Las diferencias dentro de Morena y el papel de la Suprema Corte fuerzan la intervención de Sheinbaum para sacar adelante la Ley de Amparo

Por si fuera poco gobernar México, la presidenta, Claudia Sheinbaum, también debe ocuparse de los mil frentes abiertos dentro de su partido, Morena. La reforma a la Ley de Amparo, prioritaria para su Administración, ha trastabillado en el Senado debido a los desacuerdos entre los legisladores oficialistas, los asesores de la mandataria y los ministros de la Suprema Corte. La inclusión in extremis de una polémica cláusula sobre la retroactividad de la ley, que choca abiertamente con la Constitución, obligó a la intervención de la mandataria este jueves, que mostró su inconformidad con el artículo y marcó la ruta para su corrección en la Cámara de Diputados. La reforma a la Ley de Amparo facilita al Gobierno la recaudación y el avance en las obras de infraestructura, además de allanar el terreno para perseguir el dinero del narcotráfico sin tantos palos en las ruedas. El varapalo a este cambio legal impacta de lleno en la agenda de Sheinbaum y recuerda a la controversia por la Ley de Telecomunicaciones, un proyecto presidencial que también fue desvirtuado por el propio oficialismo cuando llegó al Congreso. EL PAÍS reconstruye las pugnas políticas que, sumadas a las críticas de la sociedad civil y los juristas, han puesto en el ojo del huracán uno de los proyectos legales más importantes del sexenio.

Las audiencias públicas celebradas el lunes y el martes habían logrado que las comisiones encargadas de redactar el dictamen final limaran algunos de los aspectos de la propuesta presidencial que más preocupaban a organizaciones y expertos, como la restricción de quién puede alegar un interés legítimo para poner una demanda de amparo, que incluyó finalmente a individuos y colectivos. El resultado final no satisfacía a los críticos pero los encontraba a medio camino. Eso, hasta que el senador morenista Manuel Huerta planteó una reserva al dictamen que introducía de nuevo un punto desechado previamente en la sesión conjunta de los órganos legislativos, según ha aclarado el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral. El expanista, además, dice haber advertido a lo largo de la jornada del “carácter anticonstitucional” de la redacción reintroducida por Huerta. Este senador ya había maniobrado de manera parecida cuando se discutía la reforma judicial y propuso de último momento un cambio que anulaba el poder de los comités de evaluación de candidatos. Su propuesta fue rechazada.

El artículo ahora cuestionado, avalado por el Pleno con la ausencia de Corral, que había encabezado los trabajos los días anteriores, ha quedado así: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”. El artículo 14 de la Constitución establece que ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva cuando es en perjuicio de la persona juzgada, pero, para los expertos, la oposición y algunos morenistas, esa redacción contradice de lleno este precepto constitucional.

Fuentes del Gabinete federal afirman que la nueva Suprema Corte, con Hugo Aguilar a la cabeza, fue la que pidió que se introdujera el polémico artículo. Las fuentes señalan que, en un inicio, los togados, impulsados por el propio oficialismo en las elecciones de junio, pretendían que todos los juicios de amparo que estuviesen en curso se reiniciaran conforme a los nuevos lineamientos de la reforma. Es decir, que las etapas del juicio que ya hubiesen concluido se revocaran y el proceso comenzara de nuevo. Esto, en los hechos, llevaría incluso más lejos la retroactividad. Sería “una orquesta de inconstitucionalidades”, en palabras de la jurista Melissa Ayala, que participó en las audiencias públicas de la Cámara Alta.

