototlán, la cifra asciende a 1.011.
Las autoridades conocen los movimientos de las mafias que roban combustible en estos tres circuitos, responsables de un tercio de los piquetes registrados hasta septiembre de este año. En la zona suroriente de Hidalgo, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa rastrea desde hace al menos un lustro a un puñado de cabecillas criminales, entre ellos Gabriel Rodríguez Hernández, El Gabo, Cirilo Lira Gutiérrez, Don Lupe, José Gerardo Olmedo Arista, El Cochiloco, o Emilia Campillo Batalla, La Marrana. En algunos casos, estos personajes han prosperado en la política local, caso de Olmedo, que fue alcalde de Cuautepec, municipio con la mayor cantidad de piquetes registrados en los últimos años en el país.
El Ejército también ha detectado a grupos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta zona, aunque su gran operación se encuentra sobre el ducto que va de Salamanca a Guadalajara, a la altura de Degollado. En ese y otros municipios aledaños domina una de las redes criminales más antiguas de la región, cercana al líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias Mencho. Se trata del clan familiar de Los Guerrero, siempre a medio camino entre Michoacán y Jalisco. En 2023, el Departamento del Tesoro de EE UU sancionó a las cabezas más visibles de este grupo criminal, los hermanos Adrián y Javier Guerrero Covarrubias, a quienes acusa de tráfico de armas, robo de combustible y tráfico de drogas.
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