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El Gobierno revocará el contrato a la empresa que custodiaba la estación migratoria de Ciudad Juárez e investigará a los socios

La compañía Grupo de Seguridad Privada Camsa fue contratada por el Instituto Nacional de Migración para custodiar los centros de detención de migrantes de varios Estados

Zedryk Raziel
Incendio en Ciudad Juárez, México
Policías hacen guardia afuera del centro de detenciones del Inami, en Ciudad Juárez, el 28 de marzo.Christian Chavez (AP)

El video de una cámara de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, muestra a un guardia y dos funcionarios que actúan desorientados y después de unos instantes abandonan el lugar, que en pocos momentos se llena de un humo espeso que todo lo nubla. Al marcharse dejaron detrás, encerrados en celdas, a decenas migrantes a merced de un incendio que se propagó rápidamente. Hasta ahora hay 39 muertos y 27 heridos. El guardia exhibido en el video pertenece a la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, S. A. de C.V, que fue contratada por el Instituto Nacional de Migración (INM) para custodiar sus centros de detención en varios Estados. La compañía, creada en julio de 2015, tiene el nombre comercial de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional. Tres guardias privados han presentado declaración ministerial ante la Fiscalía General de la República (FGR), que indaga la muerte de los migrantes como homicidio. Este jueves, el Gobierno federal ha informado de que el contrato será rescindido y que la compañía será multada. También se le revocará el permiso para operar como empresa de seguridad privada y sus socios serán investigados por la Fiscalía.

Grupo de Seguridad Privada Camsa (o Grupo Tank) obtuvo un pago de 165 millones de pesos en 2022 por el servicio de seguridad y vigilancia en las oficinas de representación del INM en 23 Estados del país, entre ellos Chihuahua. En las bases de datos gubernamentales no hay aún información correspondiente al ejercicio 2023, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —dependencia a cargo de coordinar las labores interinstitucionales de investigación del incendio— ha confirmado que la relación contractual entre el INM y la empresa de seguridad privada sigue vigente este año.

Personal se aleja de la celda donde las llamas y el humo empezaban a esparcirse.Foto: Reuters | Vídeo: RR SS

El socio principal y representante legal de Grupo Camsa es David Vicente Salazar Gasca. Otro accionista es George Mcphail Trouyet. Las oficinas están localizadas en la céntrica colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, ha indicado este jueves que la información sobre los empresarios fue entregada a la Fiscalía, y ha añadido que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal Federal también colaborarán en las investigaciones para indagar un posible blanqueo de activos y evasión fiscal. La funcionaria ha indicado que el Servicio de Protección Federal, adscrito a la SSPC, se hará cargo a partir de ahora de la custodia de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Rodríguez ha precisado que se detectó una primera irregularidad en el contrato del INM con Camsa. Conforme el documento, ha dicho la funcionaria, la compañía se había comprometido a aportar 503 elementos de seguridad en 23 Estados. Sin embargo, dijo, la empresa tenía reportados solo cuatro agentes. La funcionaria ha indicado que Camsa se registró ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC desde septiembre de 2020 y obtuvo una autorización con vigencia hasta febrero de 2024, misma que le será revocada, con lo que ya no podrá operar en el país. “Paralelamente al proceso penal que lleva la propia FGR sobre la probable responsabilidad de la empresa, dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica”, ha referido.

Además del INM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la segunda universidad pública más importante de México, contrató a la empresa en 2019 para custodiar un centro de investigación científica en el Estado de Querétaro. El contrato fue por 293.000 pesos. El municipio de Querétaro, capital del Estado del mismo nombre, le asignó 15 contratos por al menos 7.535 millones de pesos en 2017. Los dos socios de Grupo Camsa, Salazar Gasca y Mcphail Trouyet, constituyeron en 2021 otra empresa, Grupo de Seguridad Privada CAMCP JAL, S. A. de C. V., que tiene el mismo giro comercial.

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Sobre la firma

Zedryk Raziel
Reportero de EL PAÍS México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido colaborador en el diario Reforma y el portal Animal Político. Es coautor de ‘El caso Viuda Negra’ (Grijalbo, 2022).

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