La Consejería Jurídica de la presidencia, a cargo de Ernestina Godoy, y el exministro Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, limaron la petición del Supremo, pues la consideraron extrema y contraria a los intereses del Ejecutivo y la dejaron como finalmente la presentó el senador Huerta, que argumentó que no incurre en una “retroactividad violatoria” porque “no afecta a derechos adquiridos”, una interpretación errónea, según Ayala y el también jurista Javier Martín Reyes. Desde el entorno de Aguilar reconocen que hubo un acercamiento con la Consejería Jurídica para opinar sobre la reforma y pedir que el juicio de amparo deje de ser tan burocrático, pero niegan que hayan pedido que se revocaran los procesos en trámite. “¿Para qué se pediría reiniciar todo? Sería más carga de trabajo para los jueces”, apuntan.

Funcionarios del Gobierno defienden que la reforma, tal como se aprobó, con el cambio aplicado al proyecto de la Corte, no es retroactiva. Aseguran que las etapas procesales que ya hayan concluido dentro del juicio de amparo quedarán firmes y que solo las subsecuentes se apegarán a los nuevos criterios de la reforma. En defensa de esta versión, citan jurisprudencia de la antigua Suprema Corte que estableció que los cambios en normas procesales no incurren en retroactividad mientras no cancelen facultades o derechos con los que ya contaba la persona que busca el amparo. Los especialistas difieren de esta lectura, que también esbozó el senador Huerta en la tribuna.

“Si ese fuera el objetivo, no se tendría que poner así en un transitorio”, señala Melissa Ayala. “El hecho de que lo pongan es un claro indicativo de que ese no es el objetivo”, agrega, una idea que también refuerza Martín Reyes: “El transitorio no dice lo que estas personas dicen. Si ellos hubieran querido establecer esa distinción más fina entre las diferentes etapas… pero no, es más, la redacción dice exactamente lo contrario”. Los juristas no comparten, tampoco, que no haya derechos o facultades afectadas en el camino. “El hecho de que te cambien de un momento a otro si te pueden conceder la suspensión o no es peligroso”, coinciden.

La preparación de la reforma a la Ley de Amparo puso en evidencia el concierto de intereses dentro del Gobierno y el ánimo generalizado de los funcionarios de restringir al máximo un instrumento concebido para contener los actos de autoridad. En los hechos, las audiencias y debates más arduos se dieron a lo largo de varias semanas en el seno del propio oficialismo, al margen de los foros públicos a los que convocó el senador Corral. En esas mesas participaban representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la de Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal, el SAT —el órgano recaudador—, la UIF —la agencia contra el blanqueo de recursos— y algunos legisladores de Morena.

Originalmente, Sheinbaum había pensado en una reforma constitucional. Sin embargo, de acuerdo con fuentes que participaron en esas reuniones de trabajo, el borrador que resultó limitaba ostensiblemente los derechos del ciudadano. La presidenta entonces pidió que se pasara a una reforma legal y se mantuvieran así intactos los derechos consagrados en la Constitución. Como botón de muestra, en esas mesas fue donde los representantes de la UIF pidieron que el bloqueo de cuentas no pudiese ser suspendido mediante un amparo y también donde se planteó que la suspensión no procediera contra ningún proyecto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, contra ninguna obra pública y contra ningún acto de investigación en materia de seguridad.

Si bien esas peticiones nocivas quedaron matizadas en el proyecto que Sheinbaum envió al Senado, los intereses ajenos a la agenda presidencial —o los “duendes legislativos”, como les llamó la senadora del PRI Claudia Anaya— han puesto un alto en los planes de la mandataria. La presidenta se ha visto obligada a lanzar un mensaje disciplinador a la Cámara de Diputados, que será quien recoja el guante de su contraparte legislativa y corrija de nuevo el articulado. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ya ha tomado nota y este mismo jueves se ha alineado con la interpretación de Sheinbaum, que pide que se revise la introducción de la polémica cláusula. “Si la redacción viniera así, como quedó, sí es violatorio [de la Constitución]”, ha dicho Monreal, contradiciendo el voto de sus correligionarios en el Senado. Este enredo se suma a la lista de episodios en los que el oficialismo, aún controlando los principales resortes políticos y judiciales del país, debe volver sobre sus propios pasos.