Militarizado y con un historial de tragedias: el futuro del Instituto de Migración después de la gestión de Francisco Garduño

El Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha sido definido como el verdadero muro que impide a los migrantes llegar a Estados Unidos. Ha sido acusado de corrupto, violento, represivo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sumado la militarización y un historial de tragedias. Desde 2019, la dependencia gestionada por Francisco Garduño ha acumulado 5.600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ha sumado 14 incendios. Entre ellos, el que ocurrió en marzo de 2023 en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 hombres encerrados dentro de una celda de la estación migratoria, la tragedia más letal ocurrida en una institución de Gobierno y que llevó al comisionado a ser procesado por indebido ejercicio de la función pública. Pese a la acusación, Garduño ha seguido en el cargo. Ahora, con la llegada de Claudia Sheinbaum al Ejecutivo, su puesto y el futuro de la institución está en el aire.

México es lugar de destino, tránsito y salida de migrantes. Solo en los primeros seis meses de 2024, más de 712.000 personas han sido registradas como irregulares en el país. La mayoría de las que llegan huyen de la violencia, del hambre, del conflicto. En 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió más de 140.000 solicitudes de asilo, el mayor número desde que hay registros. Hace solo unos días, en un acto del Gobierno con la ONU, el titular de la dependencia, Andrés Ramírez, reconocía que la situación los puso al borde del colapso; mientras, la secretaria de Exteriores, Alicia Bárcena, en la misma línea de confidencias, afirmaba que el Ejecutivo dejó “solita” a la Comar.

Tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comar dependen de la Secretaría de Gobernación, pero hace años que la estrategia migratoria en México está coordinada de forma tácita por la cancillería. El origen se sitúa en los acuerdos de 2019 a los que Marcelo Ebrard, entonces titular de Exteriores, llegó con Estados Unidos. Era la época de Donald Trump, quien llevó al máximo sus advertencias sobre la presión migratoria con el anuncio de aranceles a las exportaciones mexicanas. Tras las amenazas, llegaron los pactos.

“Fueron definitorios de lo que ocurrió después y hasta ahora”, apunta a EL PAÍS Tonatiuh Guillén, quien fue el primer comisionado del INM con López Obrador, “la política migratoria mexicana y las instituciones responsables de su implementación, como es el Instituto, han estado acotadas, alineadas, a las grandes estrategias de contención de migración establecidas por Estados Unidos”. Guillén dimitió en junio de 2019, una semana después de los acuerdos con Trump y de la política de mano dura que traía consigo. En su lugar, el presidente anunció la llegada de Francisco Garduño.

Garduño, que había participado en la fundación de Morena, llevaba apenas seis meses como encargado de la red de cárceles federales de México, como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Su ingreso en el Instituto de Migración tuvo consecuencias inmediatas. La dinámica de la dependencia dejó de ser “de gestión de flujos migratorios y empezó a ser de seguridad nacional”, explicó a este periódico María Inés Barrios, coordinadora de Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte.

La nueva estrategia terminó de materializarse con la suma de la Guardia Nacional a las operaciones del instituto: los uniformados pasaron a vigilar las fronteras y checar el estatus de los migrantes. “La institución se quedó estancada en ese mapa endurecido por la estructura militar, por lo que implica tener un aparato militar en el tratamiento de personas extranjeras”, incide Guillén, “Garduño tomó el cargo como una continuidad en su función del control de las cárceles, no hubo una ruptura con su trayectoria previa, pero él era un funcionario que cumplió con lo que le dijeron que cumpliera, que operó con relación al acuerdo con Estados Unidos”.

Como una cascada, la llegada del nuevo comisionado se tradujo también en la entrada de militares como delegados en los Estados. En 21 de las 32 entidades de México, el responsable del INM pertenece o ha pertenecido a las Fuerzas Armadas. Así sucedió en Chihuahua.

