La Fiscalía mexicana anuncia que procede “penalmente” contra el jefe de Migración por la tragedia de Ciudad Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado este martes que procederá “penalmente” contra Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), por la tragedia que dejó 40 migrantes muertos en la fronteriza Ciudad Juárez. En un comunicado, la dependencia ha dicho: “Francisco “N” y Antonio “N” incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”. Hasta el momento, Garduño se mantiene en su cargo. Este mismo martes ha publicado varios tuits reivindicando su papel en la tragedia.

El movimiento de la Fiscalía sorprende, sobre todo por la ambigüedad del comunicado. La dependencia no aclara por qué delitos procederá contra Garduño, o si ha obtenido del juez una orden de detención o presentación. Ni siquiera dice si la ha solicitado. Preguntado al respecto, un vocero ha dicho que esa es toda la información de que dispone hasta el momento.

Garduño anda en la cuerda floja. La tragedia de Juárez, el incendio que acabó con la vida de 40 migrantes y dejó otros tantos heridos, sin que nadie los sacará de la celda en la que estaban encerrados, condensó las críticas que el Inami y su director han recibido estos años. Desde mediados de 2019, cuando asumió el cargo, el Inami abandonó toda intención reformista, parte de las promesas de campaña del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y dedicó sus esfuerzos a contener, perseguir y detener migrantes. El instituto respondía así a las amenazas que venían del otro lado de la frontera, con Donald Trump en el sillón presidencial. Crítico con la laxitud de las autoridades mexicanas con los migrantes, Trump amenazaba con imponer aranceles a las exportaciones del país vecino. Garduño fue el encargado de tranquilizarlo.

Aunque el responsable del Inami se mantiene en el puesto, su caída parece segura, más ahora con el anuncio de la Fiscalía. En las últimas semanas, el sacerdote Alejandro Solalinde, que durante años ha gestionado un albergue para migrantes en Oaxaca, se ha reunido al menos dos veces con López Obrador para hablar de lo ocurrido. En varias entrevistas, Solalinde ha dicho que el Inami va a desaparecer y que Garduño no continuará en su puesto. De momento, López Obrador no se ha pronunciado al respecto.

La FGR ha informado también de que procederá igualmente contra el delegado del Inami en Chihuahua, el marino retirado Salvador González. Hace semana y media, un abogado presentó una denuncia contra él por presuntamente ordenar a sus subordinados que no abrieran la celda donde estaban encerrados los migrantes, durante el incendio. “Se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”, dice el comunicado, en referencia a González y otros trabajadores del Instituto.

La Fiscalía se ha referido también a la empresa de seguridad privada que trabajaba igualmente en la estación migratoria. “Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio Inami, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”, señala la dependencia.

La FGR añade: “También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS —el seguro social más extendido en México— a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”.

Hasta el comunicado de esta tarde, la FGR solo había acusado formalmente a cinco personas por el caso, tres funcionarios del Inami, presentes durante el fuego, un agente de la empresa, Camsa seguridad, y el migrante que inició el incendio. Este nuevo movimiento supone un salto en la indagatoria, que deja de centrarse exclusivamente en funcionarios de bajo rango, apuntando a los escalafones altos del Instituto.

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