Nunvav Inc., el epicentro de todos los desvíos en la red corrupta de García Luna

Todas las redes de corrupción tienen su centro, el nodo en el que se entrelazan todas las operaciones ilícitas, más aún cuando se trata de movimientos de dinero. En la red encabezada por Genaro García Luna, el poderoso exsecretario de Seguridad sentenciado en Estados Unidos por narco, el corazón está en Nunvav Inc. Más de la mitad de la fortuna que García Luna hurtó del Gobierno mexicano entró a las cuentas de esa compañía y de ahí fue dispersado a múltiples destinos dentro y fuera del país. Esta semana, la Fiscalía capturó a María Vanessa Pedraza Madrid, apoderada legal de Nunvav y excolaboradora de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012). Acusada de blanqueo de recursos y delincuencia organizada, Pedraza fue enviada al penal femenil federal de Morelos, donde estará recluida desde el inicio de su juicio hasta el dictado de su sentencia.

El Gobierno de México, en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, emprendió un litigio sin precedentes en los tribunales de Estados Unidos para intentar recuperar la fortuna que García Luna amasó mediante el expolio del erario. En representación de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia antilavado, sostuvo que esos recursos pertenecían legítimamente a México, pues fueron obtenidos mediante contrataciones fraudulentas con dependencias de la Administración pública. La demanda fue presentada en el Estado de Florida, donde el exfuncionario asentó su riqueza. La UIF puso en el centro de la diana no solo a García Luna, sino a decenas de socios, prestanombres y empresas utilizadas en el enorme esquema de corrupción. Una de las entidades acusadas fue, precisamente, Nunvav, una compañía constituida en el paraíso fiscal de Panamá en 2005, propiedad de los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, socios y testaferros de García Luna.

La UIF enlistó al menos 30 contratos públicos adjudicados a la red de García Luna entre 2009 y 2018, de acuerdo con los documentos del juicio civil en Florida, consultados por EL PAÍS. La suma del dinero desviado, según México, es de 745,4 millones de dólares, provenientes de las arcas de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía de Ciudad de México. De esa cantidad, 466,4 millones de dólares, el 62%, fueron a parar a las cuentas de Nunvav, mediante 26 contrataciones simuladas. La gran mayoría de los desvíos a esta firma ocurrió en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), desde dos áreas estratégicas de la Secretaría de Gobernación: el Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje político del Gobierno priista, y el OADPRS, el órgano que administra las prisiones federales. El titular de la Segob durante todo el sexenio priista fue Miguel Ángel Osorio Chong, personaje del círculo más cercano a Peña Nieto. Los contratos tuvieron fines variados: la supuesta adquisición de “equipos de comunicación especial”, la creación de una “plataforma para seguridad nacional”, la compra de tecnología para prisiones o una genérica “ampliación de equipos”.

En menor medida, los desvíos de recursos a la red corrupta de García Luna se dieron en el último trienio del sexenio de Calderón. Las contrataciones se registraron en la propia Secretaría de Seguridad Pública que dirigía el exfuncionario. En esa dependencia es donde se cruzaron los caminos de García Luna y María Pedraza. Esta ingresó en la SSP en 2001. En su trayectoria de más de una década, pasó varios años en el OADPRS —que entonces estaba adscrito a esa secretaría—, luego asumió el seguimiento a “proyectos prioritarios” en la institución y finalmente se convirtió en asesora del secretario García Luna. Ambos salieron de la SSP a finales de 2012, durante la transición del sexenio de Calderón al de Peña Nieto.

Según la acusación de la Fiscalía contra Pedraza, Nunvav no solo blanqueó recursos desviados del erario, sino también del crimen organizado. Esto sintoniza con el hecho de que García Luna fue sentenciado en EE UU a 38 años de prisión por colaborar y recibir sobornos el Cartel de Sinaloa. Un documento de la UIF describe el complejo entramado de Nunvav para dispersar los recursos: envíos de dinero a cuentas en el extranjero —a Estados Unidos, Barbados, Israel, Panamá—; a otras compañías de la red corrupta —Nunvav Technologies Inc., Nice Systems Ltd., GLAC Security Consulting—; a socios y amigos del exsecretario, como Weinberg Pinto y Weinberg López, o como Luis Cárdenas Palomino, que también fue un alto funcionario de la SSP, muy parecido en el actuar a García Luna, colaborador de narcos, torturador de inocentes, hoy también en prisión. Otros depósitos fueron, por ejemplo, a la firma Delta Integrator LLC, en EE UU, con la que el hombre fuerte de Calderón compró propiedades en el país norteamericano.

La acusación de México ante las cortes de Florida define claramente que Nunvav “sirvió como la contratista principal en el esquema ilegal de contrataciones con el Gobierno mexicano y conducto para la canalización de los recursos ilegales hacia las [demás] empresas”. Aunque se señala a los Weinberg y a Wancier como cabezas oficiales de la empresa, la acusación identifica a García Luna como su “controlador”. La UIF señala que los Weinberg utilizaban a Nunvav para pagar desde 2006 sobornos a García Luna y un subalterno suyo, José Francisco Niembro González, subsecretario de la SSP, a cambio de la obtención de contratos gubernamentales. Se trató de “al menos 76 pagos por más de 10 millones de dólares”, de acuerdo con los documentos del juicio.

Nunvav recibió depósitos de la Secretaría de Gobernación en Occidental Bank Barbados, BBVA Bancomer y CI Banco, según comprobantes recabados por la autoridad antilavado de México. Sin embargo, los documentos del juicio revelan que la empresa también tenía cuentas en Banamex y Monex. Más allá de Nunvav, otros testaferros y compañías de papel de la red corrupta de García Luna usaban otros bancos para lavar dinero. Si bien, recientemente, el Gobierno revocó la licencia de CIBanco por acusaciones de EE UU de que servía para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita, los documentos judiciales muestran que, en general, el sistema financiero mexicano y extranjero colabora activamente en los grandes mecanismos de corrupción, caso del que encabezó García Luna.

El Gobierno de México intenta recuperar unos fondos que considera legítimamente suyos, y Estados Unidos da la pelea por retenerlos. Hasta ahora, México ha recuperado una mínima parte. La norma es que los personajes corruptos asienten en EE UU la fortuna que hicieron con los recursos expoliados a los mexicanos, y que Washington se quede con los beneficios. López Obrador intentó una novedosa estrategia para cambiar el sentido del tablero. García Luna, que fue sentenciado en un juicio penal aparte, ha perdido todo.