Astrid denunció a su expareja por deudor alimentario y él la mató junto a su hijo

Durante la noche del 28 de diciembre, Jesús Fernando entró en la casa donde vivía Astrid Yáñez, de 26 años, junto a su hijo Dante, de seis. Los apuñaló y después prendió fuego a la vivienda con ellos dentro. Con ese ataque, el hombre culminaba meses de amenazas a su expareja y cerraba años de no haberse hecho cargo de su hijo. Astrid lo había demandado por deudor alimentario y había presionado para que no le dieran un cargo público en Culiacán, Sinaloa. El brutal crimen fue la respuesta. La agresión evidencia de nuevo la feroz violencia de género que se vive en México, donde 10 mujeres son asesinadas cada día. El 95% de los casos nunca encuentra justicia.

Astrid Yáñez había cumplido en 2024 uno de sus sueños: por fin podía ejercer como psicóloga, la carrera que había estudiado en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En julio montó su propia consulta especializada en depresión, ansiedad y adicciones. “Se sentía muy orgullosa”, cuenta Jesús, uno de sus amigos, a EL PAÍS. Ellos se habían conocido en 2016 trabajando en un call center, uno de los empleos que Astrid tuvo mientras estudiaba su licenciatura. Los dos jóvenes acostumbraban a celebrar sus cumpleaños juntos, a principios de diciembre, y pronto sus amigos por separado se hicieron comunes: “Ella fue muy alegre siempre, muy amorosa, muy amable”.

En 2018, nació Dante: “Desde que lo tuvo, su vida era su niño, vivía por él y para él. A pesar de que su pareja no se quería hacer responsable, de que los dejó prácticamente”. Astrid decidió, poco después, demandar a Jesús Fernando. Desde entonces él le mandaba mensajes amenazantes, pero la joven siempre se mantuvo firme, cuenta su amigo Jesús. “Hace como un año él se anduvo postulando en un puesto para el municipio de Culiacán. A Astrid no se le hacía justo que se postulara porque tenía una demanda. Nosotros la ayudamos a compartir el caso, no se nos hacía justo que un deudor estuviera en un cargo público”, explica Jesús por teléfono desde Culiacán.

En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) y el 67,5% de las madres enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas. En 2023, el Congreso mexicano aprobó la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, impulsada por la activista Diana Luz Vázquez. El objetivo era que estuvieran públicos los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos y evitar que puedan salir del país, comprar inmuebles o acceder a cargos públicos. Sin embargo, apenas ha entrado en vigor en unos cuantos Estados de México y no lo hizo en Sinaloa.

Desde junio de 2023, Astrid empezó a difundir en sus redes sociales el nombre completo y foto de Jesús Fernando como deudor alimentario. “Solo ha visto a su hijo dos veces, no aporta nada para vestido, escuela o alimento”, se lee en las publicaciones. Tanto antes como después, la joven utilizaba su cuenta para concienciar sobre este tipo de violencia de género: “No pagan porque te quieren castigar. No pagan porque te quisiste separar. No pagan porque son machistas”, difundía Astrid, que también escribía publicaciones para buscar justicia a mujeres desaparecidas: “Si un día desaparezco, búsquenme. Jamás dejaría a Dante”.

La colectiva Ley Sabina vs Deudores Alimentarios Sinaloa ayudó a Astrid con la difusión de su caso y añadió que Jesús Fernando era también deudor de otra niña, de ocho años, de la que tampoco se hacía cargo. “La difusión se hizo algo grande y a él lo destituyen del puesto”, cuenta Jesús, “y ahí viene otra amenaza, otro tema por eso. Le decía que por su culpa lo habían quitado del puesto”. Las amenazas tenían preocupada a la joven, porque su expareja ya había tenido antes comportamientos agresivos. “Pero miedo nunca le tuvo, ella estaba muy firme, muy segura de lo que pedía”, dice su amigo.

El domingo 29 de diciembre, los vecinos del fraccionamiento Bosques del Álamo, al norte de Culiacán, llamaron a la policía por un incendio en una vivienda. En una Sinaloa asediada por los enfrentamientos entre el crimen organizado, la primera impresión de las autoridades es que se trataba de otra quema de casas relacionada con la batalla entre Los Chapitos y La Mayiza.

“Al llegar la policía y el personal de bomberos para sofocar el incendio, entraron y localizaron dos cuerpos. Se halló a una persona del sexo femenino de 26 años, y un menor, un niño, de seis años”, dijo en una rueda de prensa el subsecretario de Seguridad Pública estatal, Leoncio Pedro García Alatorre. Eran Astrid y Dante. El funcionario explicó que la causa de muerte fueron “lesiones provocadas por armas punzocortantes”. Todo apuntaba que el incendio había sido para encubrir el crimen. La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por feminicidio y homicidio agravado en razón de parentesco.

La noche anterior, un hombre había llegado herido por arma blanca a un hospital del IMSS, donde aseguró que había sido atacado en el bulevar Francisco I. Madero. Sin embargo, en el hospital le reconocieron y pusieron bajo vigilancia hasta que cuatro días más tarde pudo ser formalmente detenido. La Fiscalía de Sinaloa ha explicado a EL PAÍS que fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva en una audiencia a puerta cerrada. Ahora tendrá que seguir desde la cárcel el juicio. Mientras, los amigos y familiares de Astrid y Dante siguen buscando justicia. “No lo termino de asimilar. Todavía no me lo puedo creer. Mi amiga no está, su niño no está”.