La noche del 27 de marzo

El punto de quiebre empezó antes, pero fue a principios de 2023 cuando la política migratoria mexicana mostró su dentellada más salvaje. Después de días de exhaustivas redadas en Ciudad Juárez —llevadas a cabo por agentes migratorios y municipales—, la noche del 27 de marzo había 67 hombres encerrados en una celda de la estación migratoria fronteriza, sin apenas agua potable, espacio, ni comida. Las condiciones desataron una protesta que acabó en la quema de unas colchonetas. El fuego creció rápido y letal. Los guardias de seguridad y el personal del INM nunca abrieron la puerta a los migrantes que estaban dentro. Tampoco llamaron a los bomberos. Ni acercaron extintores. Decenas de hombres se quemaron y ahogaron dentro de esa jaula. Murieron 40 de ellos y otros 27 sobrevivieron con graves secuelas.

Han pasado 18 meses y las preguntas se mantienen: ¿quién dio la orden de no abrir la celda? ¿Hasta quién llegó la decisión? ¿Quiénes supieron de las protestas de los migrantes? ¿Dónde estaban las llaves y los extintores? ¿Por qué en una estación migratoria no había salida de emergencia? La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en fast track para deslindar responsabilidades. Abrió varios procesos penales y emitió acusaciones contra 11 personas, dos migrantes a los que se les acusa de iniciar el incendio y nueve trabajadores, algunos del grupo de seguridad privada Camsa y otros del Instituto Nacional de Migración, entre ellos Francisco Garduño.

A diferencia del resto, acusados también de homicidio y lesiones, al titular del INM solo se le imputó el ejercicio indebido de la función pública. Este delito acarrea penas de uno a siete años de cárcel, según el Código Penal Federal. La FGR afirmó que Garduño incurrió “en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”. En la audiencia de imputación, la Fiscalía declaró que el centro donde ocurrió el incendio no reunía las condiciones para albergar a los migrantes y que Garduño tuvo acceso a esta información, pero fue omiso. También solicitó que fuera separado del cargo, pero el juez desechó la petición. El comisionado, que tiene que ir a firmar cada dos semanas al juzgado, se convirtió así en el primer alto cargo del Gobierno de López Obrador vinculado a un proceso penal, con el respaldo del presidente.

Desde su imputación, Garduño ha tratado de ser absuelto. En dos ocasiones ha solicitado la llamada suspensión provisional, un mecanismo alterno de solución, que permite cerrar el proceso sin llegar hasta un juicio y una sentencia, lo que en la práctica es una absolución. Para que se apruebe tienen que cumplirse una serie de condiciones, como que se haya garantizado la reparación de las víctimas, explica Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a nueve supervivientes del incendio y a nueve familias de fallecidos.

“La primera vez que la pidió nos negamos porque no se había garantizado nada a favor de las víctimas, él solo había presentado un plan para el inmueble. Dijo que él no tenía ninguna relación con las víctimas ni que cumplir con su reparación. El juez se lo negó, le dijo que sí tenía la obligación”, cuenta Valdez. El 12 de agosto, Garduño volvió a intentarlo y solicitar la suspensión provisional, pero el juez no entró a valorarlo porque todavía está pendiente por resolver el recurso contra la primera resolución. “El comisionado solo está pensando en su interés personal y en su carrera política, no en defender los derechos de las personas migrantes. Por eso, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos y ponerse a disposición de la justicia, lo que busca es cerrar el caso y evadir su responsabilidad”, afirma la abogada que considera que “Garduño es un reflejo de la política migratoria de doble cara del sexenio: el presidente siempre habla de los derechos migrantes, pero por otro lado toma acciones que van en contra de esos derechos”.

Actualmente el proceso general está detenido, hasta que se resuelvan los siete amparos que la Fundación para la Justicia ha interpuesto para garantizar que las víctimas cuentan con una representación jurídica efectiva y que la FGR ha podido investigar. “Con los mismos elementos recabados, la imputación para unos fue de homicidio y para otros como Garduño no. Se necesitaba una investigación exhaustiva, que la Fiscalía no llevó a cabo, para determinar la responsabilidad no solo del comisionado, sino de todas las personas involucradas por cadena de mando”, señala Yesenia Valdez. En ese entonces, la subsecretaría de Migraciones y Derechos Humanos, de la Segob, estaba liderada por Alejandro Encinas.

