Sheinbaum propone una reforma al amparo que enciende la alarma entre la oposición y los expertos en Derecho

Elegir los jueces en las urnas fue solo el arranque hilo conductor de un cambio de gran calado a la Justicia en México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso en pleno festejo del Día de la Independencia una propuesta de reforma a la Ley de Amparo. La figura es considerada desde hace décadas como una forma de cobijar a los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades. La propuesta presidencial viene cargada con un efecto expansivo que pone topes a las suspensiones temporales que den, de alguna manera, oxígeno a empresas y al sector privado. También dificulta que los jueces frenen el bloqueo de cuentas impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (el Ejecutivo) y desaparece suspensiones contra detenciones por prisión preventiva oficiosa. La iniciativa ha generado críticas entre los especialistas en Derecho y reacciones de la oposición.

La reforma al amparo se cuela entre los temas centrales de la agenda del Congreso. Este tipo de juicio es el más recurrido en México para impugnar actos de una autoridad que puedan implicar una vulneración a los derechos humanos. Sheinbaum busca cambios que puedan reforzar la decisión de los tribunales y hacerlos menos endebles ante recursos ilimitados. “En México aunque la Corte haga una resolución puede haber un amparo frente a la ejecución de la resolución. Eso prácticamente en ningún país del mundo”, aseguró la presidenta esta mañana en su conferencia de prensa. “Lo más importante es que la justicia pueda ser expedita, que no lleve tanto tiempo y que no se abuse de esta figura”, añadió.

La propuesta presidencial ha abierto un nuevo frente con la oposición y con los expertos críticos de la Administración, que advierten un cierre del acceso a la justicia, especialmente para los colectivos. “Una reforma al juicio de amparo que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación”, aseguró en las redes sociales Javier Laynez, quien sirvió como juez constitucional hasta el mes pasado.

Otros expertos han recibido con la misma cautela la propuesta presidencial. “Sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”, dice Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La propuesta de Sheinbaum está repleta de tecnicismos que abren la puerta a la interpretación del significado e implicaciones del beneficio judicial.

El Ejecutivo también propone modernizar el sistema, un punto bien visto entre los analistas. La iniciativa sugiere la vía electrónica para presentar demandas y establece un máximo de 60 días naturales para recibir una sentencia.

“El uso intensivo del expediente digital es algo acertado y establecer plazos más claros con el dictado de sentencias”, señala Reyes. Con todo, el analista considera que los negativos de la propuesta superan a los aciertos.

La redefinición del interés legítimo planteado por la propuesta es uno de los puntos más polémicos. Únicamente las personas que prueben un “interés legítimo” podrán promover demandas de amparo, un cambio que cierra la puerta a controversias en favor de derechos colectivos. Como ejemplo, una demanda de organizaciones ambientalistas por la construcción del Tren Maya, no prosperaría bajo la premisa.

“La norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”, se lee en la propuesta de enmienda.

El cambio implica un retorno a una reforma previa promulgada en 2011, refiere Martín Reyes. La redacción de la Constitución establece que los amparos podrán presentarse por el titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, mientras argumente que se violan sus derechos humanos directa o indirectamente.

Las suspensiones limitadas también han encendido las alertas. La reforma establece que la suspensión de actos de autoridad podrá negarse si afecta el interés social o el orden público, es decir, que las suspensiones, en tanto el juez resuelva el caso, se podrán negar. En su exposición de motivos, el Ejecutivo refiere que se afecta al interés social cuando se concede una suspensión para el congelamiento de cuentas vinculadas a supuestos delitos. Con ello, se razona, se permite la continuación de actos posiblemente relacionados con lavado de dinero, o que obstaculizan las funciones de los organismos contra el blanqueo de recursos.

Rendición de cuentas

La exoneración de las autoridades es otro punto cargado de controversia. La enmienda propone que los sujetos demandados podrán argumentar una imposibilidad jurídica o material para no cumplir las sentencias sin que haya consecuencias legales. Además, contrario a lo que ahora ocurre, las sanciones por incumplimiento de las sentencias de amparo, en caso de que las hubiera, no aplicarán para funcionarios públicos, sino que serán absorbidas por las dependencias para las que trabajan.

Los cambios a la figura de amparo han llegado desde hace meses. El Congreso, controlado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobó modificaciones para evitar que los amparos se apliquen contra reformas constitucionales, un cambio que ha blindado las enmiendas a la Constitución adoptadas por la mayoría legislativa.

Un segundo golpe, aprobado en marzo, impide que una sentencia de amparo tenga efectos generales en la población, como ocurría antes. La disposición ha sido ratificada en esta nueva propuesta de reforma. “Esto implica es que menos personas puedan acceder al amparo”, refiere Martín Reyes, junto con un puñado de expertos en materia constitucional.

La propuesta ha agitado el debate parlamentario. La oposición y la academia han encendido los focos rojos, advirtiendo que los cambios implican un retroceso. “Es parte de la consolidación del régimen de corte autoritario. Quieren acabar con uno de los pocos recursos que tenían los ciudadanos para defenderse de las autoridades”, ha lanzado Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en el Senado.

Sheinbaum defiende su propuesta y pide que esta sea analizada a fondo en el Congreso. “Que la gente sepa que está resguardado su derecho frente a un acto de impunidad, pero es importante que no se abuse del amparo frente a la resolución del máximo tribunal”, matizó este jueves.

El senador oficialista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, ha anunciado que el debate parlamentario será abierto. La reforma tiene aún un largo camino legislativo. Primero en la Cámara alta y después con los diputados. El trecho apunta a que podría ser votada el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de febrero.

La polémica ha llevado a Sheinbaum a echar mano de sus cercanos. La consejera jurídica, Ernestina Godoy y el expresidente de la Corte, Arturo Zaldivar, [asesor de presidencia], se presentarán este viernes en la conferencia matutina para servir de cortafuego ante la crítica que ha generado la propuesta.