Garduño y el Inami, cuatro años de migración militarizada

Cerrado el primer acto de la tragedia de Juárez, consolidado el conteo de muertos y heridos, se impone alargar la vista y entender qué salió mal y por qué. Al menos 39 migrantes murieron el lunes en un incendio en una instalación del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno federal. Otros 27 resultaron heridos, 16 de ellos graves. Las autoridades mantienen hasta ahora un discurso de enojo e incredulidad. Lejos de apuntar a la política migratoria, condicionada por las exigencias de Estados Unidos, señalan a los funcionarios encargados del centro. La duda es cómo influyeron las rutinas del instituto en la forma de actuar de los agentes.

Descontado el sufrimiento de los migrantes, el horror y las dificultades de sus viajes, México entiende sus caminos como un problema político. En 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una campaña contra el país vecino por permitir el paso a los cientos de miles de migrantes que cada mes trataban de llegar a la frontera. Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México, perspectiva que asustó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apenas llevaba unos meses en el poder.

La andanada de Trump tuvo un efecto inmediato. El presidente mexicano asumió que las consecuencias económicas de la imposición de aranceles serían durísimas y tomó medidas. En junio, el entonces titular del Inami, Tonatiuh Guillén, que había llegado a la dependencia para romper las redes de corrupción que funcionaban al interior, dejó el cargo. El mandatario sustituyó a Guillén por Francisco Garduño, que llevaba unos meses al frente del órgano que gestiona las prisiones federales. El nombramiento levantó más de una ceja en México, por las sospechas de que el nuevo responsable implementaría una política de mano dura.

El académico Héctor Padilla, delegado del Inami en Chihuahua durante el corto mandato de Guillén, recuerda que su jefe había hecho un diagnóstico de la situación a su llegada, que explicaba siempre con una analogía. “Él decía que estar al frente del Inami era como conducir un avión que necesitaba reparaciones, ajustes, cambiarlo, actualizarlo, pero que al mismo tiempo el avión iba en vuelo, pasando por una zona de turbulencias, en referencia al asunto de las caravanas”, explica.

Desde 2018, centenares de migrantes centroamericanos, la mayoría de Honduras, empezaron a viajar en grandes grupos al norte, una forma de evitar la violencia y el maltrato de las mafias, institucionales y privadas, en suelo mexicano. Las caravanas dieron combustible a Trump para amenazar a México y el Gobierno cambió de tripulante el avión del Inami cuando apenas dejaba la pista de despegue. “Entiendo que no había alternativa ante las amenazas de Trump. Pero también era urgente introducir cambios al Inami, a ese avión que volaba en turbulencias”, añade Padilla.

María Inés Barrios, coordinadora Académica de la Especialidad en Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte, dice que a partir de la llegada de Garduño, la dinámica del Inami dejó de ser “de gestión de flujos migratorios y empezó a ser de seguridad nacional”. La experta indica que la nueva perspectiva cristalizó en la suma de la Guardia Nacional a los operativos del instituto. “Fue tan así que la Guardia empezó a tener facultades propias del Inami, como vigilar fronteras o checar el estatus de los migrantes”, señala.

Barrios dice que con el cambio de dirección al frente del instituto, llegaron nuevos nombramientos de delegados en los Estados. “En Chihuahua, por ejemplo, estaba Padilla, un académico, pero llega Garduño y se da entrada al general Pedro Alberto Alcalá. Más tarde, a Alcalá lo sustituye un contralmirante, el actual encargado del Inami en el Estado, Salvador González Guerrero”, indica. La académica añade que el caso de Chihuahua no es único y que en otros tantos estados, militares reemplazaron a los delegados que había impulsado Guillén.

El candado

El nombre de González Guerrero, un jefe de la Armada en retiro, permea la conversación de la tragedia de Juárez desde este jueves. La agencia AP ha informado de que un abogado que representa a “personas involucradas en el caso” ha denunciado que el jefe militar ordenó que no se abriera el candado de la celda de los migrantes pese a las llamas y el humo. De momento, el Gobierno no ha informado al respecto.

Para el exdelegado Padilla, la tragedia en Juárez empezó a gestarse en realidad hace años. “Cuando nosotros llegamos, estaba el planteamiento de que había que cambiar las estaciones migratorias en su concepto, sobre todo por la cantidad de menores que llegaban. Había que ampliar la red de estancias para niños y familias. Era una institución rezagada en prácticas e infraestructura. En 2019 pudimos ver la saturación de estaciones, situaciones de motines para eludir la deportación… Y lo último fue el asunto de Tenosique”, dice.

El caso Tenosique es muy parecido al de ahora en Juárez, menos por las consecuencias. Migrantes que permanecían encerrados en la estación migratoria del municipio, en el sur de México, en abril de 2020, prendieron fuego a unas colchonetas como forma de protesta. Encerrados, un ciudadano guatemalteco murió y otros 12 migrantes resultaron heridos. “Garduño era y es el máximo responsable de todo esto. Con situaciones como la de Tenosique, imagino que deberían haberse implementado medidas de no repetición”, dice.

Además de las preguntas sobre el actuar de los agentes de Juárez y sus superiores, empiezan a aflorar otras, referentes a la redada que acabó con los migrantes en la estación migratoria. ¿Por qué hizo el Inami un operativo para sacar a migrantes de las calles? ¿Cómo decidió a quién detenía y a quién no? Barrios dice que todo empieza a ser raro desde ahí. “El 21 de marzo, el Inami informó de que iba a autorizar el paso a migrantes que presentaran cita en Estados Unidos”, dice. Desde hace unos meses, la Oficina de Control de Aduanas de EEUU ofrece atender peticiones de asilo de migrantes, que hayan pedido asilo vía aplicación, desde fuera del país.

Esto es relevante porque hay familiares de migrantes afectados por el incendio que, en entrevistas, explican que ellos ya tenían cita con la agencia de aduanas al otro lado de la frontera. Así lo explicaba, por ejemplo, Viangly Infante, la mujer que lloraba a su marido en la puerta de una ambulancia, antes de que lo trasladaran al hospital. Ella decía que, aunque los habían deportado en diciembre pasado de EE UU, habían conseguido una cita para pedir asilo de manera formal. Pese a ello, los trabajadores del Inami, apoyados de autoridades locales, lo detuvieron y encerraron en la estación migratoria.

“Mucha gente que está ahí en frontera, igual no tiene un estatus regular en el país, pero tienen cita en EE UU. Entonces, dices, ¿qué elementos usaron para verificar el estatus, si días antes el propio Inami dijo que iba a autorizar a migrantes en este estado?”, se pregunta la experta.

La manera de funcionar de Instituto durante la redada refleja lo ocurrido estos años, desde la llegada de Garduño. Apoyado en la Guardia Nacional, las cacerías en las fronteras y las carreteras de México han sido constantes. El Inami habla de rescates, refugio y demás parafernalia léxica que, muchas veces, no tiene que ver con la realidad. La gran cantidad de denuncias contra funcionarios de la dependencia por abusos, robos y extorsiones acaban de dibujar el panorama de la migración en México estos años.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país