Además, la coordinadora de defensa apunta a un marco general, “el de Juárez no fue el único evento, ya habían ocurrido otros incendios y la CNDH ya le había advertido al propio Garduño con el tema de detención y retención de migrantes que no se cumplían los parámetros de seguridad. Se tiene que determinar por qué esos informes emitidos, en los que se ordenaron medidas concretas, no se tomaron en cuenta y se puso en riesgo a todos los migrantes que han estado en estas instalaciones”. Desde su entrada en el Instituto Nacional de Migración, se han registrado 14 incendios en las estaciones migratorias, desde Oaxaca, Baja California, Coahuila o Tabasco, la mayoría con lesionados y en una ocasión, también con un fallecido, según documenta el informe No nos dejen morir aquí.

El lavado de cara

La tragedia de Ciudad Juárez obligó al Instituto Nacional de Migración a buscar un lavado de cara. De las 54 estaciones migratorias, el Gobierno cerró temporalmente 33, que todavía siguen clausuradas, hasta que se valore si cumplen los requisitos para operar. “El instituto solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos certificar sus condiciones y determinar cuáles deben cerrar, rehabilitarse o continuar”, señalaba en un comunicado la dependencia, “para no repetir hechos como el de Ciudad Juárez”.

Entre los cambios, cosas básicas: se han instalado 1.000 detectores de humo, tomas de agua contra incendios, alertas sísmicas, y se han puesto por fin extintores. Además, se han eliminado candados y cerrojos en accesos internas y se han retirado barrotes de puertas y ventanas, que se han sustituido por acrílicos. Aunque antes lo pareciera, las estaciones migratorias no pueden ser cárceles, porque el INM no tiene facultad de hacer detenciones, solo retenciones de máximo 36 horas. Nada de eso se cumplió en Juárez.

“Fueron pensadas como cárceles y hay que deconstruir eso”, dice Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, que ha trabajado en la transformación de 14 estaciones, la más grande la de Siglo XXI, en Tapachula (Chiapas): “Tan solo allí quitamos 28 puertas. Hay un esfuerzo por tratar mejor en las personas. En todas pusieron traductores simultáneos y se han instalado nuevos equipamientos deportivos. Pero hay que seguir profundizando los cambios en colaboración con Acnur, la Cruz Roja y la Organización Internacional para Migración. También con la CDNH, para que pueda tener una visitaduría de forma permanente en las estaciones”.

A pesar de estas modificaciones, el INM sigue siendo la tercera dependencia federal con mayor número de quejas, según el informe de la CNDH, que ha recibido más de 1.000 solo en 2024. Además, el instituto bajo la gestión de Garduño acumula 94 recomendaciones y 108 medidas cautelares, de la Comisión de Derechos Humanos.

Para la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, estos cambios son solo “un tema de discurso”. “La política migratoria no ha cambiado: se sigue combatiendo la migración como si fuera un delito migrar”, apunta Yesenia Valdez, “el incendio debió haber generado un cambio de políticas, un cambio de funcionamiento dentro del INM, como el del señor Garduño como comisionado. Si un hecho tan atroz, si 40 vidas, si 27 supervivientes con lesiones muy graves, no hacen que cambien las políticas públicas a favor de los migrantes, la pregunta es qué lo va a cambiar: ¿Seguiremos siendo el muro? ¿La Guardia Nacional seguirá deteniendo? ¿Y el INM siendo una cárcel?”.

La decisión de Sheinbaum

La presidenta electa, Clauda Sheinbaum, ha estado anunciando los nuevos integrantes de su gabinete, que tomarán posesión el 1 de octubre. De momento, no ha anunciado quién va a estar al frente del Instituto Nacional de Migración. El excomisionado Tonatiuh Guillén cree que en el puesto puede cobrar una gran importancia si Sheinbaum tiene “un proyecto de cambio”: “Es un cargo muy valioso sí quiere hacer un ejercicio de innovación, porque tiene que tener quien lo conduzca. En cambio si va a ser una inercia de las mismas dinámicas, tanto en Gobernación como el INM, no tiene gran importancia quién esté al frente”.

En esa misma línea, Yesenia Valdez también apunta que el cambio de titular va a ser “un mensaje importante por parte de la presidenta electa”: “Quien entre como comisionado tendría que jugar un papel que influya en la toma de decisiones sobre la política migratoria, que vele por los derechos de los migrantes. Alguien le tiene que aconsejar a la nueva presidenta y a su gabinete por qué es importante poner sobre la mesa el carácter humano de la migración, y ese alguien pudiera ser el nuevo comisionado”.

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