La presidenta de México rechaza la retroactividad de la Ley de Amparo incluida por el Senado a última hora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado la retroactividad que este miércoles por la noche se introdujo in extremis en el dictamen sobre la reforma a la Ley de Amparo que discutió y aprobó el Senado con 70 votos a favor y 39 en contra. La disposición transitoria que conmina a juzgar asuntos que ya están en los tribunales conforme a la nueva legislación no estaba en la iniciativa presidencial y tampoco en el dictamen que las comisiones conjuntas de Justicia, Estudios legislativos y Hacienda llevaron a la Cámara Alta. Fue el senador morenista Manuel Huerta quien la introdujo a través de una reserva en el Pleno. Preguntada por ello esta mañana durante su conferencia matutina, la mandataria se ha mostrado contundente: “Hay que respetar la Constitución, que establece claramente que no debe haber retroactividad”. “Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes no puede haber retroactividad, eso es lo primero”, ha expresado antes de afirmar que va “a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio” que, según ha asegurado, “no era necesario”.

La reforma había nacido plagada de polémicas desde su concepción, pero ninguna había escalado la preocupación de los expertos como la introducción de esta disposición que contradice expresamente el artículo 14 de la Carta magna. Ese apartado establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, es decir, solo se puede aplicar una ley nueva a un asunto anterior cuando se hace en beneficio de la persona juzgada, nunca a la inversa. La introducción en el Senado de este punto abre un debate nuevo a los que se venían arrastrando desde que se conoció la iniciativa el 15 de septiembre y deja en manos de la Cámara de Diputados la responsabilidad de corregir esta contradicción que afecta al corazón de la seguridad jurídica. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ya ha apuntado que en su opinión, tal como está redactado ahora, “sí es violatorio” de la Constitución, y anticipa una revisión muy cuidadosa en la Cámara baja.

En un intento por sortear las acusaciones que penden a diario sobre Morena, que usa su aplanadora legislativa para aprobar sin resistencias ni consenso sus reformas, el lunes y el martes se celebraron en la Cámara Alta varias audiencias públicas en las que diversos expertos expresaron sus reticencias a la iniciativa de la presidenta tal como estaba planteada en un inicio. Entre los puntos que despertaban mayor recelo destacaba la restricción del concepto del interés legítimo, que dejaba en el aire la capacidad de los colectivos para presentar demandas por asuntos en los que no pudieran demostrar una afectación directa y personal. La oposición a algunos proyectos de gran impacto ambiental, como la construcción del Tren Maya, han sido encabezados por organizaciones sin ánimo de lucro, que se han puesto en guardia desde que se conoció la propuesta.

No era el único punto. Entre los académicos también preocupaban las restricciones a las suspensiones temporales que un juez puede decretar para evitar que la medida que está siendo juzgada en el juicio de amparo siga adelante sin haber resuelto primero si es o no pertinente, habida cuenta de que el daño puede ser irreversible para cuando se determine el fondo de la cuestión.

Los puntos más lesivos o criticados fueron limados en una modificación del texto del dictamen el martes por la noche, horas antes de que pasara a discutirse por el Pleno en una sesión que duró más de seis horas, pero que confirmó la urgencia con la que el oficialismo encara cada reforma legislativa, que deja poco margen a la discusión sosegada. “Este dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente”, dijo el presidente de la Comisión de Justicia, el senador morenista Javier Corral, durante la presentación del proyecto, en la que aseguró que las preocupaciones que habían planteado los expertos en las sesiones anteriores habían sido escuchadas e incorporadas a la redacción definitiva, en la que sin embargo se coló, de noche, la disposición transitoria que ha terminado de encender todas las alarmas.

La propia Claudia Sheinbaum se ha mostrado preocupada y ha agradecido que una periodista le preguntara por ello para poder aclarar que esa cuestión no estaba contemplada en su propuesta. “Me parece que tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo, que no han llegado a la Corte y que no representan un nuevo juicio, sigan con las leyes anteriores, porque se trata de un procedimiento previo”, ha reiterado varias veces.

De fondo están los casos judiciales que el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, férreo opositor de los Gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación, enfrenta por impago de impuestos, una deuda que la agencia tributaria cifra en 75.000 millones de pesos y que el Ejecutivo persigue con ahínco. Hace un par de semanas, el exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar acudió a la conferencia matutina de la presidenta para defender la iniciativa de reforma y apuntó en esa dirección. La iniciativa, entre otras cosas, busca impedir que los deudores fiscales puedan plantear amparos sucesivos ante sentencias firmes emitidas por el máximo tribunal, una técnica dilatoria que aplaza el final de los juicios hasta el punto de que las resoluciones no terminan nunca de cumplirse.

Si la defensa de Zaldívar, hoy miembro del Gobierno de la presidenta, ya señalaba a la posible dedicatoria de la reforma al magnate, la introducción de la retroactividad apuntala las sospechas y lleva un peldaño más lejos las pretensiones de la mandataria mexicana, que con su intervención de este jueves parece conminar a la Cámara de Diputados a enmendar el desaguisado de su contraparte legislativa.