Una investigación atascada y rodeada de irregularidades: sin noticias de la extraña muerte de Abisaí Pérez

A dos años de la muerte del activista y reportero ambiental Abisaí Pérez, cuyo cuerpo apareció en la comunidad de San José (Tula, Hidalgo) en febrero del 2023, no ha habido ningún avance significativo en su carpeta de investigación. La familia denuncia que el expediente está repleto de omisiones por parte de la Fiscalía y que “desde el principio, hubo mucha desinformación e incógnitas”, en palabras de Sandra, una familiar directa del fallecido que prefiere no usar su nombre verdadero.

El estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) investigaba delitos socioambientales como parte de su servicio social en la misma región donde apareció sin vida, uno de los mayores infiernos ambientales de México, designado en el 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la ciudad más contaminada del mundo. También participaba en un atlas de justicia ambiental y difundía información en su canal de YouTube sobre corrupción y violencia, incluido el asesinato de su compañero y activista Jesús Bañuelos, conocido como Chuy, miembro del Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, al que también pertenecía el reportero.

Sus allegados y las organizaciones que siguen el caso sospechan que estas actividades están detrás de su muerte. “Abisaí estaba en el punto de mira, sabía mucho y luchaba por generar un cambio en la región. Lo que le pasó no fue un accidente, sino un asesinato”, manifiesta Rosa, nombre ficticio de una compañera de la organización que no quiere desvelar su identidad “por miedo a las represalias”.

Encontrado en extrañas circunstancias, las autoridades no han esclarecido todavía la causa del fallecimiento del activista. “Cuando pregunté por su celular, lo primero que me respondieron es que ya me habían entregado sus pertenencias, y después resultó no ser así, no estaban completas. Aunque solicitamos los datos conservados del dispositivo, hasta la fecha no lo han hecho”, expone. Ella fue la primera en acudir a la funeraria donde habían trasladado el cuerpo de Abisaí. “Como no llevaba identificación, se llevaron el cuerpo en calidad de desconocido. Yo me enteré de que era él a través de la cuenta de Facebook de un noticiero local. Al leer que llevaba rastas, lo supe”, cuenta.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo señaló que el cadáver no presentaba signos de violencia, y el informe forense estableció como causa de la muerte un hematoma subdural generalizado, secundario a traumatismo facial ocasionado por una caída desde su propia altura, es decir, no consideraron que fuera producto de un delito. “La ficha informativa publicada el día después de su muerte ni mencionaba que traía su bicicleta”, matiza Sandra. “Nos dijeron que venía bebido y drogado y que seguro se cayó. El primer peritaje decía que fue un accidente. No descartamos esa posibilidad, pero ¿cuánta gente se cae de la bicicleta y se mata?”, ironiza la familia.

En el momento de los acontecimientos, Reporteros Sin Fronteras pidió que se investigara el caso “sin descartar motivos basados en su labor periodística”, sosteniendo que el joven fue asesinado el 12 de febrero, día de la desaparición. Hasta la fecha, las autoridades no han arrojado nueva información y desde la Procuraduría de Hidalgo sostienen que se trató de un accidente.

El problema, argumenta Sandra, “es que se omitieron algunos elementos claves que probablemente hubieran ayudado en la investigación”. Entre las negligencias periciales destaca la omisión de las grabaciones de algunas cámaras que pudieron captar el suceso. El cuerpo del reportero apareció en un descampado a unos tres kilómetros del domicilio de su madre, con quien vivía. “Solicitamos la revisión de imágenes pocos días después de la muerte de mi hermano. Se llevaron a cabo hasta cinco solicitudes donde se mencionan las coordenadas exactas. Según nos remitieron en un informe, todas las cámaras estaban descompuestas, pero se trataba de otras distintas a las que nosotros les habíamos señalado”, apunta la familiar. “Nunca tuvimos acceso a ninguna grabación porque la mayoría de las cámaras particulares se conservan entre siete y 15 días”, lamenta.

Fue el departamento de Derechos Humanos de la ONU quien aconsejó a la familia interponer distintas quejas por la omisión de pruebas. Pero la única novedad del caso en estos dos ha sido el traslado de la carpeta de investigación a la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión. Sin embargo, la familia y el abogado que lleva la defensa lamentan el cambio. “Aunque sabemos que es área correspondiente, apenas cuentan con personal y no muestran interés por agilizar la investigación. El traslado solo ha traído más rezago”, denuncian.

La UACM impulsó a principios de este año la creación del comité para la resolución del caso e insta a las autoridades a acelerar el proceso. “Teniendo en cuenta que Abisaí había desvelado realidades muy incómodas y el clima en el que aconteció su muerte, creemos que se trató de un crimen y pedimos su esclarecimiento lo antes posible”, declara Hernán Correa, integrante del grupo y profesor del joven.

El mismo año de la muerte del estudiante, una veintena de defensores del medio ambiente y el territorio fueron asesinados. “Si bien se consiguió cerrar el basurero de Atitalaquia, los problemas en la zona van cada vez a peor. Todavía no se ha reconocido la emergencia sanitaria y ambiental en la región”, alega Rosa, quien lamenta las dos pérdidas sufridas en su organización por la defensa del territorio y la vida: “Primero Chuy, después Abisaí. ¿Quién será el siguiente?”.

La familia solicita que alguna institución con un perito en criminalística aporte una segunda opinión sobre el caso. Y añaden que “la presión social también es importante. Por eso solicitamos apoyo para firmar la petición del portal Change Org y visibilizar su caso, que no quede impune”.